El Sector Seguridad del Estado argentino: un caos entre el despilfarro y la desorganización

La Argentina es un país extraño. Tiene un Estado elefantiásico. Un gasto desbordante. Una macroeconomía que cruje. Y mientras todo esto sucede un gobierno nacional intenta evitar lo peor con algunos recortes minimalistas del gasto. Sin embargo el Sector Seguridad, es decir, aquel compuesto por aquellos organismos con responsabilidades para prevenir, responder y mitigar las amenazas y riesgos que impactan o pueden impactar en la sociedad, se encuentra, por ahora, intocable, con ineficiencias y redundancias abundantes. Como un reloj mal diseñado compuesto por engranajes que no encajan unos con otros. Incapaz de cumplir con su razón de ser, tal como sucede en los países que vemos como paradigma, según el prisma de las ideas y convicciones de cada uno.

Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Defensa que no nos defiende. Públicamente, autoridades civiles y militares no reconocen una amenaza clara que justifique para que están. Intentan balbucear algo con respecto al Atlántico Sur y la Antártida, pero todo es confuso. Y mientras el ciudadano común no sabe como pagará las cuentas por venir, impúdicamente se encuentran comprando aviones de combate, submarinos y blindados sin saber para qué y contra quién. Se ufanan por la creación de nuevas unidades militares en algunas provincias tal como si nos hiciese falta una especie de Guardia Nacional que tiene que cubrir territorio pero tienen una dotación militar menor a la Policía Bonaerense y -por supuesto- hace inviable un despliegue territorial extendido en un país con la amplitud geográfica como la Argentina. Estas compras ocurren cuando los incendios arrecian en todo el país y el Estado no cuenta con una flota aérea idónea y eficaz para el combate del fuego. No hay una prioridad.

Y mientras el Estado Nacional muestra una organización de tres poderes y un Ejecutivo abundante de Ministerios y Fuerzas de todo tipo y tenor, todo luce impotente ante un pequeño grupo de mapuches que reclaman un territorio independiente de la Argentina, le quitan al Estado la propiedad de una unidad militar y producen actos vandálicos y violentos de todo tipo en la Patagonia, en una de las ciudades más emblemáticas para el turismo. Un escenario que le da una visibilidad total a la inoperatividad de un Estado fallido para actuar conforme a las expectativas que se esperan de él.

Por otro lado, noticias recientes sobre el narcotráfico exponen que no hay scanners aptos y suficientes para impedir sus operaciones que traen como consecuencia un narcomenudeo que expone a miles al flagelo de las adicciones y al peligro de la violencia narco. La Aduana increíblemente aquí es un organismo de recaudación. No un organismo de seguridad. La frontera es un agujero negro ¿No es allí donde debiera priorizarse las inversiones?

Un posible accidente nuclear en el complejo nuclear Atucha podría ser la peor amenaza antrópica que pudiera afectarnos. Y solo hay intenciones de aumentar el número de centrales y poco o nada se habla de inversión en seguridad nuclear dentro o fuera de planta para prevenir, responder o mitigar un riesgo como éste. El país no cuenta con ninguna capacidad para atender población masivamente irradiada. El desastre podría ser de dimensiones impensadas y catastróficas. Un atentado terrorista allí podría ser letal. Solo nos queda cobijarnos en la ignorancia.

El Poder Ejecutivo posee una Jefatura de Gabinete de Ministros y hasta una Secretaria de Asuntos Estratégicos, es decir, un par similar al secretario de Seguridad Nacional de los EEUU, pero nadie puede poner una prioridad en el ámbito de la seguridad. Reuniones de Ministros, decisiones administrativas, etc. Todo inútil.

Pero obviamente esto no es solo una cuestión del Poder Ejecutivo. El Sector Seguridad de un Estado se integra con organismos de los tres poderes. El Poder Legislativo posee comisiones vitales para el funcionamiento de toda la seguridad del país. ¿O no es acaso así, por ejemplo, con la Comisión de Inteligencia? El Poder Judicial y el fuero penal en particular tienen la función de mitigación de aquellas amenazas que impactan bajo una tipificación penal. Ni hablar del Ministerio Público Fiscal y su rol en la Aplicación de la Ley, fundamental para responder. Por el carácter de auxiliar que tienen algunas agencias y fuerzas del Ejecutivo con respecto al Poder Judicial y el formato de organización que disponemos, un juez o un fiscal son la cabeza determinante y responsable de toda la acción del Estado. Cabezas que fallan. Rosario, un claro ejemplo. Un caos.

Entonces, ¿para qué tener este Sector Seguridad así tan mal organizado y sin prioridades de ningún tipo? ¿No es hora ya de dejar atrás el despilfarro y la desorganización?