El año judicial mendocino empezó con un repaso de avances ya implementados
En el acto formal de apertura del ciclo 2025 de la Corte, los dos poderes, Ejecutivo y Judicial dieron cuenta de las reformas que ya están.
No hubo grandilocuencias y tampoco anuncios. El denominado "año judicial", empezado sobre finales de marzo por el Poder Judicial de Mendoza, tuvo su acto protocolar con los integrantes del máximo tribunal como anfitriones y el gobernador Alfredo Cornejo presente.
El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, abordó en su mensaje el rol del Estado en la sociedad y la función del Poder Judicial en la resolución de conflictos. Destacó lo repetido una y otra vez: necesidad de un "Estado eficaz y eficiente" para brindarle mejores servicios a la ciudadanía y subrayó que "la solución de conflictos es una responsabilidad central del Poder Judicial, que actúa como última garantía de derechos".
Sobre las reformas que ya se hicieron, Cornejo apuntó a la modificación integral de los fueros civiles, laborales, penales y de familia, que incluyeron la incorporación del principio de oralidad en los procedimientos judiciales, "lo cual ha permitido una mayor celeridad en la resolución de los juicios".
Cornejo saluda a José Valerio y Jaliff observa.
Señaló la reforma integral en el fuero penal, la creación del fuero penal colegiado y la implementación de la Ley de Prisión Preventiva, así como la creación de importantes herramientas como el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Sobre este último punto afirmó que "hoy tiene uno de los laboratorios más grandes de Latinoamérica, con una tasa de efectividad del 68%".
El Gobernador también mencionó los avances en la Justicia civil, al manifestar que "los plazos de resolución de causas se redujeron significativamente", y en el fuero laboral, donde los juicios, que antes podían durar entre tres y cuatro, hoy tienen un promedio de entre seis meses, y un año y medio.
En materia de familia, Cornejo consideró que "la rapidez en los procesos de adopción y en la fijación de cuotas alimentarias fue notable, destacándose especialmente las vinculaciones exitosas de grupos de hermanos y casos de adopción de niños con discapacidad".
La Corte, a pleno.
Garay, por su parte, puso la lupa en la transición a un sistema digital y la creación de nuevas herramientas tecnológicas, como una aplicación (app) para abogados y un sistema de verificación de litigar sin gastos en línea. También reseñó la mejora en la infraestructura judicial, con el Polo Judicial del Valle de Uco como la obra más relevante.
Remarcó que, el año pasado, el sistema judicial resolvió un alto porcentaje de casos en diversos fueros y avanzó en áreas como violencia de género y adopciones.
Por su parte, Garay puso de relieve la importancia de la colaboración entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y mencionó la creación de unidades fiscales especializadas, así como mejoras en la lucha contra delitos como robos y homicidios.
Calvente, Costarelli y Cornejo.
En el ámbito de la defensa, el magistrado aseguró que se promovieron reformas en la atención al público, se mejoró la gestión interna y se fortalecieron las capacidades profesionales. También ponderó la implementación de un portal de datos abiertos para fomentar la transparencia.
Finalmente, Garay puso en valor la importancia de la retroalimentación ciudadana, destacando encuestas positivas sobre la gestión judicial, pero reconociendo que aún hay áreas que mejorar. En esa línea, anunció la implementación de un sistema en línea para subastas judiciales y un sistema de consulta ciudadana para bienes recuperados del delito, buscando mejorar la accesibilidad y la transparencia en el proceso judicial.
Lobos como (mal) ejemplo, pero el rol de la Justicia en su caso, valorado
Garay, Casado, Cornejo y Costarelli.
Cornejo expresó su "compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción", mencionando la Ley de Extinción de Dominio sancionada en su primera gestión, la cual convirtió a Mendoza en la primera provincia en obtener una sentencia firme contra un funcionario corrupto, como fue el caso del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos. Además, señaló que se enviarán modificaciones a la Legislatura para ampliar la ley a otros delitos.
El Gobernador renovó su compromiso de seguir trabajando junto al Poder Judicial para mejorar el servicio de justicia, destacando la importancia de "la colaboración entre los tres poderes del Estado para lograr una justicia más rápida, transparente y eficiente".
Reiteró que la clave para lograr estos avances no está en aumentar la burocracia judicial, sino "en gestionar de manera más eficaz los recursos humanos y económicos".
