Chile autorizaría a levantar el secreto bancario con un proyecto de "Inteligencia económica"
Surge a raíz de un escándalo de coimas. Lo que plantea el proyecto del Ejecutivo trasandino es el trabajo conjunto entre distintos organismos e instituciones que permita recopilar, analizar y utilizar información relacionada con actividades económicas y financieras.
El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel enfatizó en la necesidad de que la iniciativa salga adelante, ya que, a su juicio, fortalecería la persecución de delitos relacionados a la corrupción. Todo surgió luego de que el medio de comunicación Ciper diera a conocer un audio del influyente abogado Luis Hermosilla en el que habla de pagos desde "una caja negra" a funcionarios públicos "en sobres" para obtener información.
La grabación, según el medio, fue realizada en junio en una reunión del jurista con su representado Daniel Sauer, dueño de la empresa de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, multado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que supervisa al mercado de valores chileno. En el encuentro, en el que estaba presente la abogada Leonarda Villalobos, de acuerdo al registro, el reconocido penalista Hermosilla menciona que los dineros irían a personas que trabajan en la CMF y el Servicio de Impuestos Internos (SII), el organismo público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile.
"Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra... porque parte importante de esta huevá [asunto] se arregla con plata [dinero], que se pasan así, se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada [un gran problema], porque estamos atrasados (...) Cuál es la primera huevada [asunto] que hay que hacer aquí: es controlar toda la información que salga del servicio (...) Tenemos que tener control de esa puerta y el que tiene la llave esa puerta es un huevón [un hombre] al que le debemos 10 millones de pesos [unos 11.200 dólares]", dice el abogado en la grabación filtrada por Ciper. Los pagos, se deduce, buscan información privilegiada para favorecer al empresario Sauer.
Según dijo Hermosilla en la reunión, no solo le adeudaban dinero a un funcionario del SII que les entregaba información, sino que a otro de la CMF: "Te juro, de este hueón [hombre] dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás [asuntos]", le dice Hermosilla a Sauer, según el registro de la cita.
En otro momento, el empresario Sauer manifiesta que la cantidad de los pagos de las coimas era baja. "Lo que pasa es que no es mucho. Y son huevás [algo mínimo]. Ahora, no es mucho, pero es constante. Nosotros en los últimos tres años -de nuestra parte cuatro años-, han salido chorros [mucho dinero] para allá. Somos un buen cliente. Con mis huevás, los huevones [los tipos] se llevaron gamba [unos 100 millones de pesos o 112 mil dólares]".
El ministro Marcel reprochó al Congreso su poca capacidad "preventiva". "Qué diferencia haría, probablemente, si es que hubiéramos aprobado dentro de tres o cuatro meses el proyecto de inteligencia económica que sigue sin votarse", criticó.
¿De qué se trata la ley de Inteligencia Económica? ¿Cómo podría la iniciativa impedir que eventuales delitos -como los expuestos en los audios revelados por Ciper- se lleguen a concretar? El proyecto contempla tres ejes: el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y otorgar mayores facultades intrusivas y sancionatorias.
Dentro del primer eje, lo que plantea el proyecto del Ejecutivo trasandino es el trabajo conjunto entre distintos organismos e instituciones que permita recopilar, analizar y utilizar información relacionada con actividades económicas y financieras. Esto, con el objetivo de prevenir los delitos de este tipo. En ese sentido, la iniciativa contempla además la creación de unidades de inteligencia y coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda.
En particular, la idea es instituir este tipo de unidades dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) y coordinarlos con la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Para que todo lo anterior tenga éxito, el proyecto propone facilitar el levantamiento del secreto bancario en caso de existir indicios de conductas ilegales o ligadas a delitos.
En relación al segundo eje -orientado a la prevención y detección- la iniciativa busca establecer requisitos más estrictos en relación a algunas actividades económicas. Así, de la iniciativa se desprende la obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior y la fiscalización y revisión de antecedentes para quienes no presenten antecedentes patrimoniales plausibles.
Por último, el proyecto establece sanciones al transporte de mercaderías ilícitas y normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas.
