Solicitada del Triple Play contra DNU de Fernández: inicio de un nuevo conflicto

El gobierno anunció que congelará hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales. Y con ello abrió un nuevo conflicto, de proporciones, habida cuenta de que las prestadoras de servicios ya están anunciando hasta la suspensión de inversiones, a la vez de que se afecta a fondos que ayudaron a la Argentina a superar la negociación con los bonistas.

Hoy apareció una solicitada de los prestadores de Triple Play, la convergencia de la telefonía, la transmisión de datos (internet) y la tv por cable, lo que marca el inicio de un nuevo conflicto: el Gobierno se coloca como víctima de las empresas, a las que acusa tácitamente de ser los victimarios de la sociedad, y los enfrenta, abriendo una enorme grieta más. 

"Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro", afirmó el sector en la solicitada.

"La norma no deja de sorprender dado que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan. La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos", señalaron.

"Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la Industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015) Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre", destacaron.

"En forma equivocada se califica a esta industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia. Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado, de desarrollo. El Servicio Público, en cambio, es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a Internet, TV paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia", plantearon.

El sector "ha venido sosteniendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tributarias y laborales, sin recibir ningún tipo de subsidio ni facilidades por parte del Estado. Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de Emergencia Sanitaria", aclaran.

Hay un acuerdo suscripto con el gobierno, vigente hasta el 31 de agosto. "Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todos los involucrados", protestan.

"Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente", proponen.

DirecTV, Telecentro, Telefónica, Telecom, Claro y Express se encuentran entre los firmantes, una veintena de adhesiones entre los que también están otros proveedores de Internet. 

El periodista Carlos Pagni dedicó todo su programa por el canal LN+, "Odisea Argentina", a exponer el enfoque de Grupo Clarín sobre el conflicto que comienza

Pagni aportó información crucial, aunque desde "el otro lado" sostienen que también calló

Según Urgente24, el enojo gubernamental con el Grupo Clarín se originó en la compra de divisas extranjeras, según informó horas antes del decreto el periodista Ari Lijalad.

Pagni informó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

- Anticipó que hoy el presidente Alberto Fernández desayunaría con una solicitada contra su decreto, firmada desde la AmCham o Cámara de Comercio Argentina-Estadounidense, a la china Huawei, casi impensable en la conflictiva guerra comercial entre USA y China.

- Clarín apuesta por la intervención del mexicano Carlos Slim, el dueño de America Móviles, dueña de Claro, que tiene muy buena relación con el kirchnerismo, y que interviene junto a Hugo Sigman en conceder la fabricación de la vacuna de AstraZéneca en la Argentina y México.

- Clarín también apuesta por la intervención de otro mexicano, David Martínez, líder del fondo Fintech y socio de Héctor Magnetto en Telecom Cablevisión, y quien realizó contribuciones muy productivas al acuerdo por la deuda pública externa de la Argentina.

- Clarín cree que esto puede resultar un equivalente a Vicentin: inicio inconsulto y desaforado del Ejecutivo Nacional, luego retroceso y negociación. Por lo tanto es importante exhibir el abanico de intereses inquietos, y es el propósito de la solicitada.

- De lo contrario, habrá juicio por daños y perjuicios ya que habría una modificación sustancial de las expectativas del negocio al pasarse de una tarifa libre a una regulada, y todo esto en el marco de un cambio tecnológico grande porque son días del 5G.

- El Estado no necesita de Telefónica, Claro, Telecom ni Telecentro para participar de las telecomunicaciones porque es el propietario de la red Arsat, y percibe un impuesto equivalente al 1% de los combustibles para financiar el servicio entre el universo no pudiente.

Hay que considerar que los activos de Telefónica en la Argentina se encuentran en venta, por una decisión estratégica de retirarse de casi toda Latinoamérica. Por lo tanto, Telefónica lo que querría es que esta situación no le impida la realización de su inversión argentina.

La versión del portal porteño indicó que "Pagni remarcó que la autoridad regulatoria estatal Enacom, quedó en ridículo. Sus responsables, Claudio Ambrosini (exvocero de Sergio Massa) y Gustavo López (un UCR K, aliado del titular del BCRA, Miguel Pesce), habían mantenido una videoconferencia con los ejecutivos de las telcos para coincidir en un ajuste tarifario, 48 horas antes que todos leyeran la noticia que Alberto, vía decreto, modificaba todo. Ambrosini y López se sintieron tan forros como el gobernador Omar Perotti cuando se enteró de lo de Vicentin". 

Queda por verse el motivo por el cual el gobierno de Fernández está dispuesto a consumir tantas energías en este conflicto que, claramente, no es estratégico. Pero algo similar había sucedido con Vicentin, donde la carga de caballería de Fernández fue tan ridícula y mal estructurada que sorprendió al mismo autor de la ofensiva, Ricardo Echegaray. Todavía falta resolver el enigma de quién fue el gurú de la presión contra el Triple Play.