Mendocinos imputados por los cambios de domicilio "truchos" en San Luis
El fiscal federal de San Luis Cristian Rachid explicó la situación que se da en Arizona, una localidad de 1000 habitantes en donde se detectaron irregularidades en el padrón electoral en el año 2015.
En los últimos días se dio a conocer que fueron procesadas más de 40 personas por irregularidades al momento de realizar cambios de domicilio en la localidad puntana de Arizona. El fiscal federal Cristian Radich habló con Gabriel Conte, Evangelina Argüello y Hernán Bitar en "Tenés que saberlo", por Radio Jornada 91.9, y explicó la situación y su complejidad vinculada al ámbito electoral.
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"El tema lamentablemente es más que frecuente, de hecho con posterioridad a este caso y a otros tantos que hemos tenido, hay un sistema preventivo que ante ciertos indicios bloquea los cambios de domicilio que impactan en el padrón para evitar que haya afectación de la voluntad popular. El año pasado hemos tenido en varios pueblos del interior este tipo de procedimiento, que previo a la investigación, se bloquea en el patrón los cambios de domicilio", señaló el fiscal
Rachid señaló que el caso es del 2015 y que se vinculó a la época en donde las municipalidades emitían las licencias de conducir: "Lo que nosotros detectamos y la particularidad del caso este es que pudimos exponer todos los eslabones de la cadena criminal que hay detrás de esto, porque para hacer un cambio de domicilio hace falta un encargado de registro civil que mire para otro lado, un intendente que incentive el cambio de domicilio pagando de alguna forma, en este caso a partir de darle a los ciudadanos licencias habilitantes para conducir con categoría profesional, no la común. A su vez hacen falta testigos falsos que vivieran en el mismo pueblo que oficiaran como tales en los certificados de residencia, diciendo que tal o cual ciudadano vivía en el pueblo cuando no era así", narró.
El fiscal federal señaló que por el hecho se encuentran procesados el exintendente de la localidad, al encargada del registro civil, 5 policías, electores falsos y testigos: "Los principales imputados en el rol de electores que denunciaron domicilio falso son de La Pampa, Mendoza y en menor medida Córdoba y algunos casos de residentes de San Luis pero en otro circuito electoral. Lo importante es el daño que puede hacer esto de tergiversar la voluntad popular. Estamos hablando de un pueblo que al momento de los hechos tenía 852 habitantes habilitados para votar. Nosotros detectamos 70 electores falsos, lo que significa una incidencia del 8% del padrón. Eso tuerce la voluntad de los habitantes del lugar", comentó.
Rachid comentó que en un allanamiento a la municipalidad detectaron que los trámites para obtener la licencia de conducir habían sido gratuitos, al igual que los timbrados para los cambios de domicilio: "A partir de allí, ninguno de los electores en su trámite para obtener la licencia tenía un certificado médico con el apto físico como correspondía. Esta facultad municipalidad, extendida en esa época, le daba mayor margen de maniobra a los intendentes de turno. Esto era una regla, hemos tenido casos en Alto Pencoso y otras localidades cerca de la capital provincial y que mostraban este patrón de padrones abultados, con cambios cíclicos y siempre el tema de las licencias de conducir involucradas en el medio. Un caso muy famoso fue el de camioneros que obtuvieron sus licencias, con lo cual la gravedad de la habilitación era mayor todavía".
El fiscal federal marcó que la investigación no ha demostrado que exista ninguna contraprestación más allá de las licencias profesionales y que este tipo de causas suele tener trabas judiciales: "Este tipo de causas tiene las chicanas habituales que están llevadas a la máxima potencia, que es típico cuando hay trasfondo político. Son muy comunes las recusaciones, esto implica que hay alguien detrás y que los casos lleguen a cámaras de apelaciones y perder meses, se plantean incompetencias, los expedientes migran de un tribunal a otro, así van pasando los años. La fiscalía hizo la imputación en el 2017 y recién obtuvimos procesamiento en 2024, para que vean lo que implica el entrevero procesal de este tipo de casos, donde se mezcla lo político con lo jurídico", explicó.
Finalmente, Rachid trazó un paralelismo entre esta causa y lo sucedido en Fortín El Patria, otro caso emblemático muy similar: "Ese fue el caso que logramos preventivamente impedir el año pasado que eso que había impactado, más allá de que estuvieran en el padrón, se suspendieran esos cambios de domicilio y esas personas no pudieran votar. Es un nuevo procedimiento que se está aplicando en todo el país y que busca esto, no solo correr detrás del delito para aplicar la sanción penal, sino que con menos pruebas se pueda bloquear un cambio de domicilio sospechoso y evitar el prejuicio electoral", explicó.
Sobre ese caso, el fiscal explicó que las imputaciones están en curso y que este procedimiento preventivo tiene una instancia de defensa ya que no siempre se comete un delito cuando suceden este tipo de situaciones: "No es en sí el hecho de cambiar el domicilio y no hacer el trámite del DNI lo que constituye el delito, eso es en todo caso una infracción, el tema es denunciar un cambio de domicilio que uno jamás efectivizó. Por ahí alguien ha estudiado en otro lugar de donde tenían el domicilio y volvía a votar a su lugar de origen, eos no es una situación delictiva, lo delictivo es inscribirse en un padrón de una localidad en la que nunca residió que es lo que puede afectar la formación de la voluntad popular de ese lugar", concluyó.
