El sistema jubilatorio necesita un debate técnico muy serio

El Congreso sancionó una ley jubilatoria que ha causado polémica y que, como es costumbre, no entra de lleno en el debate serio de los problemas estructurales que el sistema tiene. Con mucho de voluntarismo, pero también de irresponsabilidad, plantean un sistema que implica gastos adicionales por el equivalente a 1,2 % del PBI pero no prevén la forma de financiarlo.

La norma sancionada mantiene la norma de ajustar las prestaciones según la inflación mensual, como lo estableció un decreto de Ejecutivo, pero le agrega un adicional en marzo de cada año calculado sobre el promedio de salarios de RIPTE. A su vez establece un mínimo garantizado en un porcentaje de la canasta básica de adultos mayores, cálculo que no lo tiene desagregado el Indec. Por otra parte, y por presión de las provincias, exigen el pago de una deuda con las provincias que no trasfirieron las cajas, y, además, conmina a pagar en 6 meses la deuda con juicios de los jubilados. Todo muy bonito, pero nadie dice de donde saldrá tanta plata.

El presidente anticipó que vetará esta ley porque no hay recursos para pagarlo y contó con el apoyo del expresidente Mauricio Macri, a pesar de que los legisladores del PRO se plegaron. Los legisladores amenazan que cuentan con los 2/3 para insistir, en una verdadera puja de poder donde la oposición trata de ponerle la agenda al gobierno. El problema es que juegan con las expectativas de los jubilados, como ya hicieron los radicales cuando, en el gobierno Cristina Kirchner, aprobaron la aplicación de 82% móvil, que fue vetado por las mismas razones.

Los problemas de fondo

El sistema jubilatorio tiene problemas de fondo y tiene que ver con cuestiones demográficas. Mientras baja la tasa de natalidad, sube la tasa de superveniencia o de longevidad. Esto significa que las personas se jubilan y viven mucho más tiempo que antes, lo que implica una imposibilidad de sostener un sistema de proporcionalidad. En otros países se ha recurrido a elevar la edad jubilaría y a equiparar la edad de retiro de las mujeres y los hombres entre 67 y 70 años.

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Argentina tiene un problema adicional y es que hay un 50% de los trabajadores que lo hacen de manera informal, o sea, están fuera del sistema, no pagan, aunque algunos lo hagan como monotributistas, con una pobre expectativa de una prestación mínima. Pero, además, el sistema se vio recargado de 3,5 millones de personas que no habían hecho aportes y otros que les faltaban mediante moratorias muy generosas y hoy está sobrecargado de personas cobrando haberes mínimos con recursos que no alcanzan.

Otro problema es que no se sabe qué sistema aplica la Argentina. 

En el mundo existen los sistemas de capitalización individual, donde cada aportante puede seguir su cuenta jubilatoria y saber cuánto cobrará al retirarse, como lo preveía el sistema de las AFJP, que fue eliminado y que, en realidad, no era viable por las comisiones que cobraban las administradoras y por el alargamiento de las expectativas de vida.

La otra posibilidad es un sistema de reparto, que es solidario y que implica que lo que se recauda se reparte entre todos, sin distinciones. En realidad, esto es difícil de alcanzar porque hay quienes aportan mucho y no están dispuestos a cobrar lo miso que el que aporta menos. Para colmo, la Corte Suprema, a través del fallo Badaro, consagró esta proporcionalidad que es imposible de sostener en un sistema de reparto.

Otra deformación del sistema es la subsistencia de jubilaciones de privilegio. Hay que distinguir esas jubilaciones irregulares de las jubilaciones especiales, conformadas por aportes adicionales a una caja compensadoras, que se hacen en algunos sectores. Los juristas afirman que no se pueden tocar porque son derechos adquiridos, pero nadie ha sabido explicar por qué razón se considera un derecho adquirido en virtud de una norma que es inconstitucional, porque viola el principio de igualdad ante la ley.

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La solución posible sería conseguir que los que trabajan en negro se incorporen al sistema formal. Cuantos más aporten, mayores recursos tendrá el sistema y podría aumentarse de forma genuina los haberes jubilatorios. Si la economía crece con inversiones y crecen el empleo y los salarios, los aportes serán mayores y será otra fuente de crecimiento de las jubilaciones.

Pero todo esto no soluciona el problema de fondo. El Gobierno acaba de reglamentar una moratoria laboral, para que las empresas puedan blanquear a las personas que tiene en condiciones irregulares, pero no ha modificado nada de los impuestos al trabajo, que fueron la causa por las que las empresas, sobre todo pymes, decidieron tener al personal en negro.

La Argentina necesita que el Congreso, con asistencia técnica, abra un profundo debate sobre el sistema jubilatorio porque de no tratarlo debidamente, puede significar un problema gravísimo. Es que, para no bajar las futuras jubilaciones, deberían volver a emitir y generar inflación, si no se termina con los 200 regímenes especiales, con la edad jubilatoria y con la rebaja de los impuestos al trabajo. Hay que decidir si se seguirá aplicando este sistema anómalo o se va al verdadero sistema de reparto o se vuelve al de capitalización.