Está más cerca la reprivatización de Impsa

Este miércoles, el gobierno nacional firmaría con una empresa norteamericana un carta intención para avanzar en la re-privatización de la metalúrgica IMPSA, que fue estatizada en 2021 bajo la administración de Alberto Fernández.  

Tras esto, esperan concretar un acto en Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo y el Secretario de Comercio, Industria y Agro de la Nación Juan Pazo .

Según información confiable, el proceso de adquisición está en vías de culminación ya que se pudo proyectar el índice Ebitda sobre los contratos potenciales y su capital de trabajo, que establece la rentabilidad real de la empresa descontando las deudas.

En tanto se mantiene el hermetismo sobre el comprador, IMPSA resulta atractiva para los inversores- que ya la visitaron dos veces -porque además de ser proveedor de turbinas y otros equipos para las centrales (está en carrera para repotenciar el complejo Los Nihuiles y Diamante, en San Rafael, o El Chocón, en el sur), es posible que también se integre a futuro a la cadena de la energía como operador por sí mismo, frente a la posibilidad de encarar un nuevo período de concesión de las centrales hidroeléctricas por otros 30 años a partir del 2025.

Pero la cartera de proyectos también incluye la provisión de componentes para centrales nucleares. Y la fabricación de grúas para puertos, otra especialidad de la compañía mendocina que también es un valor agregado atractivo a la hora de formalizar una oferta para la venta.

Mientras, resta dilucidar la postura de los acreedores/accionistas, en su mayoría bancos que actualmente ocupan un sillón en la conducción y pueden vender su parte (o no). 

El Estado nacional posee el 63,7% de las acciones, mientras que la provincia de Mendoza tiene el 21,2% y la familia Pescarmona mantiene un 5% minoritario. A pesar del potencial de la empresa, que exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países, las deudas acumuladas y la falta de capital impiden su desarrollo y la ejecución de nuevos proyectos.

Por otra parte,  la re-privatización prevé garantizar los puestos de trabajo y establece dos etapas para la futura venta de la firma. Inicialmente, la empresa oferente se compromete a pagar los sueldos durante los próximos dos meses y, en septiembre, se encontraría en una posición "ventajosa" para finalizar el proceso de adquisición si no surgen otros interesados.

Funcionarios de la Secretaría  han estado trabajando en un proceso de "saneamiento" y ordenamiento de la empresa para facilitar su privatización. Este esfuerzo forma parte de la política de reducción de gastos impulsada por Javier Milei.

La situación financiera de IMPSA se agravó debido a deudas contraídas en 2010 y proyectos no cobrados en Venezuela. A pesar de la reestructuración de su pasivo en 2020, la intervención del Estado en 2021 no logró revertir el déficit de la firma.

Que el Gobierno Nacional y Provincial se hicieran cargo de la empresa en el 2021 generó todo una polémica debido a que muchos se oponían a que el Estado mendocino interviniera en la operación alegando que no era su función estar en ese tipo de negocios. Los aires liberales comenzaban a tomar fuerza por esa época.

Impsa tenía una deuda que rondaba los 600 millones de dólares y ahora está por encima de los 100 según el balance. Además en concepto de todo tipo de impuestos, el año pasado pagó 23 millones de dólares.

Pero además se evitó "una catástrofe social". Es que iban a quedar unas 700 personas sin empleo y cerca de 100 pymes que le venden servicios también dejarían de facturarle, con lo cual corrían riesgo unos 1.400 puestos de trabajo indirectos más.

Clarín; Equipo Memo