El gobierno y un abogado fueron condenados en un caso de violencia de género

El gobierno de Mendoza y un abogado fueron condenados a pagar una millonaria multa a una mujer que era víctima de violencia de género. El fallo fue porque el letrado intentó cobrarle honorarios a su clienta, siendo que debía ejercer el patrocinio de manera gratuita y esto, a consideración de la Justicia, causó daño moral en la mujer.

Echaron a un policía por tener una "actitud pasiva" frente al delito

En septiembre del 2018, Walter Perea echó a su esposa, PB, de la vivienda que compartían. Como la mujer trabajaba realizando las tareas domésticas en la casa, no tenía medios de subsistencia, por lo que se mudó a la parte de arriba de la propiedad, que no contaba con baño ni agua.

En noviembre, el vínculo se tornó más violento y es cuando la mujer salió de la vivienda y buscó ayuda. Tras la denuncia, la policía allanó la propiedad y secuestró dos armas de fuego, mientras que la víctima quedó alojada en un hogar para Víctimas de Violencia de Género del gobierno.

Asimismo, solicitó "servicio de patrocinio jurídico gratuito", para llevar adelante los trámites de divorcio, ya que no tenía intención de avanzar con la denuncia penal.

Por un convenio entre el gobierno con el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, designaron al abogado Claudio Carelli para que se haga cargo del caso.

El abogado, tras tomar el caso, le aconsejó firmar un convenio privado con su exmarido, donde se establecía que sus honorarios serían abonados por Perea, cláusula que está prohibida en casos de violencia de género.

Asimismo, cuando la mujer leyó el convenio advirtió que faltaban unos plazos fijos, no había rendición de cuentas sobre los alquileres de una propiedad que la sociedad conyugal tenía en Buenos Aires, como así tampoco se contemplaba el pago y mantenimiento de su obra social. 

Si bien estos reclamos los puso en conocimiento de Carelli, el abogado le respondió que para llegar a un acuerdo debía perder algo y que le recomendaba terminar con el conflicto en esa instancia.

Con esto, a dos meses de firmado el acuerdo, la mujer demandó al abogado y al gobierno por daño moral. 

La Justicia consideró que la confianza en la relación abogado-cliente en casos de violencia de género es especial y si bien no encontró otras fallas en el accionar del abogado, sí consideró que en el contrato con su exmarido incorporó una cláusula que violarían las normas del orden público.

Se trata de la cláusula que establece que las partes"renuncian a cualquier otro reclamo", que contiene una infracción a la Ley 26.485 (de protección para eliminar la violencia contra la mujer) y por lo tanto, compromete las responsabilidad el abogado. 

Esto demostró la culpa de Carelli, quien junto al gobierno de Mendoza fueron condenados a pagarle a la víctima $ 2.500.000.