Escándalo en Salta por el robo de caños de un gasoducto: investigan a una empresa mendocina
Un intendente autorizó a la empresa a retirar 2.500 caños de un gasoducto, por un valor cercano a los 300 millones de pesos. La Justicia Federal investiga la situación, ya que el material no era propiedad del municipio. El jefe comunal intentó culpar a La Cámpora.
A partir de la denuncia que realizó un funcionario del Gobierno de la Provincia de Salta, la Justicia Federal investiga el robo de unos 2.500 caños del gasoducto NEA, con un valor estimado en 300 millones de pesos. Se trata de un segmento de la obra que nunca se concluyó y, ante esto, un intendente autorizó a una empresa mendocina para que los retire del lugar con destino incierto.
El intendente en cuestión es el jefe comunal de la localidad de Aguaray, Enrique Prado, un joven de 31 años del Frente de Todos que asumió en diciembre pasado. Sorpresivamente, ni bien llegó al poder autorizó el retiro y posterior transporte de los caños del GNEA, siendo que ese capital no le pertenecía al municipio. Para completar esa tarea, se contrató a la empresa mendocina OSYP S.A.
"En uso de las facultades que le son propias conferidas por la Carta Orgánica Municipal, el Ejecutivo autoriza a la empresa OSYP SA, representada por el señor Diego Andrés Alos al desarme, traslado y remediación de terrenos contaminados", dice la resolución municipal que justificó el retiro de los caños desde el punto de vista ambiental.
OSYP Sociedad Anónima fue creada en Mendoza en octubre de 2018. De acuerdo al edicto publicado en el Boletín Oficial de aquella época, los socios son Diego Andrés Alos, de 44 años, y María Soledad Orozco, de 42 años, ambos solteros, según los registros. El objeto de la S.A. es "proyecto, dirección y ejecución de obras de arquitectura e ingeniería" y "construcción de obras públicas y privadas".
En el sector del petróleo y gas, incluyendo a fuentes de Salta y Mendoza consultadas por Memo, la empresa OSYP y el nombre de sus responsables -Diego Andrés Alos y María Soledad Orozco- son desconocidos.
La extraña justificación del intendente y las miradas hacia La Cámpora
La investigación la lleva adelante el fiscal federal José Luis Bruno, que investiga el robo de unos 35 kilómetros de caños del gasoducto que dejó a medio construir la empresa Vertúa y que corresponde a la cabecera norte del GNEA, el tan promocionado Gasoducto del NEA. Ante esto, el intendente Prado apuntó contra la Casa Rosada.
Según publicó el diario QuéPasaSalta, el intendente de Aguaray ensayó una grave acusación: dijo que fue habilitado por una resolución del Ministerio de Ambiente de Nación y agregó que la empresa que se llevó los caños estaría vinculada a La Cámpora. En lo formal, esa cartera del Gobierno es dirigida por alguien de esa agrupación: Juan Cabandié.
"El intendente de Aguaray afirmó que leyó algunos comentarios de que la empresa OSYP S.A. estaría vinculada a La Cámpora", publicó el diario tras una entrevista radial que brindó el jefe comunal que, al fin de cuentas, autorizó el retiro de los caños y posteriormente justificó la decisión en una orden nacional.
Los camiones sospechosos
Fue Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana de la Provincia de Salta, quien descubrió el robo: en reiteradas ocasiones observó en la ruta camiones con caños del gasoducto con tierra colorada (señal de que habían sido retirados de algún lugar) y, en una ocasión, tomó una foto y se la presentó al ministro de Seguridad.
Al tratarse de una obra ejecutada con recursos de la Nación y concesionada a una empresa privada (Vertúa), Zigarán se contactó con Raúl Vertúa, propietario de la firma y fue este empresario quien realizó la denuncia pertinente en el fuero federal. Por esta causa, hay una investigación a cargo del fiscal Bruno.
