El fin del conflicto entre Capital y los propietarios del edificio más peligroso de Mendoza

A seis años de iniciado el conflicto judicial entre la Municipalidad de la Capital y la empresa propietaria de un edificio considerado el más peligroso de la Ciudad, el mismo llegó a su fin con un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Durante la contienda, ambos se culpaban por el deterioro del inmueble que fue desalojado por el peligro de derrumbe que representaba. 

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Todo comenzó en a principio del 2017, cuando Defensa Civil y la municipalidad intimaron al consorcio del edificio de tres pisos de calle Salta y Entre Ríos a desalojarlo y clausurarlo, debido a que el suelo estaba cediendo y la estructura se hundía.

En ese momento, además, intimaron a la empresa Jaime Genovart SACIF para que realice los arreglos estructurales correspondientes.

El tiempo pasó y, en 2021, la empresa presentó un recurso en la Justicia para solicitar que la municipalidad se haga cargo, en su poder de policía, por los daños que sufrió el edificio ubicado en esa esquina céntrica.

Según argumentaron, los problemas se debían a la humedad de la zona, que habría sido la que produjo daños en el inmueble, que lo convirtieron en un posible peligro para las personas. Bajo la visión de la empresa, como la humedad sería algo exógeno a la construcción, debía ser la Municipalidad de Capital quien se hiciera cargo.

Mientras tanto, los vecinos presentaban quejas debido al peligro que representa el edificio en esas condiciones.

Tras ser intimado nuevamente por el municipio, en 2021 Genovart realizó una demanda civil por el hecho y en primera instancia la Justicia le dieron la razón y ordenó que el municipio, que actualmente conduce Ulpiano Suarez, se haga cargo de la demolición, limpieza y retiro de escombros para la seguridad pública o en caso de que lo creyeran conveniente, de la terminación y habilitación correspondiente y los trabajados de reparación , recuperación y estabilización de los mismos. Además, debía fijarse el valor del inmueble en caso de no haberse deteriorado, siendo el municipio quien debía responder por esa suma.

Para esto, alegaron que Capital, con su poder de policía, debió tomar las medidas necesarias para la seguridad de sus habitantes y teniendo en conocimiento de la humedad de ciertos inmuebles nada hizo al respecto. 

En 2022 el edificio fue demolido y Capital debió hacerse cargo de todos los gastos, pero el conflicto no terminó, ya que la municipalidad apeló la sentencia de la Cuarta Cámara y el caso quedó en manos de la Suprema Corte.

El máximo tribunal falló la semana pasada y a seis años del inicio del problema concluyó que se debía revertir el fallo de primera instancia, debido a que no se evaluaron las pruebas de los peritos, y tampoco se tuvo en cuenta el emplazamiento que hizo la demandada a la empresa para que le hiciera conocer el estado del lugar.

En cuanto al perito, este indicó que el problema del edificio no era la humedad sino el asentamiento de sus fundaciones, ya que al momento de la construcción no se exigía estudio de los suelos. Esto hizo que con el correr del tiempo fuera ganando humedad .

Por otro lado, remarca la Corte, el municipio se enteró del estado del inmueble por la una causa precautoria realizada por la parte en 2017 y se emplazó a la empresa a presentar un informe técnico sobre la situación del inmueble, las causas del deterioro y los trabajos necesarios para su reparación para que los analice la parte técnica. Pero la empresa optó por no presentarlo y dos días después, realizó la denuncia civil.

La Corte entendió que no hubo desentendimiento por parte del municipio y que fue la empresa la que no presentó la documentación necesaria, en el momento requerido. Por esto, rectificó el fallo de la Justicia Civil y será la empresa quien deberá devolverle al municipio los gastos por demolición, limpieza y retiro de escombros que se realizaron en 2022.