La Corte dio cátedra democrática

La búsqueda de transparencia en todos los ámbitos de la vida pública debe ser una prioridad que debemos afrontar, en conjunto, como sociedad. El camino hacia la verdad debe ser lo menos turbulento posible, para ello, desde las diferentes esferas deben colaborar sin artimañas, ni permitir que los orígenes partidarios nos dejen a los mendocinos estancados en decisiones añejas, atemporales.

Ante los profundo cambios en el sistema de justicia iniciados desde el año 2016 en la gobernación del Lic. Alfredo Cornejo y la proliferación de causas a resolver, el máximo tribunal debía estar a la altura de los nuevos tiempos.

Desde 1984 está vigente en nuestra provincia la ley 4969, que detalla, entre otros temas, la composición de la Suprema Corte de Justicia y su funcionamiento. Han pasado 38 años. Los cambios son necesarios en pos de mejorar lo que está vigente. Son bienvenidos si las actualizaciones están en la senda de una Justicia más virtuosa.

El clamor popular históricamente ha manifestado que la Justicia se caracteriza por su lentitud procedimental o acusa que se realizan maniobras para que un juzgado a fin a los propios intereses sea quien tome los casos. Avanzar en un proyecto de ley que responda a las necesidades que la sociedad mendocina expresa, es fundamental para encontrar respuestas que orienten a una Corte Suprema de Justicia más idónea.

En coherencia con lo expresado, Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia, explicó: "El objetivo de este proyecto de ley es llevar un sistema de forum shopping - de elección de los tribunales o de quienes van a resolver conforme a las conveniencias de cada uno de los litigantes - a un sistema más transparente, que es el sistema del Colegio de Jueces".

Desde el 2016, como ya lo mencionamos, en nuestra provincia se vienen realizando reformas influyentes que velan por una sociedad más justa, una legislación adecuada a la cultura general de la población y una modernización institucional y tecnológica que permite la eficiencia judicial.

El proyecto de reforma que enviara el Poder Ejecutivo había quedado estancado en el debate parlamentario, en especial, porque los Jueces Supremos mantenían posturas encontradas en algunos de los puntos propuestos para ser modificados.

Los jueces de la Corte ante tal situación, se avocaron a una ardua tarea de encontrar ellos las soluciones sobre las diferencias que tenían sobre el proyecto en cuestión y han logrado el consenso -lo cual merece ser celebrado enfáticamente- ya que cuando todo parecía que se encaminaba a la falta de buenos acuerdos, pudieron encontrar la solución y llevar los 7 miembros el proyecto superador a consideración del Poder Legislativo. El valor de la palabra, de la comunicación y de los acuerdos son características propias de la democracia, por lo tanto, debemos abrazarlos y jamás renunciar al diálogo.

Por otro lado, no hay que mezclar churras con merinas. Una cuestión son las tensiones que pueden producirse ante un proyecto y otra encerrarse, los sectores con visiones diversas, sin permitir que el intercambio de ideas alumbre soluciones que la sociedad espera de sus máximos poderes. En algunas columnas anteriores, nos hemos expresado, con preocupación, ante ciertas pulsiones del poder central de impedir la independencia del poder judicial o sea de la división de poderes que caracteriza al andamiaje institucional argentino.

En Mendoza se procedió de un modo distinto, de la manera correcta en el marco de una democracia que funciona con reconocida institucionalidad desde el retorno democrático en 1983.. Si se puede en Mendoza, debería naturalizarse que tales valores republicanos, tienen que regir sin condicionamientos en todo el país .

El 6 de agosto pasado se cumplieron 200 años del Poder Judicial de Mendoza, hablar de modernización, diálogo, ocaso del fórum shopping, Juicio por Jurados y otras necesidades populares que están siendo escuchadas, de transparencia y contribución a la democracia, es una gran manera de conmemorarlo.