Hay 25 comunidades mapuches en Malargüe y San Rafael con reclamos territoriales
Gabriel Jofré puntualizó que ya son 8 las comunidades que tienen personería jurídica pero la justicia pone en duda sus papeles.
Un proyecto de declaración de la diputada Laura Chazarreta, del Frente de Todos, reveló que en Mendoza hay varios "lof" mapuches en la zona de Malargüe y San Rafael que se encuentran reclamando territorios.
Chazarreta contó a Memo que su proyecto hace referencia a un relevamiento que "no se había hecho y recién ahora va a empezar a hacerse", y que la importancia de que se realice este censo de las comunidades mapuches es porque "están en peligro por procesos judiciales para desalojarlas, estas familias viven ahí históricamente y ponen de excusa ciertas titularidades que no están comprobadas pero que son de sectores de mucho dinero que quieren aprovechar esas tierras para actividades turísticas."
La diputada agregó que "hay una discriminación por ser comunidades mapuches por parte de un sector blanco burgués que quiere esas tierras."
Por su parte, Gabriel Jofré, miembro de una de las comunidades y activista en defensa de los derechos de los mapuches en Mendoza, explicó a Memo que en la provincia hay más de 25 comunidades que solicitan la personería jurídica, de las cuales 8 comunidades ya la tienen y otras 6 ya fueron relevadas y están en proceso de obtenerla.
El conflicto es principalmente territorial y algunos involucran tierras fiscales y otras tierras que reclaman privados, pero Jofré reclama que la provincia no cumple con las leyes que dicen que debe haber una oficina de representación de cuestiones indígenas y "acá no existe."
Explicó que la personería que los reconoce como mapuches es un trámite que se hace en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, pero luego la justicia pone en duda la validez de esos registros.
El Ejército apeló al fallo que lo obliga a entregar tierras a una comunidad mapuche
"El Poder Judicial de la provincia, y la Corte en particular es la que se está extralimitado porque con sus sentencias avanzan sobre otro poder del Estado", reclamó Jofré, al tiempo que recuerda que esos derechos están contemplados en la Constitución Nacional.
La Carta Magna, en el artículo 75, le da como atribución al Congreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones."
Jofré puntualizó que "ahora el problema resurge con la entrega de tierras para El Azufre. Nosotros venimos reclamando sobre esas tierras hace años pero para hacer el emprendimiento turístico se resolvió en tiempo récord" y agregó que parte de esas tierras pertenecen a comunidades mapuches. "Cuando hubo lío recién ahí se determinó una comisión de tierras fiscales." Sin embargo, destacó que para el proyecto de Portezuelo del Viento sí se los llamó y participaron y "fue un proceso modelo de consulta."
Sobre la posibilidad de hacer el reclamo mediante la Ley de Usucapión (otorga derechos de propiedad por el uso durante determinado tiempo de la tierra), Jofré explicó que "nosotros no pedimos la tierra como una mercancía sino como parte de nuestra identidad, nosotros no hablamos solo de tierra sino de territorio. Si fuera sólo un pedazo de tierra es una cuestión inmobiliaria catastral, pero en los territorios ocupados por las comunidades indígenas la Constitución dice que se debe aceptar la posesión comunitaria de la tierra y esa forma de propiedad está garantizada en la Constitución. Por eso nosotros decimos que tiene que haber una ley especial de la posesión comunitaria y por eso nuestro reclamo no es a privados sino al Estado".
Finalmente, el mapuche explicó que "hay una idea de instalar que todos los mapuches somos violentos, pero no es así, nosotros somos ciudadanos argentinos y respetamos la ley argentina".