De qué se trata el proyecto del Ejecutivo para la producción de cannabis

El Gobierno de Mendoza intentará nuevamente darle un marco legal a la producción del cannabis y de este modo, entrar en un mercado nada despreciable, que por supuesto, traerá cambios en la agricultura de la región.

A fines de la semana pasada, el Ejecutivo envió al Senado un nuevo proyecto de ley, donde finalmente quedó excluida la comercialización de las flores como sucede en Uruguay.

Si bien la provincia ya tenía una ley de uso medicinal de cannabis, aprobada en 2020 tras un largo y lento debate legislativo, a pesar de que sólo se trató de adherir a la norma nacional 27350, su aplicación generaba muchas dudas en el sector privado. En particular, porque la norma exigía varios aspectos de seguridad y tipo de cultivos que hacían difícil de cumplirla para las incipientes pymes locales.

Con este contexto, el Ejecutivo propuso nuevamente "la creación de un marco jurídico e institucional específico" para la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, con la premisa de "impulsar el desarrollo de capacidades productivas, promover el impulso de las economías regionales".

La intención es acentuar su objetivo industrializador, ya que entienden que la Mendoza ahora cuenta con "claras ventajas comparativas" y "las propicias condiciones climáticas y de suelo" para que la industria se desarrolle en Mendoza.

Los principales puntos

La legislación busca también crear un Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo, que funcionará como autoridad reguladora en la producción, distribución y venta de cannabis con fines medicinales e industriales. Esta entidad tendrá la responsabilidad de otorgar las autorizaciones y licencias para el uso de la planta, sus semillas y los productos derivados del cannabis.

Asimismo, la ley promueve el establecimiento de programas provinciales y municipales dedicados a la investigación, producción e industrialización del cannabis.

Uso medicinal

El proyecto incluye 17 artículos y designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, en coordinación con el Ministerio de Producción y el Iscamen, entre otros entes.

Un aspecto clave de la ley es la autorización para "sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir inflorescencias de cannabis y sus derivados" con fines medicinales, tanto a individuos como a asociaciones civiles, fundaciones y ONGs. Sin embargo, deberán registrarse obligatoriamente ya que será un cultivo regulado.

El Gobierno garantiza en el documento la confidencialidad de los datos personales.

Además, se permite el cultivo por parte de terceros. En cada situación, se emitirá un certificado oficial que autorice el acceso al cannabis medicinal.

La producción y el control de calidad deberán ser realizados por laboratorios públicos o privados, universidades públicas, establecimientos productivos y farmacias que cumplan con los requisitos y estén registrados en el ente regulador.

Sanciones

La ley propuesta por el Gobierno de Mendoza contempla también sanciones.

Estas incluyen advertencias y multas que se determinarán según la gravedad de la infracción y las circunstancias del caso. La multa mínima será de cien Unidades Fijas y la máxima de un millón de Unidades Fijas.

Los comercios enfrentan el riesgo de clausura total, parcial, temporal o definitiva de la plantación y el establecimiento, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la falta.

Asimismo, se prevé el decomiso de los productos que incumplan y de los elementos utilizados en su elaboración.

Tasas

Adicionalmente, los productores de cannabis deberán pagar tasas. El registro para el cultivo con fines medicinales para individuos costará 50 unidades fiscales. 

El registro para el cultivo realizado por asociaciones civiles, fundaciones, ONGs u otros organismos tendrá un costo de 300 unidades fiscales.

La inscripción para el cultivo que realizarán las asociaciones civiles, fundaciones, ONG u otros establecimientos tendrá un valor de 300 unidades fiscales.

La inscripción para la producción de cannabis con fines medicinales, terapéuticos, paliativos o industriales tendrá un costo de 450 unidades fiscales. La inspección de cultivos de hasta 40 horas se valorará en 40 unidades fiscales. Además, se cobrarán 30 unidades fiscales por gastos de traslado para distancias mayores a 50 kilómetros. Este proyecto oficial, en caso de ser aprobado por la Legislatura, entrará en reglamentación a los 90 días de su aprobación.