¿Cómo combatir la impunidad? La modernización del sistema de justicia criminal en América Latina

Por Karelia Villa y Viviana Vélez-Grajales 

En América Latina y el Caribe resolver un delito no es tarea fácil. Mientras en Europa se condena a 81 delincuentes por cada 100 víctimas, en nuestra región esa tasa se queda en apenas 24. Sin embargo, la cadena de impunidad no acaba ahí. La saturación en los tribunales ha convertido a la Justicia en una institución lenta, descoordinada y cara. Y eso tiene implicaciones más allá de los juzgados.

En nuestra región, el promedio de personas en prisión preventiva es del 47% -en algunos países, de hecho, esta cifra rebasa el 70%. Mientras tanto, en Europa el porcentaje de población penitenciaria a la espera de juicio es del 20%.

¿Cómo se sale del círculo de la impunidad? Con un sólido sistema de justicia criminal.

Más justicia para víctimas y acusados: Reparación del daño y presunción de inocencia

En América Latina, hace 30 años, se inició un proceso de reformas a los sistemas de justicia criminal. ¿Cuáles han sido los elementos principales? En primer lugar, se ha fomentado la coordinación entre la policía, las fiscalías, los juzgados y el sistema penitenciario. Además, los juicios son públicos y en ellos participan todos los actores implicados en un caso (víctima, acusado, testigos, policía, etc.). El juicio, de hecho, ha pasado a ser un elemento más dentro de la justicia. Ahora el sistema está preparado para contemplar otras salidas alternativas donde lo más importante es decidir si existió daño. Y, de ser así, cómo hay que repararlo.

¿Cuáles han sido algunos de los cambios más visibles de esta transición?

1. Expansión y solidez de una nueva política criminal. La mayoría de los países ya cuentan con una hoja de ruta para su justicia criminal. Esto incluye el establecimiento de objetivos claramente definidos, así como un plan de ejecución que defina el orden de las prioridades en la persecución e investigación del delito.
2. Maduración de Unidades de Análisis Criminal. Las nuevas Unidades de Análisis Criminal han puesto especial énfasis en sofisticar cada vez más su entendimiento de los fenómenos criminales de cada país. Por ejemplo, en Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay y Chile, las fiscalías seleccionan variables estratégicas y las cruzan con múltiples datos a fin de generar nuevas líneas de investigación en el caso de los llamados "crímenes complejos".
3. Mejor investigación criminal. En algunos países, dependiendo del marco legal, la investigación criminal es liderada y supervisada por la fiscalía y apoyada por los cuerpos de policía. Esta nueva función para las policías requiere una alta especialización en investigación criminal. En Colombia, por ejemplo, la Policía Nacional apoya a la Fiscalía a través de la recolección de pruebas, la formulación de hipótesis y el análisis técnico-científico de la evidencia. Esos insumos contribuyen a construir una explicación mucho más sólida de los hechos delictivos y sirven de base para la construcción del caso judicial.
4. Mayor capacitación de jueces y abogados. Una evaluación de impacto realizada por el BID en Ecuador encontró que la capacitación en "habilidades blandas" a jueces para impartir justicia oral agilizó la resolución de casos. En concreto, la duración promedio de un juicio es entre un 50% y un 80% menor cuando el juez principal ha sido entrenado en habilidades blandas.
5. Mayor acceso a otros mecanismos de justicia. Los nuevos sistemas de justicia penal contemplan medidas alternativas de solución de conflictos (justicia alternativa, procesos abreviados, etc.). Esto ha permitido avanzar en la descongestión de la justicia en muchos países. Un buen ejemplo es Chile. El sistema de justicia penal chileno cuenta con los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) que combinan la resolución del delito con medidas terapéuticas alternativas a la prisión, para aquellos delincuentes que cometieron su delito bajo la influencia de algún estupefaciente. Los TTD reducen entre 8 y 12 puntos porcentuales la reincidencia delictiva con respecto al procesamiento tradicional de delitos relacionados con las drogas, y al mismo tiempo permite abordar la raíz del problema: el consumo abusivo de drogas.

Reforma de la justicia criminal en México: ¿Qué hemos aprendido?

Al igual que Argentina, México ha sido uno de los países latinoamericanos que se ha demorado más, en la implementación de la reforma al sistema de justicia criminal a nivel nacional, debido a entre otras cosas, a su sistema político federal. ¿Cuáles son algunos de los elementos desarrollados en otros países que podrían servir como catalizadores de la reforma penal en México?

• Priorizar delitos para una persecución penal efectiva. Cuando todo es prioridad, nada es prioritario. Tener una política criminal con una visión sistémica permite a los países dirigir recursos y asignar responsabilidades de manera más eficiente para prevenir, perseguir y sancionar el delito. En Colombia, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación cuenta con una política de priorización de la investigación criminal que le ha permitido reducir la carga de trabajo de los fiscales y, a la par, aumentar la tasa de casos resueltos.
• Implementar un plan de persecución penal a nivel federal y estatal. En el caso específico para México, es importante separar las funciones de la fiscalía federal de las fiscalías subnacionales según el tipo de delito y los recursos disponibles. En el caso de México, la investigación criminal a nivel federal debería estar focalizada en los crímenes de alta complejidad (narcotráfico, trata de personas, etc.). Esto permitiría a las delegaciones estatales centrarse en los delitos de baja complejidad, pero alto volumen (por ejemplo, robo a casa).
• Asignar el personal de acuerdo al nuevo perfil institucional. Cualquier transformación institucional requiere nuevas habilidades en el personal, nuevo talento y, en general, una renovada gestión del recurso humano. En el caso de una reforma penal, es vital que el personal esté capacitado para desarrollar investigaciones criminales de alta y baja complejidad. También es importante entrenar a los agentes en las nuevas modalidades de criminalidad como la ciberseguridad. En el caso de la Policía Nacional de Colombia, como parte de la reforma del sistema penal acusatorio se hizo un especial énfasis en el entrenamiento en investigación criminal. Más recientemente, algunos países como Chile o Colombia están incorporando nuevos perfiles y talento para hacer frente a los delitos cibernéticos.
• Mejorar el acceso a información de calidad para la investigación criminal. Para investigar, perseguir y sancionar el delito es vital contar con información de calidad sobre los distintos mercados criminales. Trasladado al caso de México, es esencial que la Fiscalía cuente con una Unidad de Análisis Criminal que trabaje en colaboración con las unidades de análisis regionales para tener una visión nacional del mapa del crimen. En el caso de Colombia, la Fiscalía General de la Nación hace uso del sistema de información propio de la Fiscalía y de los sistemas de información de estadísticas criminales generadas por la Policía. El próximo paso es avanzar en la región para poder contar con sistemas de información interoperables entre diferentes instituciones que participan en el proceso penal y que permitan cruzar información estadística inmediata, como actualmente se lleva a cabo en España.
• Promover canales de comunicación con la ciudadanía. Es fundamental facilitar la denuncia de delitos, mejorar la atención a las víctimas y la instalación de mecanismos de comunicación, transparencia y rendición de cuentas. En países como Colombia y Chile se ha facilitado el proceso de interposición de la denuncia para ciertos delitos a través de los portales web de la Fiscalía en el caso de Colombia y de la Policía de Carabineros en el caso de Chile.

Por una justicia criminal más eficiente y justa

América Latina está haciendo un importante esfuerzo fiscal para mejorar el cumplimiento de la Ley: el 5,4% del gasto público regional va destinado a inversión en seguridad ciudadana y justicia. Sin embargo, simplemente gastar no es suficiente. En general, los países de la región coinciden en la necesidad de hacer más eficiente la judicialización del delito. Algunos países como Chile han venido construyendo sistemas de justicia digital desde hace varios años. Otros, como México, han priorizado en sus agendas recientes la modernización de sus sistemas de justicia penal. Estos avances son muestra de que estamos ante una oportunidad de transformar la justicia, y con ello, mejorar las vidas de nuestros ciudadanos.

Te invitamos a que te descargués AQUÍ la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo "Hacia la modernización del sistema de justicia criminal en México: Reflexiones y propuestas"

LAS AUTORAS

Karelia Villa es Especialista Senior en Seguridad Ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el punto focal para el trabajo de Seguridad Ciudadana del Banco en México, Centro América y República Dominicana, y tiene más de 15 años de experiencia apoyando procesos de modernización del estado en América Latina y el Caribe. Tiene una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de George Washington y obtuvo su Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

Viviana Vélez-Grajales cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de Pennsylvania, una maestría en Economía de El Colegio de México y una licenciatura en Matemáticas de la Universidad de las Américas-Puebla en México. Viviana tiene una amplia experiencia en evaluación de programas sociales y análisis de datos. Además, ha escrito artículos de investigación sobre temas de desarrollo como la movilidad social y la educación. Ella ha diseñado, supervisado y analizado los resultados de evaluaciones de impacto para programas sociales locales y nacionales. Ha participado en evaluaciones corporativas, evaluaciones temáticas y evaluaciones de procesos. Actualmente, participa en el desarrollo de programas de seguridad ciudadana y es responsable de construir la agenda de investigación y evaluación de seguridad ciudadana y justicia para los países de América Central y México en el Banco Interamericano de Desarrollo.