El marido de la líder de la Túpac en Mendoza quedó a un paso del juicio
Se trata de Ramón Martínez, pareja de Nélida Rojas, quien está acusado de evasión agravada. La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad de la defensa.
La causa por evasión que tiene como acusado a Ramón Martínez, por supuestas estafas cometidas por la organización Túpac Amaru en la construcción de viviendas sociales con fondos públicos, llega a juicio. Esto debido a que la Cámara Federal rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa.
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Martínez -pareja de la líder de la Túpac en Mendoza, Nélida Rojas- está imputado por evasión agravada tributaria, que contempla hasta 9 años de prisión, tras ser denunciado por la AFIP en agosto del 2019.
En la presentación denuncian que Martínez habría recibido y administrado fondos de las cooperativas integrantes de la organización Tupac Amaru, asignados por el "Programa Federal de Integración Sociocomunitaria", evadiendo de este modo el pago del Impuesto a las Ganancias desde 2013 hasta el 2015 por un monto superior a los 25 millones de pesos.
La defensa del hombre presentó un pedido de nulidad de la causa debido a que el juez se opuso a aceptar pruebas ofrecidas, lo que vulneraría el derecho de defensa de su cliente.
Sin embargo, la Cámara sostuvo que las pruebas pueden incorporarse en una etapa posterior y ser valoradas y cotejadas durante la indagatoria del acusado. Asimismo, los jueces indicaron que la instrucción como etapa preparatoria se ha cumplido y que los elementos incorporados son suficientes para elevar la causa a debate.
Por esta razón, negaron el pedido de nulidad y la causa irá a juicio. Por parte de la defensa, aún pueden recurrir a la última instancia que es la de Casación.
La posición de las partes
La defensa de Martínez sostiene que los municipios de Mendoza han aportado la documentación que acredita el origen de cada uno de los cheques emitidos en el marco del Programa de construcción de viviendas en favor de las cooperativas.
Asimismo, indicó que existen certificados que acreditan el avance real de las obras, suscritos por los técnicos designados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la municipalidad respectiva, los técnicos de las cooperativas y el intendente.
Nélida Rojas fue precandidata a diputada por el peronismo mendocino.
Estas pruebas demostrarían la falta de hecho imponible, al no haber ganancias sobre las cuales tributar. En esta línea asegura que no existía ninguna ganancia sobre la cuál debiera Martínez resultar responsable del pago.
Con esto, asegura estar frente a un "posible escándalo jurídico" por existir una persecución por el hecho.
La fiscalía, por el contrario sostuvo que el fisco estableció el monto del gravamen a cargo del contribuyente y sobre esta base se formuló la denuncia penal.
El resto de las causas
En tanto, en la justicia provincial investigan las causas por extorsiones, coacciones agravadas, y asociación ilícita contra Nélida Rojas, Martínez, dos hijas, un hijo, el hermano, su nuera, y a 25 presidentes de cooperativas.
Debido a las acusaciones todos fueron detenidos, pero meses después la Octava Cámara del Crimen los liberó por considerar arbitrario el accionar de la fiscal.
La causa por asociación ilícita permanece paralizada y no ha tenido avances. Asimismo, desde la fiscalía han pedido acciones para solicitar o no el sobreseimiento.
El resto de las denuncias quedaron en manos del fiscal Flavio Damore, quien calificó las coacciones como estafas, y de las 200, solo quedaron 16 en pie. Estas se refieren al supuesto engaño por parte de los dirigentes de la agrupación para quienes querían acceder a las viviendas sociales. Según la denuncia, los hacían militar dentro de la agrupación para poder obtener el beneficio de la casa propia.
Por otro lado, en 2019, la fiscal Chaves acusó al clan Rojas y al intendente de Lavalle, Roberto Righi, de fraude al Estado. La funcionaria del Ministerio Público los acusaba de construir viviendas que no podían ser habitadas y debían demolerse.
Los informes técnicos de las propiedades contradijeron a la fiscal y Righi fue sobreseído. Si bien Omar Parisi, el frente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), también fue investigado, nunca fue imputado.
En cuanto a los miembros de la Tupac, el fiscal Gonzalo Nazar aseguró que las imputaciones estaban mal realizadas, ya que Chaves los acusó por delitos cometidos en cada departamento -la mayoría de las causas son de Lavalle-, cuando en realidad debía haberlo hecho por el Acuerdo de la Construcción de Viviendas que abarcaba a varios departamentos.
Hasta el momento, no se ha modificado la imputación.
De todos los acusados solo fue condenada Lourdes Oviedo, considerada la mano derecha de Rojas. La mujer reconoció los hechos y en un juicio abreviado la sentenciaron a un año y tres meses de prisión condicional por diez estafas.
Rojas y el resto de los imputados, a seis años del inicio de las denuncias, podrían llegar a juicio por 16 causas de estafas, el resto de las investigaciones aún no reúnen las pruebas necesarias para llegar a debate.
