Las causas por las que Nélida Rojas, candidata a diputada, llegaría a juicio
La máxima referente de la Tupac Amaru en Mendoza forma parte de una de las listas del PJ para las elecciones. La Justicia la investiga desde hace 6 años por varios delitos. Cómo avanzaron las investigaciones en su contra.
En 2017, un año después de la detención de Milagro Sala en Jujuy, en Mendoza detuvieron a Nélida Rojas, quien estaba aquí al frente de la Tupac Amaru. A seis años de aquella detención, aún sus causas no llegan a juicio y ella se presenta como precandidata a diputada por el PJ, como cabeza de lista.
Nélida Rojas, la procesada líder de la Tupac en Mendoza, será candidata a diputada
Rojas siempre se pronunció peronista y seguidora de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora forma parte de La Base, que lleva al abogado (su abogado) Alfredo Guevara como precandidato a gobernador, y encabeza la lista de diputados del Primer Distrito que compone Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle, comuna en la que vive.
A pesar de su precandidatura, la exlíder de la Tupac Amaru en Mendoza fue protagonista de una denominada "megacausa" contra la agrupación.
Todo comenzó a finales del 2016 cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció por supuesta malversación de caudales públicos e incitación a la violencia colectiva a los responsables de la Tupac, incluido en Mendoza.
La denuncia en ese momento cayó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y la causa llegó a la Justicia Federal de Mendoza.
De forma coordinada, la fiscal del fuero provincial Gabriela Chaves imputa por extorsiones, coacciones agravadas, y asociación ilícita a Rojas, a su esposo Ramón Martínez, dos hijas, un hijo, el hermano, su nuera, y a 25 presidentes de cooperativas.
Debido a las acusaciones todos fueron detenidos, pero meses después la Octava Cámara del Crimen los liberó por considerar arbitrario el accionar de la fiscal.
Rojas. De fondo, su abogado, Guevara.
Desde ese momento, la causa por asociación ilícita permanece paralizada y no ha tenido avances. Asimismo, desde la fiscalía han pedido acciones para solicitar o no el sobreseimiento.
El resto de las denuncias quedaron en manos del fiscal Flavio Damore, quien calificó las coacciones como estafas, y de las 200, solo quedaron 16 en pie. Estas se refieren al supuesto engaño por parte de los dirigentes de la agrupación para quienes querían acceder a las viviendas sociales. Según la denuncia, los hacían militar dentro de la agrupación para poder obtener el beneficio de la casa propia.
Por otro lado, en 2019, la fiscal Chaves acusó al clan Rojas y al intendente de Lavalle, Roberto Righi, de fraude al Estado. La funcionaria del Ministerio Público los acusaba de construir viviendas que no podían ser habitadas y debían demolerse.
Los informes técnicos de las propiedades contradijeron a la fiscal y Righi fue sobreseído. Si bien Omar Parisi, el frente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) también fue investigado, nunca fue imputado.
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En cuanto a los miembros de la Tupac, el fiscal Gonzalo Nazar aseguró que las imputaciones estaban mal realizadas, ya que Chaves los acusó por delitos cometidos en cada departamento -la mayoría de las causas son de Lavalle-, cuando en realidad debía haberlo hecho por el Acuerdo de la Construcción de Viviendas que abarcaba a varios departamentos.
Hasta el momento, no se ha modificado la imputación.
De todos los acusados solo fue condenada Lourdes Oviedo, considerada la mano derecha de Rojas. La mujer reconoció los hechos y en un juicio abreviado la sentenciaron a un año y tres meses de prisión condicional por diez estafas.
Rojas y el resto de los imputados, a seis años del inicio de las denuncias, podrían llegar a juicio por 16 causas de estafas, el resto de las investigaciones aún no reúnen las pruebas necesarias para llegar a debate.
La fiscal Gabriela Chaves, la primera en acusar a Rojas en Mendoza.
Mientras tanto, los miembros de la agrupación realizaron el jueves una ampliación de la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución arbitraria contra Rojas.
"Se está violando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable", sostuvo el abogado defensor Alfredo Guevara, y agregó que "han transcurridos 6 años desde el armado de las causas sin que ninguna haya llegado a juicio".
