Un funcionario nacional es testigo en la causa contra Mauro Aguirre por abusos
Se trata de Martín Sevilla, del PAMI. Participó de una reunión en la que Aguirre habría abusado de una de las denunciantes. La esposa del funcionario también declaró como testigo.
La causa que investiga los supuestos abusos que cometió el profesor Mauro Aguirre contra alumnas de la UNCuyo, cuenta en el expediente con un dirigente peronista que perteneció a la agrupación liderada por el principal acusado (MIN) y que, actualmente, ocupa un cargo a nivel nacional.
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Se trata de Martín Sevilla, actual delegado de PAMI en Mendoza, quien fue parte del Movimiento Integración Nacional (MIN), encabezado por Aguirre, que tenía, a su vez, su "brazo universitario": AUN. En este punto, el funcionario, excandidato a intendente de Capital, aparece como testigo: él estaba en el lugar en el que una de las denunciantes dijo haber sido abusada por Aguirre, pero el dirigente del PJ declaró no haberse dado cuenta de lo ocurrido.
En 2018, alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales denunciaron al profesor por abuso sexual y violencia de género. Inmediatamente comenzó una investigación y Aguirre fue separado de la universidad y quedó imputado.
Sevilla y su pareja, Corina Pía, fueron citados a declarar como testigos frente al fiscal de la causa, Darío Nora. En ese momento, Sevilla sostuvo que había abandonado la agrupación a la que, en declaraciones públicas, tildó de sectaria y remarcó que desconocía los hechos de abusos.
Sevilla podría ser citado a declarar en el juicio contra Aguirre.
Su declaración se basó en relatar el funcionamiento de la agrupación, el rol que cumplía Aguirre dentro de ella y se encargó de remarcar que en el momento en el que supuestamente ocurrieron los abusos, él ya no formaba parte del MIN.
Lo que llama la atención es que estuvo presente el día en el que habría ocurrido uno de los abusos. De acuerdo con el expediente, una de las denunciantes sostuvo que el abuso sexual que habría sufrido ocurrió durante una reunión en la que Sevilla participó.
Si bien en el instante del hecho solo habría estado la víctima y Aguirre, en la causa hay dos imputados que habrían "facilitado" los abusos: por ejemplo, citando a las víctimas a reuniones sabiendo cuál era la intención de Aguirre, o dejando colchones en el suelo para que el profesor pueda violarlas.
Sevilla sobre el hecho no aportó datos frente al fiscal y hasta el momento no hay indicios que puedan comprometerlo en la causa. Memo intentó comunicarse con el funcionario, pero por medio de su responsable de prensa de PAMI indicó que no hará declaraciones públicas respecto a temas ajenos a su función como Director Ejecutivo de PAMI.
El expediente actualmente esta en la Corte y Nora espera la resolución de una serie de planteamientos para finalmente ir a juicio.
La causa
La causa tiene a Mauro Aguirre como imputado por siete hechos de abuso sexual agravado por su rol de educador y en caso de ser hallado culpable podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
Mauro Aguirre.
El hecho salió a la luz en 2018 cuando siete alumnas lo denunciaron por violencia de género y abuso sexual. Los abusos fueron ventilados durante un Encuentro de Mujeres y de inmediato pasaron a la Justicia.
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Las víctimas indicaron que habían sido abusadas en las reuniones que realizaba la Agrupación Universitaria Nacional (AUN).
Para esto, Aguirre habría contado con "ayudantes" o "facilitadores", quienes dejaban solas a las chicas con el profesor para llevar adelante las vejaciones.
Asimismo, para ingresar a la agrupación las víctimas eran obligadas a no tener parejas, y dejar de tener contacto con sus familias.
Junto a Aguirre fueron acusados como partícipes Lucía Fernández y Mario Codoni, dos ex alumnos de la UNCuyo. Mientras que el cuarto de los imputados que tenía la causa, Leandro Fontán, fue sobreseído por falta de pruebas.
La Cámara de Apelaciones absolvió parcialmente a los todos los partícipes, por lo que la fiscalía y la querella presentaron un recurso de casación que deberá resolver la Corte.
Según la parte acusadora, todos los imputados deben llegar a juicio y en esa instancia debería resolverse la situación judicial de cada uno. La Corte tiene la última palabra y es la que decidirá quiénes se sentarán en el banquillo de los acusados.
