El día en el que Suarez avanzó sobre la 7.722
Aunque la presión callejera lo llevó a derogar la reforma, el mandatario avanzó convencido de que Mendoza necesitaba de manera urgente ampliar su matriz productiva. Aunque algunos celebraron, el tiempo le terminó dando la razón y la pandemia mostró la debilidades provinciales.
Justamente un año después de que se presentara el proyecto de ley para reformar la 7.722, el Gobierno de Rodolfo Suarez inicia formalmente el funcionamiento del Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza. La pregunta es -con el diario del lunes- qué habría sucedido si el consejo hubiera existido en diciembre del año pasado, cuando se derogó la Ley 9.209 y se frenó el avance de la minería en Mendoza.
Tal era la importancia que tenía la actividad en el plan de Suarez para diversificar la matriz productiva que el envío del proyecto para reformar la ley antiminera fue su primera acción oficial, ya que muy temprano en la mañana del 10 de diciembre de 2019 ingresó a la Legislatura el proyecto que terminó transformándose en la Ley 9.209, la cual por algunos días reemplazó a 7.722 y generó todo un marco de normas y acciones para poder hacer minería en la provincia.
Aunque la aprobación legislativa tuvo el aval de las dos mayores fuerzas políticas, las manifestaciones que se realizaron pudieron más y el Gobierno provincial cedió a la presión que se ejerció la calle. Una de las cuestiones clave fue que el Ejecutivo se encontró con una masa que se movilizaba, pero que no tenía líderes determinados con quiénes poder dialogar. Eso, además de la campaña del miedo que en este caso mostró su efectividad plena.
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La pregunta que surge hoy, justo un año después y en el momento del lanzamiento del consejo, es si este tipo de instancia podría o podrá en el futuro, ser el espacio para resolver cuestiones como la ocurrida con la Ley 9.209. A priori, todo parece indicar que sí puede llegar a cumplir un rol importante en ese sentido, porque la conformación es amplia y llega a todos los sectores de la sociedad.
Pero siguiendo con el diario del lunes, y un año después de que se iniciara un proceso que por primera vez en décadas iba a cambiar la matriz productiva mendocina, no son pocos los que hoy se ponen a pensar cómo sería el panorama de Mendoza con la crisis profunda que están dejando la pandemia, pero con la opción de hacer minería y desarrollar una industria capaz de movilizar a varios sectores.
El panorama de Mendoza sería otro, no en lo inmediato, pero si en el corto y mediano plazo. La perspectiva sería clara y habría alternativas reales para sectores tan golpeados como, por ejemplo, la metalmecánica, una industria que siente con mucha fuerza el impacto de las medidas restrictivas para frenar el avance del covid-19.
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Lo que se puede decir un año después, es que -a pesar de la decisión de derogar- el gobernador tenía razón en su intento de avanzar con una rápida diversificación de la matriz productiva, porque la realidad cayó de golpe y demostró que a la provincia no le sobra nada, todo lo contrario, le falta mucho para poder tener un desarrollo acorde con las necesidades que tiene la población en todos los ámbitos.
Otra conclusión es que el status quo permanente está dejando a Mendoza postergada en un escenario global en el que necesita ser competitiva y en el que ya no puede contar con la Nación como una fuente de ayuda o salvataje. Mendoza ya no puede vivir de lo mismo que hace dos o tres décadas, ya no alcanza con lo que se produce.