Los Libertadores: un conflicto político que se disfraza de sanitario
En el gobierno central, donde finalmente se toman las decisiones en Chile, están convencidos que el brote de covid les cayó como anillo al dedo a algunos sectores que buscan aplicar restricciones.
Hoy se cumplirá el tercer día sin atención de turistas en el complejo Los Libertadores. La razón es la presión que genera -principalmente- el gremio de Aduanas para que se vuelva al cierre de fronteras y sólo exista atención de transporte de carga.
Después de que el sábado se hiciera una movilización repentina de brazos caídos en el complejo trasandino por la aparición de nueve casos de covid entre los empleados, se generó una situación que perjudicó a cientos de personas que perdieron tiempo y dinero por la medida de fuerza.
Finalmente, se decidió suspender la atención de turistas durante dos jornadas, las que ahora se extienden a cuatro y podrían cinco, seis, o transformarse en indefinidas si el gobierno cede a la presión que está haciendo la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach).
El presidente de Anfach, Mauricio Soubre, le dijo a CNN Chile, que "nosotros insistimos en términos de que el régimen de ingreso de turistas no se justifica en este minuto, desde el extranjero hacia nuestro país, porque entendemos que no tenemos la capacidad para realizar trazabilidad a todas aquellas personas que ingresan, particularmente desde el territorio argentino, donde encontramos un peak de contagios en la última semana sobre 100 mil casos".
Lo cierto desde el punto de sanitario, es que según confirmaron las autoridades de Salud de Valparaíso, el brote fue interno y no tuvo que ver con la atención de los turistas. Igualmente, desde el gremio se hace foco en el ingreso de personas desde la Argentina como el gran problema a enfrentar, a pesar que los casos positivos al otro lado de la cordillera explotaron -como en el resto de los países- y los expertos anticipan que podrían llegar a 40.000 contagios diarios en la última semana de enero.
Descartando una justificación sanitaria, en el nivel central chileno apuntan a una intencionalidad política detrás de la presión que hace el gremio de Aduanas y que, entre otras cosas, ayer generó que más de 1.000 camiones estuvieran a la espera en Uspallata.
Pero lo más llamativo es que no fueron los gremialistas de Aduanas los que apuntaron primero a cerrar la frontera chilena nuevamente, aunque también se oponían a una apertura. Antes el pedido lo hizo el Colegio Médico (Colmed), el cual mantuvo con su antigua conducción y también la actual, una visión restrictiva para controlar la pandemia de coronavirus. Hace algunos días pidieron el cierre de Cristo Redentor y recomendaron no viajar a la Argentina.
La voz en contra de la gestión sanitaria oficial la llevó de manera más fuerte la extitular del Colmed, Izkia Siches, quien dejó el cargo para ser la jefa de campaña del presidente electo Gabriel Boric y que será parte del próximo gobierno.
Siches fue siempre crítica y apuntó siempre a la aplicación de restricciones más estrictas para controlar el avance del virus.
Entonces, con la variante Ómicron haciendo crecer los casos de manera exponencial, el gobierno chileno sumó un conflicto gremial en la frontera que no sólo afecta al turista, sino también el abastecimiento, porque las demoras en la frontera están generando trastornos importantes en logística.
Con los datos sanitarios sobre la mesa, con el vecino país completo en un retroceso de etapas del plan Paso a Paso, las estadísticas no avalan las afirmaciones de los gremios y el Colegio Médico, por lo que en el nivel central trasandino ven un tema político disfrazado de sanitario.
No se trata de una cuestión de fácil resolución, porque el gremio aduanero, en caso de movilizarse, puede generar muchos trastornos en el vecino país, no sólo en el ingreso de turistas, sino también en otros sectores porque su ámbito de acción contempla tierra, aire y mar. Una muestra de lo mucho que pueden complicar es lo que ocurrió en Uspallata, donde miles de transportistas esperaron -y esperan aún- largas horas por la exigencia de testear al 100% de los conductores de carga.
Ahora se sumaron 48 horas más sin atención, período en que se volverá a negociar la continuidad de la atención a turistas, aunque podría seguir extendiéndose la suspensión en la medida que no se acerquen posiciones en un conflicto que acá genera problemas, pero en el que no se puede intervenir.