CFK: La condena judicial y el desafío contra absolución social

El fallo judicial dictado a Cristina Fernández de Kirchner, debe interpelar a la sociedad a la condena más urgente, que no es tanto la dirigida contra su persona misma, como sí la condena aplicada a la corrupción estatal. De lo contrario, los extremos sobresaldrán encarnizados en la simple grieta político partidaria que no servirá para construir las bases que impidan a futuro que funcionarios imiten su accionar.

El pasado martes 06 de diciembre el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, condenó a Cristina Fernández de Kirchner CFK, junto a otros, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.

Sin los fundamentos todavía, lo que surge de la lectura del pasado martes, es que habrían más de cincuenta y un procesos de licitación publica para obras viales sobre rutas provinciales y nacionales objeto de maniobras fraudulentas en perjuicio de la administración pública.

La relevancia clara de esta condena esta puesta en el hecho que la misma se dicta sobre una acusada que ostenta el poder oficial y se encuentra en ejercicio de ese poder. Incluso, se trata de una personalidad pública más legitimada que el mismo presidente, en el estratégico -y fructífero- juego asumido de estar fuera y dentro del ejecutivo nacional, lo primero para desentenderse del raquítico plan económico nacional, y lo último, para mantener sus funcionarios, así como, exigir el desentendimiento de otros del gobierno.

Sin dudas sobre lo anterior y el valor que esto representaría para la construcción democrática, el desafío estará puesto en que las demás instituciones y poderes no sean resguardo que deslegitime este gran paso judicial. Será clave que la absolución judicial, en referencia al delito de asociación ilícita, sea la única que reciba, incapaz de traspolarse a una absolución social y/o electoral generalizada, como le gusta referir a CFK.

Esto exige que como sociedad le dediquemos algo más a este tema que una batalla agrietada político partidaria y sectorial.

Mas que un paso cúlmine, de certificación de aquello que muchos pronosticaban y varios temían, esto debe ser el germen de una actividad reflexiva y que logre poner en debate público, no a la persona de CFK, sino al tema que debe conmocionar y es el de la corrupción estatal.

Sobre todo cuando se trata de delitos que traccionan sorteando el futuro de todo un país, que hoy cuenta con una tasa de pobreza del 43,1%, esto es, diecisiete millones de personas pobres y ocho millones de indigentes.

La condena legal se trata de una defraudación agravada por la cual se persigue dolosamente un provecho económico para sí o el entorno que actúa de medio o vehículo, en perjuicio de los intereses estatales. Y que en la mayoría de los casos, como en este, los autores se ubican en especiales facilidades para accionar, por la situación en que se encuentran los bienes y objetos a su respecto, todo lo cual, abre mayores posibilidades para la disimulación y el engaño defraudatorio así como para el éxito de la operación.

CFK a todo lo largo de este proceso buscó una defensa lateral y política, una opción inteligente ante la falta absoluta de contraargumentos jurídicos. Sin embargo, en algún momento de sus muchos discursos, dijo que no había nada en los expedientes que dejara ver actos irregulares o de corrupción como se le atribuía. Lo mismo adujo respecto de su persona y su participación directa recibiendo dineros espurios provenientes de la administración pública.

Claramente ello es así, puesto que este delito supone maniobras de engaño, simulación, interposición de terceras personas, etc.... para proyectar como "actos administrativos lícitos" aquello que en el fondo no lo es. Por eso en estos casos de lo que se trata es de poder correr el velo y advertir donde está el yugo de esas maniobras y donde el engaño para poder trazar el circulo vicioso y descubrir el engranaje defraudatorio.

En estos delitos debe demostrarse además que existe un perjuicio real y no potencial, un daño directo a las arcas públicas, que es lo que el TOF determinó en más de ochenta y cuatro mil millones de pesos.

Que ese sea el monto del daño, tanto como que solo seis -en coherencia con el tipo penal- sean los años de condena, sumado a la frase consagrada en concierto monocorde en los medios de comunicación sobre que: "CFK nunca ira presa", confluyen al pensamiento resignado de buena parte de la sociedad que ha dejado de creer en las instituciones y en la justicia misma.

Y este es el segundo desafío, enervar que aquella misma sociedad descreída se desentienda angustiosa del problema eludiendo la reflexión necesaria sobre la raíz del problema.

Si no estamos dispuestos a asumir un debate serio que concluya en la condena que importa, que es la social, no tanto para CFK como para la corrupción estatal misma, los extremos sobresaldrán encarnizados en la simple grieta político partidaria que no servirá para construir las bases que impidan a futuro que funcionarios logren burlar todos los controles sociales, institucionales y políticos, robándole a la sociedad argentina sus más elementales derechos.

Debemos ser capaces de sentar, a partir de aquí, principios y valores que impidan que hechos como los condenados vuelvan a ocurrir en el Estado argentino.

De otro modo la magnitud del daño que se puede causar, será muy superior a unos tantos millones de pesos, será un costo medido en democracia, institucionalidad y futuro.