Guillermo Moreno, condenado: el alegato y la acusación

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal condenó hoy al exsecretario de Comercio de la Nación Guillermo Moreno a tres años de prisión condicional y a seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como autor del delito de "abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización registros públicos", al concluir el juicio por la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ocurrida entre marzo de 2006 y agosto de 2007.

En un fallo unánime, los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini

también condenaron a la misma pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial, y por los mismos delitos, a la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del organismo, Beatriz Paglieri.

A su vez, el TOF 2 dispuso que ambos condenados se hagan cargo de las "costas del proceso" e informó que los fundamentos de esta sentencia se darán a conocer el próximo 4 de septiembre a las 14.

En otro punto dispositivo del fallo, el tribunal le impuso a Moreno y Paglieri el cumplimiento "por el término de tres años" de las reglas de conducta de "fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato", establecidas en el inciso primero del artículo 27 bis del Código Penal de la Nación.

En cuanto a las otras dos imputadas que tuvo el juicio, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia, los magistrados resolvieron absolverlas, pese a que, en su alegato, los representantes del MPF habían pedido su condena al atribuirles el rol de colaboradoras necesarias de Moreno y Paglieri en los delitos. Para ambas absueltas, el TOF 2 ordenó que cesen las medidas cautelares que en su momento se le habían impuesto.

Extracción de testimonios

Por otra parte, el tribunal ordenó "poner a disposición de la representación del Ministerio Público Fiscal las constancias de esta causa" atendiendo a la extracción de testimonios solicitada durante su alegato de clausura por los fiscales de juicio Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz a fin de que se investigue por la posible comisión de delitos de acción pública a la por entonces Ministra de Economía y Producción de la Nación, Felisa Miceli.

Según lo argumentado en el mencionado alegato fiscal, los delitos cometidos por Moreno y el resto de las imputadas fueron posibles porque la exministra "liberó" al INDEC (organismo bajo su órbita de actuación) a fin de que pudiesen "operar e intervenir ilegalmente sobre él".

La acusación

El alegato del fiscal general N° 1 ante los Tribunales Orales Federales, Luciani, y fiscal coadyuvante Ipohorski Lenkiewicz, se realizó en junio pasado durante dos jornadas del juicio.

Los fiscales habían pedido para Moreno y Paglieri una pena de 4 años de prisión y 10 de inhabilitación para cargos públicos -algo más alta que dispuesta por el tribunal-, porque aparte de los delitos de "abuso de autoridad y destrucción e inutilización de registros públicos", también le habían atribuido los de "violación de secretos" y "falsedad ideológica de instrumentos públicos".

El titular de la Fiscalía General N° 1 ante los TOCF consideró probado que Moreno, primero en su calidad de Secretario de Coordinación Técnica y luego como Secretario de Comercio Interior, abusó de las funciones públicas que le fueran asignadas, al menos desde la semana santa de 2006 y hasta enero de 2007, al instar a los entonces funcionarios del INDEC -el director, Lelio Alberto Mármora; la titular de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, Clyde Elisa Charre de Trabuchi, y la titular de la Dirección de Índices de Precios al Consumo, Graciela Bevacqua- a que le suministrasen datos protegidos por el secreto estadístico y para que implementen ciertos cambios en el modo y en la metodología en que se venía elaborando el índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para Luciani, durante el período abarcado en este juicio, el INDEC "fue manipulado, se alteraron las bases informáticas de datos, se cambió una metodología práctica que costó muchos años implementar, y para concretar ese fin no tuvieron reparo alguno en deshacerse de cualquier obstáculo que se interpusiera con este fin criminal. Así no dudaron de deshacerse de funcionarios públicos honestos y con larga trayectoria".

Los representantes del MPF alegaron que Moreno "ejerció presión de todo tipo sobre los cuadros técnicos, presentando escritos y pidiendo información secreta, con el claro objetivo de perforar el secreto estadístico". En esa línea, remarcaron que el exsecretario de Comercio luego ejerció otras actitudes intimidatorias hacia los comercios analizados para el muestreo del IPC, "con visitas in situ, clausuras y represalias si no se aggiornaban a los precios de los acuerdos que él mismo promovía". Para los fiscales, estas acciones produjeron "una merma de la información libre" y "quebrantaron la credibilidad del INDEC".

La acusación completa formulada durante las dos jornadas de alegatos de este debate fue publicada el mes pasado en un archivo PDF puesto a disposición por la Fiscalía General N° 1 ante los TOCF.

El alegato

El fiscal general Diego Luciani y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires cuatro años de prisión e inhabilitación por diez años para el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Beatriz Paglieri, por la manipulación de datos del organismo, ocurrida entre marzo de 2006 y agosto de 2007. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron una condena de dos años en suspenso para las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, por su participación en los mismos hechos.

Luciani e Ipohorski solicitaron al tribunal -integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini- que Moreno y Paglieri sean condenados como penalmente responsables de los delitos de "abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción e inutilización de registros públicos y falsedad ideológica de instrumentos públicos". Además, pidieron las condenas de Filia y Cámpora Avellaneda por considerarlas colaboradoras necesarias de Moreno y Paglieri en dichos delitos.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron la extracción de testimonios para que se investigue por la posible comisión de delitos de acción pública a la por entonces Ministra de Economía y Producción de la Nación, Felisa Miceli. De acuerdo a lo expuesto en el alegato, los delitos cometidos por Moreno y las demás imputadas fueron posibles porque la exministra "liberó" al INDEC (organismo bajo su órbita de actuación) a fin de que pudiesen "operar e intervenir ilegalmente sobre él".

La exposición del MPF se extendió a lo largo de dos jornadas. En la primera de ellas, Luciani destacó que, al momento de ejercer su derecho a defensa, Moreno aseguró que la estadística pública no tenía ningún tipo de importancia para él y que ningún presidente las consultaba ya que tenía nula relevancia para los procesos de gestión pública. "Luego de haberse llevado este debate, podemos afirmar con absoluta certeza el grave daño y el perjuicio que estas prácticas anómalas crearon al país. No solo durante 16 meses porque, como dijeron algunos testigos en el juicio, esta fue la mancha de aceite que contaminó todo por casi diez años", resaltó el fiscal.

Para Luciani, durante el período abarcado en este juicio, el INDEC "fue manipulado, se alteraron las bases informáticas de datos, se cambió una metodología práctica que costó muchos años implementar, y para concretar ese fin no tuvieron reparo alguno en deshacerse de cualquier obstáculo que se interpusiera con este fin criminal. Así no dudaron de deshacerse de funcionarios públicos honestos y con larga trayectoria", aseveró.

El titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOCF consideró probado que Moreno, primero en su calidad de Secretario de Coordinación Técnica y luego como Secretario de Comercio Interior, abusó de las funciones públicas que le fueran asignadas, al menos desde la semana santa de 2006 y hasta enero de 2007, al instar a los entonces funcionarios del INDEC -el director, Lelio Alberto Mármora; la titular de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, Clyde Elisa Charre de Trabuchi, y la titular de la Dirección de Índices de Precios al Consumo, Graciela Bevacqua- a que le suministrasen datos protegidos por el secreto estadístico y para que implementen ciertos cambios en el modo y en la metodología en que se venía elaborando el índice de Precios al Consumidor (IPC).

Luciani también consideró probado que Moreno, ya en su cargo de Secretario de Comercio Interior, y Paglieri, quien asumió en enero de 2007 como directora del IPC, con la colaboración necesaria de Cámpora Avellaneda y Filia (quienes ingresaron al organismo junto con Paglieri), tomaron parte desde enero de 2007 en la revelación de datos secretos protegidos. De igual manera, también destacó que Moreno, Paglieri y la fallecida Ana María Edwin (que sucedió a Charre de Trabucchi y más tarde asumió como directora del INDEC) actuaron en abuso de sus funciones y con la colaboración de Cámpora Avellaneda y Filia en la adulteración de los índices de Precios al Consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires, elaborados en la Dirección de índices de Precios de Consumo de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del IPC de la Provincia de Mendoza. Sobre esto último, Luciani consideró también acreditado que los resultados de esos índices apócrifos fueron insertados en instrumentos públicos, más concretamente en comunicados de prensa oficiales.

Por último, en el marco de esta maniobra y a través de acciones que desplegaron con el objeto de manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del índice IPC, Luciani marcó que los acusados intervinieron en la supresión, modificación y/o reemplazo espurio y arbitrario de la base de datos original del INDEC, que constituía la base primaria fundamental del proceso estadístico, con la consecuente destrucción y/o inutilización de los documentos y registros oficiales de un servicio público, por caso aquellos del sistema estadístico nacional.

Análisis y recorrido cronológico de los hechos

Luego de explicar el funcionamiento del INDEC y la importancia de sus índices y estadísticas para la elaboración de políticas públicas y también por su uso en ámbitos académicos y privados, la fiscalía realizó un recorrido histórico por los hechos que integran el juicio. Así, Luciani detalló que a partir de abril de 2006 el organismo "comenzó a ser objeto de una serie de ataques inusuales e inéditos, propiciados desde la entrañas de la propia administración pública".

"No solo la abundante prueba ha evidenciado la vehemencia de estos ataques, sino también la intervención que sufrió el organismo en 2007 que incluyó el desplazamiento de funcionarios honestos, sino que también existe información de dominio público que de manera coincidente da fiel testimonio de los daños producidos de la pérdida de credibilidad que sufrió el INDEC por la intervención de los imputados", agregó.

En ese marco, los representantes del Ministerio Público Fiscal iniciaron un relato cronológico acerca de cómo Moreno, a partir de abril de 2006, empezó a ejercer presiones indebidas en abuso de sus funciones sobre los funcionarios técnicos del INDEC, para que aquellos le facilitasen datos secretos del instituto que le estaban expresamente vedados por ley. Luego, pasaron a explicar cómo a partir de enero de 2007, Moreno directamente propició la inserción de Paglieri, una persona de su confianza, dentro del instituto estadístico, secundada por Filia y Cámpora. Para la fiscalía, desde esas posiciones administrativas estratégicas, las imputadas "empezaron a hacer realidad los objetivos delictivos del exsecretario de Comercio Interior, no solo adulterando los índices de precios, sino también iniciando una serie de inéditas persecuciones contra el personal técnico de carrera que aún se resistía valientemente a ser partícipe de los actos ilegales".

Los representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron que Moreno "ejerció presión de todo tipo sobre los cuadros técnicos, presentando escritos y pidiendo información secreta, con el claro objetivo de perforar el secreto estadístico". En esa línea, remarcaron que el exsecretario de Comercio luego ejerció otras actitudes intimidatorias hacia los comercios analizados para el muestreo del IPC, "con visitas in situ, clausuras y represalias si no se aggiornaban a los precios de los acuerdos que él mismo promovía". Para los fiscales, estas acciones produjeron "una merma de la información libre" y "quebrantaron la credibilidad del INDEC".

La acusación

La Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales de la ciudad de Buenos Aires pone a disposición la acusación formulada durante dos jornadas por el fiscal general Diego Luciani y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz en el proceso seguido a exfuncionarios/as del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) acusados/as de haber manipulado los datos públicos que el organismo dio a conocer entre marzo de 2006 y agosto de 2007.

Con un índice con los principales títulos, temas y subtemas desplegado con hipervínculos en un archivo PDF, se puede acceder al momento preciso del video que contiene la exposición oral realizada el 26 y el 27 de junio pasados por los representantes del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1.

Como corolario de su exposición, los fiscales requirieron cuatro años de prisión e inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública para el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Beatriz Paglieri, y la pena de dos años de prisión en suspenso para las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.

La presentación del alegato en formato simple, claro y accesible se enmarca en el Plan de Transparencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo con la Resolución PGN 914/2013, y en la estrategia comunicacional de la institución, plasmada -entre otras- en las resoluciones PGN 39/86, 26/91, 3/01 y 605/12.

La fiscalía indicó que la finalidad de dar difusión y acceso a esta información es que la ciudadanía pueda ejercer el control democrático en la gestión de los asuntos públicos. También busca resguardar el principio de transparencia activa que guió su trabajo, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública, y ofrecer a la comunidad la máxima publicidad de los actos de gobierno inherentes al sistema republicano, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Nacional, que es esencial para efectivizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información del Estado y para posibilitar la transparencia en la gestión de gobierno.

Toda la información se publica a través de la página web oficial del Ministerio Público Fiscal, del sitio oficial de noticias Fiscales.gob.ar y se difunde a través de las redes sociales de la institución.

La etapa final del juicio

El debate se encuentra actualmente en su fase final. Este miércoles, la Defensoría Oficial formuló los alegatos de las defensas de las acusadas Paglieri, Filia y Cámpora Avellaneda. En tanto, el abogado Alejandro Rua expuso ayer el alegato en defensa de Moreno.