Moneta y Magna: 20 años después, la Justicia falló a favor de Mendoza
El Estado mendocino eludirá el pago de 22 millones de pesos que reclamó el grupo inversor en aquel momento, algo más de 150 millones de pesos actualmente.
Luego de un más que extenso proceso judicial, la provincia de Mendoza ganó un juicio contra empresarios locales por la privativación de los bancos públicos. Magna Inversora y el Grupo República habían demandado al Estado por daños y perjuicios, pero la Justicia falló a favor del Gobierno.
"A más de 20 años de la privatización de los bancos oficiales la Justicia falló a favor de la provincia de Mendoza en una demanda millonaria encarada en 2007 por parte de Magna Inversora y Grupo República contra el Gobierno de Mendoza por daños y perjuicios. Así la Provincia eludirá el pago de 22 millones de pesos que reclamó el grupo inversor en aquel momento, algo más de 150 millones de pesos actualmente", expresó Fiscalía de Estado de Mendoza en su página web.
Ayer, la jueza María Paz Gallardo a cargo del tribunal de Gestión Asociada N°1, dictó sentencia rechazando la demanda en su totalidad. El reclamo de los empresarios eran por daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsión por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los estados patrimoniales de dichas instituciones al 30 de noviembre de 1995.
"Sin embargo la Justicia rechazó de plano las acusaciones del grupo empresario liderado por Raúl Moneta, argumentando que el tiempo otorgado para el proceso de análisis previo fue suficiente, entre otras cuestiones", agregó Fiscalía de Estado, quién llevó adelante la defensa del Mendoza. Ahora se aguardará que la sentencia no sea apelada ante un tribunal superior.
El Banco República, junto a Magna Inversora (en aquella época integrado por la desaparecida AFJP Fecunda y un grupo de 35 empresas de Cuyo), pagó por los dos bancos provinciales 30 millones de pesos, casi lo mismo que reclamaron años después.
Las entidades reunían en ese momento un total de 600 millones de pesos en depósitos, 1.100 empleados y una red de 100 sucursales en todo el país. La privatización de los bancos públicos fue a fines de 1996 durante el gobierno de Arturo Lafalla, aunque inició en la administración anterior de Rodolfo Gabrielli. Magna formó un consorcio con el Banco República, aunque terminó vaciado y desapareció en 1999.
