Crisis

La OEA designó a cinco cancilleres para estudiar la situación de Perú

Pedro Castillo a la OEA que active un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región.

Cinco cancilleres y dos vicecancilleres integran el grupo de alto nivel que la Organización de los Estados Americanos (OEA) conformó para analizar la crisis política en Perú y que el organismo regional anunció hoy.

El presidente peruano, Pedro Castillo, investigado por corrupción, pidió ayuda a la OEA, que hace una semana aprobó el envío de una misión al país para "promover el diálogo".

La misión estará compuesta por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; de Paraguay, Julio César Arriola; y de Belice, Eamon Courtenay.

En un comunicado, la presidencia del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, detalló que también viajarán la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil; el viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Christian Guillermet; y el paraguayo Eladio Loizaga, representante de la secretaría general de la OEA.

Según el comunicado, la fecha del viaje y la agenda del grupo "se definirán próximamente".

El jueves 20, en una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente acordó por aclamación enviar "un grupo de alto nivel" a Perú "con el fin de hacer un análisis de la situación".

Castillo, en el poder desde 2021 y con mandato de cinco años, ya enfrentó dos intentos de destitución en el Congreso -dominado por la oposición de derecha- y está sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción.

El Congreso, además, lo obligó a cambiar varios ministros.

La Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un "golpe de Estado".

Por eso pidió a la OEA que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región.

El artículo 17 contempla que un país pueda "solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática" si considera que "está en riesgo" y el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.

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