Qué proponen los que quieren reemplazar el Poder Judicial por un "servicio de Justicia"

Este martes 1 de febrero, el peronismo gobernante, en sus diversas expresiones, liderados por el piquetero Luis D'Elía, avanzará en una movilización que busca destituir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el organismo que conduce uno de los tres poderes establecidos por la Constitución.

Emerge el proyecto de uno de quienes propuso su eliminación y que este martes dará un discurso en la marcha: se trata del esbozado por el escritor Mempo Giardinelli y que fue el primero en hablar primero, de una sustitución del Poder Judicial para reemplazarlo por un "sistema de justicia", y luego fue acomodando hábilmente la propuesta hacia el término de "democratización" del sistema judicial argentino, una forma de blanquear que se lo quiere tener del lado del que gana las elecciones abiertamente, y no veladamente, como en la realidad suele ocurrir.

El problema del planteo kirchnerista es que si bien ahora nadie aplaude de pie el funcionamiento de la Justicia, existen mecanismos de control que impiden que se incline en forma total, unánime y deliberada en favor del gobernante.

Por otro lado, el peronismo no ha exhibido en cuál provincia que controla ha logrado una "justicia democrática", merecedora de ser mostrada como el ejemplo a seguir.

Mempo Giardinelli propuso, desde su tribuna dogmática del diario Página/12, lo siguiente, que puede ser tenido en cuenta como uno de los pilares de la embestida para derrocar a la conducción de la Corte:

- "En el Ideario del Manifiesto Argentino sostenemos desde hace años que 'es urgencia republicana inmediata que el actual Poder Judicial de la Nación sea declarado en comisión por el Estado Democrático, con un hiato jurídico de entre seis y dieciocho meses durante los cuales se creará una Nueva Judicatura en todo el país y en todos los fueros, mediante concursos de antecedentes y oposición ante jurados integrados ad-hoc por respetadas personalidades y juristas de todo el mundo'".

- "A la vez, se toma partido por el sistema de Juicio por Jurados y se plantea que 'la nueva Corte Suprema de Justicia será reorganizada con por lo menos 9 miembros elegidos por votación popular y con desempeño de funciones durante un máximo de 10 años, no renovables. La magistratura será sujeto fiscal sin privilegios y pagará impuestos como la ciudadanía toda'. Y se aclara que para esta propuesta 'la declaración en comisión que postulamos se refiere específicamente al funcionariado superior, en particular jueces y fiscales (no a jefes intermedios o empleados)'".

- "En cuanto a 'la organización, control y eficacia del nuevo Sistema Judicial será supervisado por la nueva Corte Suprema, y el Congreso de la Nación apoyará y controlará (...) con leyes y medidas excepcionales para superar la emergencia durante ese lapso y dejar encarrilada una nueva Administración de Justicia. La reorganización total del Sistema Judicial y de la carrera judicial deberá ser aprobada finalmente en plebiscito nacional, previa intensa y pedagógica campaña cívica popular'".

- "Preventivamente, al cabo se postula: 'La declaración del actual Poder Judicial en comisión, en todo o en parte, carecerá absolutamente de validez si acaso el actual gobierno lo intenta mediante decretos de necesidad y urgencia'."

Quiénes convocan y quiénes rechazan en Mendoza la marcha del #1F contra la Corte

Además, al iniciarse el año, el Manifiesto Argentino que reúne a intelectuales del peronismo kirchnerista, emitió un documento en donde remarcó, corrigió y subrayó sus intenciones.

Dice lo siguiente, textualmente:

La Corte Suprema, la Justicia, la Democracia y la Paz en la República

El Manifiesto Argentino acompaña al Juez Federal Dr. Juan María Ramos Padilla en su público reclamo de renuncia de los cuatro ciudadanos que hoy conforman la Corte Suprema de Justicia.

Entendemos que esta exigencia, que hacemos nuestra y es de toda necesidad y urgencia, es compartida por millones de compatriotas en todo el territorio nacional. Así lo impone la defensa de la institucionalidad de la República, porque, en palabras del mencionado Juez, "sin Justicia nadie puede resolver los conflictos internos, y así aparece en riesgo la Paz Social".

Según la Constitución Nacional el Poder Judicial es esencial para la vida en democracia, pero es un hecho ya inocultable que desde hace muchos años, y de manera sistemática, la impartición de Justicia en forma pacífica, sostenida y ecuánime está absoluta y generalizadamente cuestionada en el seno del pueblo argentino. El cual se siente amenazado y desprotegido por la práctica sectaria, clasista, escandalosamente demorada, sospechada de corrupciones sistemáticas y caprichosamente adecuada a los intereses de las clases oligárquicas y los empresariados más poderosos, lo que torna ya insostenible el desproporcionado poder que hoy acumulan los cuatro jueces de la actual Corte Suprema de Justicia, prácticamente sin controles republicanos, absolutamente desprestigiados, sobrados de sospechas de corrupción y con una impudicia decididamente antidemocrática.

El Manifiesto Argentino también considera que es urgente restablecer el imperio de una Justicia que sea confiable para la ciudadanía, capaz de prácticas y sentencias institucionales que coloquen al Poder Judicial de la Nación en favor de la resolución ponderada, justa, ecuánime y pacíficante de todos los problemas de nuestra sociedad, en todos los fueros y circunscripciones y siempre estrictamente apegados a Derecho.

Por todo lo anterior, mínimamente, El Manifiesto Argentino reclama la renuncia inmediata e incondicional de los actuales 4 (cuatro) conjueces de la Corte Suprema de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, los ciudadanos Horacio Daniel Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

DOCUMENTO El Poder Ejecutivo ataca a la Corte para destruir la independencia judicial

Asimismo, ante la existencia de una oposición no dispuesta a trabajar una política de Estado, que permita superar la problemática básica del funcionamiento del Poder Judicial en la que estamos sumidos, se solicita al Presidente de la Nación la convocatoria a una consulta popular no vinculante, con carácter de urgente, conforme lo dispuesto por la ley 25432, ampliando el número de las y los ministros de la Corte a nueve o más, y con la exigencia de que se cumpla estrictamente el Decreto 222/03, especialmente con irrestricto respeto a la integración con paridad de género y con una representación federal verdaderamente representativa en el máximo Tribunal del país.

Y en esa tesitura, El Manifiesto Argentino también propone que el Congreso de la Nación disponga el inmediato llamado a una Reforma Constitucional abierta y sin condiciones, para que el Pueblo Argentino pueda debatir y modificar, libre y horizontalmente, todo el articulado actual. De donde sin dudas resultará una verdadera Carta Magna que la ciudadanía toda sabrá honrar y acatar.

En la República Argentina, 8 de enero de 2022. Mesa Nacional de El Manifiesto Argentino.

Qué versión de democracia tiene El Manifiesto Argentino 

A continuación, y textual, el ideario de quienes impulsan la marcha para derrocar al Poder Judicial y reemplazarlo por otro:

El Manifiesto Argentino

Por la Constitución y la Paz, y por una Patria igualitaria, en 2016 como en 2001 y como siempre

MANIFIESTO A LA NACION

"Por una Alternativa Argentina"

Como desde 2001 en Resistencia, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Reconquista, muchos ciudadanos/as argentinos sentimos la imperiosa necesidad de manifestarnos ante la crisis que vive nuestro país, hoy en manos de un gobierno y una dirigencia antinacional, antisocial y prebendaria, que desde hace ocho meses afecta severamente las instituciones republicanas, desmerece todas las conquistas sociales alcanzadas en el último siglo y pone en peligro la PAZ en la nación y en la región enteras.

Esta crisis evidencia que el modelo económico impuesto a la Argentina en los años ´90 del siglo pasado -y que en 2016 se repite calcado y agravado- está exclusivamente al servicio de los ricos, los poderosos, los corruptos y los especuladores, y en contra de un pueblo que ha dado y sigue dando infinitas pruebas de ser manso y trabajador. Y evidencia también que las importantes transformaciones llevadas adelante por el gobierno anterior no fueron suficientes ni todas tuvieron la consistencia necesaria, y no se aseguró la continuidad del rumbo correcto.

La economía de genuflexión vigente hoy se caracteriza por la entrega de recursos y el servilismo en beneficio de capitales anónimos y antisociales, la mayoría extranjeros, así como de corporaciones, banqueros, empresarios, especuladores y políticos nacionales en muchos casos corruptos, que con tal de obtener más ganancias imponen políticas irresponsablemente antipopulares. Y todo con la complacencia de organismos internacionales autoritarios e insensibles.

Igual que sostuvimos hace años, quizás el gran error que reiteradamente hemos cometido muchos argentinos consistió en dejar que grupos sectoriales mezquinos e inmorales, del campo político y económico, mediático y judicial, monopolizaran las decisiones. Por mantenernos fuera de esas componendas, y porque elegimos seguir siendo decentes y trabajadores, la inmensa mayoría de los argentinos no nos involucramos como hubiéramos podido y, quizás, debido.

Así fue que las dirigencias de la Anti-nación que manejaron nuestro país en los 90, y que ahora gobiernan nuevamente con el único afán de restaurar un conservadurismo despiadado que consolide sus intereses concentrados, vuelven a vaciar casi todo el patrimonio público argentino: la educación, la salud, la previsión social, la industria, la banca nacional, los transportes, el petróleo, el manejo nacional de granos y de carnes, la electricidad, el gas, las aguas corrientes y los servicios sanitarios, los teléfonos, las telecomunicaciones y las tecnologías digitales, la investigación científica y técnica y mucho más. En sólo ocho meses han dejado sin trabajo a casi 200 mil argentinos, aumentaron la pobreza y crece el hambre en los desposeídos, siguen destruyendo la producción, el empleo y el crédito, y corrompen todas las formas de organización constitucional, incluida la integración de la Suprema Corte de Justicia.

Estamos frente a una política gubernamental que busca la concentración de la riqueza y del poder, y para ello impulsa la despolitización de la sociedad y reduce drásticamente la democracia. Y ello, a la vez que llevan a sectores amplios de nuestro pueblo al desánimo, y a muchos jóvenes al renovado, enfermizo deseo de irse del país. En todos los órdenes, están modificando negativamente la vida del pueblo trabajador, provocando un retroceso social, laboral y de dignidad nacional impresionante y notorio.

Frente a una crisis de semejante tamaño y gravedad, el Pueblo Argentino está empezando a reaccionar porque la situación se agrava día a día y exige una urgente y clara respuesta cívica, democrática y pacífica.

Este Manifiesto se pronuncia además, irrestricta e incondicionalmente, por una Argentina sin presos políticos en democracia. Por la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Y por el juzgamiento y condena a los responsables empresariales, financieros, mediáticos, religiosos y civiles del terrorismo de estado.

Sabemos que así como la Anti-nación modificó negativamente la vida nacional en menos de un año, el Pueblo Argentino un día va a recuperar los resortes del poder institucional y tendrá que hacerlo a igual velocidad y con la misma o mayor decisión. La democracia puede ser revolucionaria y estará en nosotros plasmarlo. Sobre todo en cuestiones que exigirán profundas medidas urgentes. Si reculan el país por decreto, por decreto será la restauración.

Para contribuir a un renovado ideario nacional este colectivo, igual que en 2002, quiere ofrecer a la ciudadanía posibles alternativas en aras de esa futura, ineludible recuperación.

El Manifiesto Argentino llama nuevamente a resistir la disolución nacional en base a la siguiente Propuesta Alternativa liminar.

1. Nuestras ideas básicas:

• La salud, la educación y la previsión social son asuntos de responsabilidad estatal básica. El papel rector del Estado es irrenunciable e insustituible.

• El manejo de los recursos naturales en todo el territorio nacional es misión y función exclusiva y excluyente del Estado Argentino.

• El Estado Argentino debe ser garante de la igualdad y no de la desigualdad que impone el capitalismo neoliberal. Las políticas sociales no son ni deben ser medidas asistenciales sino derechos reconocidos por el Estado y la sociedad.

• El Estado Argentino debe garantizar asimismo el habitat y los servicios públicos, impidiendo que el mercado sea el principal y a veces único referente de las decisiones políticas.

• La República Argentina debe sustentar su Soberanía Integralmente frente a los poderes mundiales. Concebida en un doble carácter Nacional y de Unidad latinoamericana, abierta a todos los pueblos del mundo sin ningún tipo de sometimiento. Y desde esa concepción de mundo multipolar y culturalmente diverso, promotora de la paz con paz, y no integrada a ningún dispositivo guerrerista internacional.

• Repudio y suspensión de pago de la deuda externa pública constituida por el gobierno que está en funciones desde Diciembre de 2015.

• Inicio de gestiones internacionales tendientes a la recuperación de más de 300.000.000.000 (trescientos mil millones) de dólares en manos de acaparadores argentinos, particulares o empresarios, que están en bancos y/o cuevas llamadas "paraísos fiscales" de todo el mundo.

• Suspensión de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura y todas sus reglas concomitantes, y creación de un sistema bancario nacional, potenciando el Banco de la Nación Argentina para el fomento agrícola e industrial, y creando un nuevo Banco Hipotecario del Estado que administre, financie y provea créditos para recuperar y fortalecer el Plan Procrear.

• La Transparencia de todos los actos públicos y/o de gravitación social será Política de Estado: la democracia debe caracterizarse por la transparencia, y por lo tanto debe prestarse especial dedicación a la lucha contra toda forma de corrupción. Constituirán ejes de esta política: a) Un marco legal basado en el principio de la desconfianza y no del idealismo, con leyes que reconozcan y admitan las contradicciones de la naturaleza humana y sus debilidades, pero que dificulten sobremanera las posibilidades de que lo corruptible en efecto se corrompa; b) Un Poder Judicial independiente, orgulloso de su independencia pero controlado por el Poder Legislativo y por un sistema de monitoreo a cargo de organizaciones de la sociedad civil; c) Una opinión pública atenta, vigilante y desconfiada, que se logrará a partir de la fuerte limitación estatal a todo monopolio comunicacional; d) Una sostenida campaña nacional de educación cívica y moral, orientada a que la sociedad sepa ejercer control y fiscalización.

• El Estado Democrático es parte esencial de la lucha contra la impunidad. El reclamo de Verdad, Memoria y Justicia no es sólo un asunto de las víctimas sino del conjunto de la sociedad. La visión del actual Presidente, que niega el terrorismo de estado al postular la existencia de una "guerra sucia" no sólo atrasa más de 30 años, sino que busca ocultar evidencias y cancelar los procesos judiciales a los genocidas que ejecutaron un plan cívico-militar sistemático de represión, que instaló un modelo político y económico antisocial en favor de las grandes corporaciones y el capital financiero.

• Se deben garantizar la igualdad y el pluralismo religioso, eliminando la legislación vigente promovida por la última dictadura civico-militarreligiosa que creó privilegios para la Iglesia Católica. Se debe separar el Estado de los grupos religiosos y se deben eliminar los símbolos religiosos en el Poder Judicial, el Parlamento y todos los edificios públicos. La laicidad debe ser un proyecto que democratice e iguale en la sociedad y en el Estado las diversas creencias y convicciones.

• Una nueva Política de Medios de Comunicación exige la terminación de todos los monopolios y el acotamiento legal de los llamados multimedios a fin de que sólo les sea permitido expandirse en forma horizontal y no monopólica.

Esto significa que los medios televisivos no puedan ser propietarios de diarios o radios, ni éstos propietarios de sistemas de televisión, siguiendo el modelo de organización y control de la propiedad de los medios de comunicación que rige nada menos que en los Estados Unidos. Se cumplirá estrictamente la llamada Ley de Medios, y se mejorará de manera concreta y real su aplicación en beneficio de sistemas de radio y televisión comunitarios y alternativos, garantizando de manera equilibrada la pluralidad informativa y la libertad de expresión. El Estado fortalecerá la radio y la televisión públicas no gubernamentales, con directivos surgidos de concursos transparentes y públicos en base a antecedentes profesionales, con gestión temporalmente limitada y con programación y gestión sometidas a control ciudadano.

• Reorganización y fortalecimiento del Sistema Cooperativo que le dio grandeza a la Argentina, hizo docencia en principios de democracia y solidaridad, y es importante creador de empleos.

• Plan de Salvataje de Emergencia para Pymes, con fuerte impulso a la generación de empleos, con créditos blandos y orientadas a la creación de valor y a la exportación, con control de importaciones de todo lo que se produce en nuestro territorio.

• Plan de Desarrollo para pequeños propietarios agrícolas, fomentando la producción y el arraigo en todas las unidades agrarias de menos de 400 hectáreas, garantizándole a los productores un sistema de precios sostén y subsidiando la actividad agropecuaria de pequeños productores y cooperativas como lo hacen los Estados Unidos y Europa, con el doble objetivo de estimular su producción y favorecer el arraigo. Deberán establecerse Políticas Públicas Diferenciadas, ya que no es justo, ni lógico, tratar a todos los productores por igual cuando son tan desparejos. El Estado Democrático no puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. No es lo mismo un productor que tiene 50.000 hectáreas que uno que tiene 100, ni éste es igual a los campesinos sin tierra.

• Recuperación del manejo de todos los recursos naturales como función exclusiva del Estado. Se trata de re-censar todos los bienes públicos nacionales, provinciales y municipales, muebles e inmuebles, de uso o de servicio, territoriales y edilicios, acuáticos y del subsuelo, los que deben ser inventariados y sometidos a un régimen legal especial de preservación y gestión eficaz. Es urgente un Plan de Desarrollo Sustentable para las actuales y futuras generaciones con la reasignación de recursos para la prevención de desastres ambientales, la definitiva prohibición de la deforestación, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y la pérdida de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables. Urge reforestar provincias enteras (como Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Salta y Chaco). La Educación Ambiental debe ser incorporada en todos los niveles educativos.

• Se anulará por decreto el régimen antinacional de "extranjerización de tierras" que el gobierno actual autorizó por decreto 820/16, y se restablecerá la "Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales" de la ley 26.737 aprobada por el Congreso en 2011.

• Programa de Reorganización de Empresas del Estado en áreas estratégicas, para evaluar la viabilidad, recuperar y eventualmente refundar organismos como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, Conicet, una nueva flota marítima y fluvial del Estado, reformulación del Fomento al Comercio Exterior, así como de estímulos y protección de la investigación científica y tecnológica.

• Replantear el Sistema Impositivo Argentino, garantizando mecanismos de control para asegurar una verdadera equidad fiscal, estableciendo el principio de que inexorablemente han de pagar más quienes más tienen y más ganan. El Poder Judicial en pleno, como toda la ciudadanía, debe pagar impuestos. Toda actividad bancaria y/o especulativa y/o financiera también, y en esos casos los impuestos deberán ser proporcionalmente mayores a los que se aplican a las actividades productivas. Se estudiará la aplicación del principio de que las actividades que generen empleo genuino puedan pagar menos impuestos.

• El Sistema Aduanero Nacional debe ser reorganizado, desburocratizado, moralizado con urgencia, dotándolo de firmes, modernos y múltiples sistemas de control por parte de la ciudadanía.

• Promover, en el marco de la plena autonomía y libertad sindical de los trabajadores, la creación de una nueva y única Central de Trabajadores, que coordine un sistema de afiliación voluntaria, en defensa de los intereses de obreros y empleados de todas las actividades, por rama de la producción o servicios, asegurando un eficaz sistema de recambio dirigencial periódico, sin reelección y mediante el voto directo de todos los asalariados. Se estudiará la adopción de un sistema sindical federal que garantice la equitativa participación y representación del universo trabajador de todo el país, cuya central podría estar en Córdoba, dada su historia industrial y por ser centro geográfico del país.

• Establecer para la República Argentina el Principio Básico de que ningún cargo político podrá ser desempeñado por una misma persona por más de ocho años continuados. Por ninguna persona, en ningún ámbito (nacional, provincial o municipal). Ni por elección ni por designación. Quienes hayan desempeñado cargos políticos (uno o varios) durante ocho años seguidos no podrán desempeñar otros cargos, en ningún ámbito público y sin excepción alguna, por los siguientes cuatro años continuados. Deberán volver a la vida privada y sólo podrán reincorporarse a la función pública luego de esos cuatro años y por otros ocho. Las "carreras" políticas, empresariales, deportivas, sindicales, educativas y otras vitalicias quedarán acotadas de este modo y la Política será, así, un auténtico servicio público. Este principio debe adquirir rango constitucional.

• Las Fuerzas Armadas volverán al régimen legal democrático sancionado por el Congreso de la Nación, tal como rigió hasta Diciembre de 2015.

• Se recuperará la Política Exterior en el sentido desarrollado por el gobierno anterior, reafirmando nuestra autodeterminación y trabajando por el fortalecimiento del Mercosur, la Unasur y todo lo que coadyuve a la unión sudamericana como camino para lograr una definitiva soberanía nacional y continental, promotora de la paz con paz, y que no integre dispositivos ni alianzas guerreristas internacionales disfrazadas de políticas de "seguridad" bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

• En materia de Lucha contra el Narcotráfico, se abandonarán los modelos y estrategias prohibicionistas y el enfoque punitivo del consumo. La lucha contra los narcopoderes no debe militarizarse ni descontextualizarse del respeto a los Derechos Humanos. Este colectivo adhiere, en general, a las propuestas del CELS y otros organismos que trabajan seriamente asociando la Seguridad a los Derechos Humanos.

• Los llamados "Servicios de Inteligencia" también volverán al régimen legal democrático sancionado por el Congreso de la Nación, tal como rigió hasta Diciembre de 2015, desde que se creó la Agencia Federal de Informaciones (AFI).

• Se restaurará una Política Cultural que retome las mejores realizaciones del gobierno anterior, recupere y fortalezca los organismos y nucleamientos de artistas y creadores, reconozca los derechos y las expresiones de todos los pueblos originarios de nuestro país, con especial énfasis en el desarrollo cultural de cada una de las provincias. El Ministerio de Cultura de la Nación deberá ser desburocratizado y reconvertido en un ágil organismo ejecutivo, coordinador de políticas y planes de interés cultural con sentido nacional y latinoamericanista. Se impulsará una Ley Nacional de Mecenazgos, como ya tienen algunas provincias con excelentes resultados y debida transparencia.

• Las Políticas Educativas se reorganizarán para volver a garantizar la educación pública gratuita obligatoria y con sentido nacional y social en todos los niveles y obligatoria hasta los pre-universitarios, normando y asegurando la educación privada -laica o confesional- como sistema complementario y autónomo. Asimismo, se garantizará el financiamiento educativo que fija la Ley 26.075. Se respetarán los desarrollos regionales y locales de los proyectos educativos, así como la participación de las asociaciones de docentes y de padres de familia que deseen intervenir en la reelaboración de contenidos pedagógicos. Asimismo, todos los financiamientos (nacionales e internacionales) deberán ser auditados y controlados por la ciudadanía, a través de asociaciones o federaciones de cooperadoras, las cuales reportarán los resultados de sus controles y auditorías al Consejo Federal de Educación que norma la Ley Nacional 26.606, el cual deberá ser reformulado a fin de que las decisiones educativas de interés nacional sean vinculantes y de aplicabilidad en todo el país. Se convocará al estudio de sistemas de evaluación educativa con sentido nacional y latinoamericanista: ello hace tanto a la evaluación de los aprendizajes, como de las instituciones y del sistema educativo mismo. Deberá incorporarse el estudio de principios de Filosofía, Lógica y Ética desde el nivel secundario en todo el país. Se establecerán dispositivos que aseguren la cobertura y retención del estudiantado en todos los niveles. Se promoverá la educación técnica y la de adultos; también la educación popular operada por iniciativa de ONGs, cooperativas, empresas recuperadas y organizaciones territoriales.

Deberá debatirse y sancionarse una Ley de Educación Universitaria, que reasegure, profundice y actualice los principios y las mejores tradiciones de la Reforma de 1918, que explicite a la Educación Superior como un bien público y como un derecho, e incorpore la materia Ética Profesional en todas las carreras universitarias, públicas o privadas. Se tenderá a la máxima descentralización posible de los establecimientos universitarios, a fin de permitir el acceso más democrático y abierto fuera de los grandes centros urbanos. Se eliminará toda forma de arancelización encubierta. Y se promoverán sistemas de becas en todos los niveles, para favorecer que los sectores sociales menos favorecidos tengan opciones de acceso al sistema educativo.

• Una Reforma Política es necesaria y urgente. La ciudadanía necesita recuperar la confianza en el sistema político, para lo cual debe instalarse primero el debate en la sociedad. El principio constitucional de que "el pueblo argentino no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes" está cuestionado desde hace muchos años y es necesario que la ciudadanía vuelva a confiar en sus representantes y para ello es indispensable un cambio profundo, que debe incluir una Reforma Constitucional democrática e inclusiva que sepa crear formas de participación popular no delegativas. Es imprescindible revisar y reformular, con serenidad y cordura, todo el sistema de representatividades vigente en la Argentina, así como es menester formular  UN NUEVO PACTO FEDERAL entre todas las provincias argentinas, incluyendo, si fuere necesario, una modificación geográfica de las entidades federadas que acabe con el vigente sistema chantajista de co-participaciones.

La Reforma Política debe abarcar el perfeccionamiento del sistema electoral mediante voto popular en urna, con firme rechazo a la maniobra del gobierno actual que pretende tramposamente "tecnologizar" el voto, lo que da más posibilidades de manipulación e imposibilita el control popular del sufragio.

Esta Reforma debe incluir, además, nuevos modos de financiamiento de la política que terminen con las formas ilegales de aportes, tanto de particulares como de empresas, y especialmente de los grandes grupos económicos y mediáticos que se adueñan de los Partidos. Es clave para ello fortalecer el rol del Estado y del presupuesto en sustentar todas las instituciones, incluidos los Partidos y las campañas electorales.

El Poder Legislativo debe ser repensado completamente, lo que incluye debatir el sistema bicameral, así como el número de legisladores, grado de representatividad, dotaciones de personal, eliminación de gastos reservados y otras prerrogativas, y asegurar el control ciudadano de la gestión legislativa.

Estas y muchas otras decisiones son gravitacionales para el funcionamiento de la democracia, y deben ser meditadas, consultadas con expertos, evaluadas con serenidad y decididas luego de un debate nacional serio y profundo, que garantice la libre expresión de toda la ciudadanía. Y las decisiones finales deberán ser sometidas a un plebiscito nacional vinculante.

• Para poner en marcha todo lo anterior, es urgencia republicana inmediata que el Poder Judicial de la Nación sea declarado en comisión por el Estado Democrático, y que la Corte Suprema de Justicia sea reorganizada con nueve miembros elegidos por votación popular y con desempeño de funciones por un máximo de 10 años, no renovables.

La declaración del sistema de Justicia en comisión, en todo o en parte, carecerá absolutamente de validez si acaso el actual gobierno lo intentara mediante decretos de necesidad y urgencia.

La declaración en comisión que postulamos se refiere específicamente al funcionariado superior, y en particular a jueces y fiscales (no a jefes intermedios o empleados judiciales) y deberá extenderse por lo menos por 12 meses, bajo la conducción, organización y supervisión de esa nueva Corte Suprema. El Congreso tendrá como misión fundamental y prioritaria el acompañamiento con leyes y medidas excepcionales, para superar la emergencia en ese lapso y dejar encarrilada una nueva administración de justicia. La reorganización total del Poder Judicial y de la carrera judicial deberá ser aprobada mediante un plebiscito nacional, previa una intensa y pedagógica campaña cívica popular.

• Cambiar y sí poder. Podemos proponer muchas más cosas y lo haremos. Una voluntad sincera de cambio nace de la voluntad de modificar la realidad, los sueños y los imaginarios en beneficio de las mayorías ciudadanas. El cambio en la vida en sociedad siempre debe orientarse hacia el mejoramiento de la calidad de vida.

El cambio implica la adopción de medidas que modifican rumbos y varían las tendencias negativas que afectan a una comunidad. Hay que ser serios, y muy responsables, para convencer a la sociedad de que los cambios son posibles.

Y es claro que lo son. Necesarios y urgentes pero sobre todo posibles. No nos dejemos robar también el valor de las palabras.

¡Compatriotas, a resistir pacíficamente y a construir una Alternativa Argentina!

La conducción política del MANIFIESTO ARGENTINO es colectiva y se encarna en una Junta Promotora Nacional Ejecutiva, responsable de este IDEARIO.

Mempo Giardinelli (Chaco), Graciela Bialet (Córdoba), Julio Rudman (Mendoza), Jorge Felippa (Córdoba), Atilio Fanti (Chaco), Graciela Falbo (La Plata), Carlos D. Resio (Misiones), Mónica Ambort (Córdoba), Luis Borda (Alemania), Natalia Porta López (Chaco), Roberto "Tito" Cossa (CABA), Noé Jitrik (CABA), Tununa Mercado (CABA), Emilce Moler (Prov. de Bs.As.), Andrés Avellaneda (EEUU), Fernando Basso (CABA), Alejandro Mosquera (Prov. de Bs.As.), Arnaud Iribarne (CABA), Pedro Peretti (Rosario), Juan Pablo Verguilla (Córdoba), Fortunato Mallimaci (CABA), Adrián Paenza (EEUU), Miguel Russo (Prov. de Bs.As.) y Carlos Bosch (CABA).

En todo el territorio de la República Argentina, 25 de agosto de 2016. Este MANIFIESTO se puede y se debe reproducir, imprimir, distribuir y discutir. Esa sola voluntad es signo de adhesión y pertenencia.