Suman pruebas contra exfuncionaria dispendiosa de Rodríguez Saá
Entre otras irregularidades, el 7 de diciembre pasado, a 48 horas de dejar el poder la gestión anterior, la exfuncionaria de Deportes Cintia Rodríguez se autorizó para su club una transferencia de $300 millones.
La Fiscalía de Estado de San Luis consiguió nuevas pruebas contra la exsecretaria de Deportes del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez, por lo que le solicitó al juez de Garantías la habilitación de la feria judicial y una audiencia de formulación de cargos en la causa por la transferencia poco clara de fondos de la cartera a su cargo al San Luis Fútbol Club, que también estaba bajo su presidencia. Entre otras irregularidades, el 7 de diciembre pasado, a 48 horas de dejar el poder la gestión anterior, la exfuncionaria se autorizó para su club una transferencia de $300 millones.
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Todo comenzó en 2022, cuando Ramírez, "ocupando simultáneamente el cargo de secretaria de Deportes de la provincia y la presidencia de hecho del incipiente San Luis Fútbol Club, cuya creación formal se hizo recién en octubre de ese año, desencadenó una serie de acciones que desviaron fondos públicos destinados a la administración deportiva en beneficio propio y de su entidad deportiva privada inexistente en ese momento, pero creada a los pocos meses", dice el escrito, que agrega que "en marzo de ese año, a poco tiempo de ser nombrada, la exsecretaria de Deportes propuso la creación de un ente especializado denominado Ente de Deporte San Luis", que también quedó a su cargo. Vale recordar que el San Luis FC no tiene una sede formal y cuenta con apenas 13 socios activos.
La querella considera que toda la documentación incorporada acredita los distintos cargos que detentaba Ramírez, como así también los movimientos económicos que bajo su influencia se destinaban y concentraban en el San Luis Fútbol Club que ella misma presidía. El Ministerio Fiscal aportó ahora la declaración de dos testigos pertenecientes al Ente de Deportes, que complicarían aún más a la exfuncionaria, por lo que cree que hay indicios suficientes para llamarla a indagatoria.
En cuanto a la compra del ómnibus, la Fiscalía pudo comprobar dos irregularidades importantes. Fue adquirido a la empresa Sematur SRL, que si bien está constituida legalmente, su actividad registrada ante la AFIP consiste en la prestación de servicios de transporte automotor turístico de pasajeros pero nada tiene que ver con la venta o adquisición de vehículos. Además, el valor de mercado del vehículo cero kilómetro es de $270 millones, mientras que Ramírez lo pagó $290 millones y el que adquirió es modelo 2018, por lo que hay un claro sobreprecio.
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Este procedimiento, el de la audiencia de formulación de cargos, es por otra parte un gran beneficio para la propia imputada, ya que es el primer acto formal del proceso totalmente acusatorio en el que podrá ejercer su defensa material.
