El gobierno nacional apura el decreto para declarar a la educación como servicio esencial

Mientras el gobierno avanza en la convocatoria a los gremios docentes nacionales para acordar un piso salarial, está redactando un decreto para declarar a la educación un servicio esencial con el objetivo de exigir una prestación mínima ante una medida de fuerza

Mientras el gobierno avanza en la convocatoria a los gremios docentes nacionales para acordar un piso salarial, está redactando un decreto para declarar a la educación un servicio esencial con el objetivo de exigir una prestación mínima ante una medida de fuerza

La reunión aún no tiene fecha, pero todo indica que podría concretarse a mediados de esta semana en el Palacio Pizzurno, sede de la secretaría de Educación con los cinco gremios que amenazan con no iniciar las clases, entre ellos Ctera. 

El encuentro será en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), con lo cual se prevé la presencia de los ministros provinciales. En rigor, lo que se discutirá será el piso de los salarios educativos para que luego cada jurisdicción, partiendo de esa base, marque los propios.

Con el inicio de clases en suspenso por el reclamo sindical y la falta de acuerdo entre las provincias y los gremios, el Gobierno nacional también trabaja para declarar a la Educación como servicio esencial, algo que ya intentó inicialmente con la ley ómnibus y también por el megadecreto 70/23 cuyo capítulo está judicializado.

La negociación alrededor de los salarios docentes que se dará en los próximos días surge del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y no es técnicamente una paritaria nacional, como distinguieron desde el Poder Ejecutivo Nacional. "Lo que Nación convoca es al salario mínimo docente, no son paritarias", recalcaron fuentes oficiales. Entre las explicaciones está que las paritarias solo se dan entre empleadores y empleados y como la Nación no administra las escuelas este no sería el caso. "Las paritarias son provinciales", insistieron en referencia a que el vínculo empleador-empleado es entre los gobiernos provinciales, que administran las escuelas, y los gremios.

"La idea es sentar a todas las partes para que se pongan de acuerdo. La ley te obliga a hacer lo que estamos haciendo, pero no es conceptualmente una paritaria nacional", argumentaron en la Casa Rosada.

 El Gobierno, además, mantiene una pulseada con las provincias por el reparto de fondos que destina la Nación para la educación, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Fuentes oficiales informaron que los fondos "están asegurados  y se encuentran en el Tesoro, con el resto de las transferencias de las provincias" los montos pendientes de 2023, pero no aseguran que el auxilio financiero se mantenga durante 2024. 
"Lo que no está definido es si el FONID sigue. Si sigue es una propuesta superadora", dijo una fuente del área.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue más contundente y sostuvo: "El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo".