Minería: la gran estafa del ácido sulfúrico

La palabra estafa está relacionada con privar a alguien de dinero u otro valor, con engaños. Esto es lo que hoy nos ocupa.

El 20 de junio de 2007 se sancionó la Ley Nº 7.722 (B.O. 22/06/07) que prohibió usar en cualquiera de las etapas de la actividad minera tres reactivos químicos: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico.

Con una enmascarada hipocresía la ley dice que tiene por objeto "garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico". En realidad la ley fue el resultado de una campaña de activismo antiminero muy bien organizada y financiada por intereses a los que les convenía impedir la concreción de proyectos mineros, que incluyó la "concientización" de niños y adolescentes en escuelas, colegios y parroquias de la provincia, y que indujo a parte de la población a rebelarse en contra de la actividad.

Lo que no pudieron enmascarar los legisladores fue que, entre cientos de drogas que se usan en ingeniería química y en metalurgia, eligieran selectivamente las tres que se iban a usar en los únicos tres proyectos metalíferos que estaban en condiciones de empezar a producir en el corto plazo. Y para que no quedaran dudas de cuál era el verdadero, pero oculto objetivo de la ley, la prohibición fue exclusiva para los mineros, configurando un claro acto de discriminación que, contrariando a los pésimos y abundantes antecedentes de contaminaciones provocadas por otras industrias de la Argentina, fue avalado por la Suprema Corte de Justicia.

Uno de esos proyectos era la reactivación de la mina de uranio Sierra Pintada, ubicada en la localidad de 25 de Mayo, departamento San Rafael, cuya planta de procesamiento utilizaba un método hidrometalúrgico mundialmente conocido que usaba ácido sulfúrico muy diluido como disolvente. Desde 1975 hasta 1995 había sido la mina de uranio más importante del país, asegurando la provisión del estratégico concentrado de uranio conocido como torta amarilla o "yellow cake" destinado a fabricar el combustible para las usinas de Atucha y Embalse.

Cabe agregar que entre empleos directos e indirectos, la mina daba trabajo a más de 400 personas, lo cual era, lógicamente, el sostén y el sustento de un número igual de familias.

Por una decisión del gobierno nacional de entonces, la CNEA suspendió la producción de Sierra Pintada en 1995, cuando solo se había explotado el 20% de sus reservas, reemplazando la provisión interna por mineral importado. Por esa lamentable decisión, basada únicamente en datos de mercado, se perdieron centenares de puestos de trabajo. Solo unos sesenta empleados permanecieron en la planta de Sierra Pintada, haciendo trabajos de mantenimiento.

No se tuvo en cuenta la sustentabilidad económica y social de la medida que produjo una cadena de consecuencias negativas. Cuatrocientas familias sin trabajo representaban un grave problema social pero, a la vez, eran cuatrocientos sueldos que dejaban de ingresar a los comercios de la zona donde las familias compraban todo lo necesario para satisfacer sus necesidades. Además, unas cuantas pequeñas empresas que vendían insumos y servicios al establecimiento minero vieron reducirse o desaparecer sus respectivos negocios. La cantidad de dinero que dejó de ingresar a los circuitos económicos de la zona se estima entre cinco y diez millones de dólares por año. A todo eso hay que sumar el costo en dólares de nuestro Banco Central para comprar uranio en otros países por montos superiores a los 30 millones de dólares por año.

El problema generado pudo haberse remediado en el año 2004 cuando la CNEA presentó una propuesta de reapertura incluyendo el informe de Impacto Ambiental que preveía la legislación vigente en ese momento.

Cabe destacar que al año siguiente consultamos al Subsecretario de Ambiente de Mendoza, Ing. Gustavo Morgani, quien nos informó que la mina nunca había ocasionado ningún efecto negativo en su entorno. Por otra parte todos sabemos que durante los veinte años que la mina estuvo en producción no ocasionó ningún problema a los empresarios locales para producir y comercializar los vinos, las frutas y demás productos de la zona.

Sin embargo, de manera casi inmediata y especialmente a partir del 2005, fue víctima del activismo antiminero que contó con significativos apoyos politicos y corporativos y que culminó con la sanción de la citada Ley 7.722. Con la prohibición del ácido sulfúrico resultaba inviable que la planta de procesamiento volviera a funcionar. Así las cosas, la Autoridad Provincial decidió exigir a la CNEA la presentación de un Plan de Remediación, sin reapertura de la explotación.

El 1 de octubre de 2019, el Gobierno de Mendoza informó el comienzo de los trabajos de remediación de Sierra Pintada. Según dicha crónica, se hizo un acto formal en el que estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Economía Martín Kerchner, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, el erente General de Energía Atómica, Enrique Cinat, y otros funcionarios nacionales y provinciales de alto rango. Mingorance explicó que el proceso no implicaba la reapertura de la cantera.

En un ámbito en el que los políticos nos tienen acostumbrados a realizar actos festejando nuevas obras y actividades, no deja de ser un motivo de reflexión que tantos funcionarios de alto nivel se hayan reunido para festejar y aplaudir un acto en el que cerraron definitivamente una fuente de producción y trabajo. Los interesados en mantener la desocupación y la pobreza como mano de obra barata fueron, sin duda, los que más festejaron.

Según datos del comunicado de prensa, la planta estará en funcionamiento durante un lapso de cinco a ocho años y producirá un total de 14.000 kilogramos de uranio. No se especificaron las drogas que se usarán, pero la información publicada por la CNEA explicó que la disolución del uranio contenido en residuos se hará en la planta de procesamiento hidrometalúrgico en la que se utilizará acido sulfúrico como disolvente y el producto que se obtendrá es el concentrado de uranio denominado yellow cake o torta amarilla. Es decir que se usará el mismo método hidrometalúrgico, con el mismo ácido sulfúrico y se obtendrá el mismo concentrado que siempre había producido la mina. Cabe agregar que en marzo de 2021 la Directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, explicó que el funcionamiento de la planta se extenderá a diez años.

Estamos frente a un gran engaño. Primero se engaña a la población haciéndole creer por Ley que el acido sulfúrico que usan los mineros es dañino y por eso lo prohibieron, y así forzaron el cierre de la fuente de producción y trabajo. Pero después, para cerrar la mina, pusieron en marcha la misma planta, con el mismo ácido sulfúrico a funcionar durante diez años. En lugar de arrimar soluciones a la desocupación se burlaron de los desocupados y, de paso, se burlaron de los argentinos que, en definitiva, tenemos que pagar el uranio importado. .

No hay ninguna duda de que la peligrosidad del ácido sulfúrico fue una gran mentira, llevada al rango de Ley, y puesta en evidencia en forma flagrante con la nueva decisión. Si realmente fuera peligroso no lo seguirían usando en la planta hidrometalúrgica durante diez años más.

Los profesionales de la química saben que todos los ácidos deben ser usados con cuidado pero el ácido sulfúrico es de uso universal en un gran variedad de aplicaciones y es de venta libre. Cualquier ciudadano puede comprarlo por litros en los negocios del ramo y en Mendoza hay muchas actividades que lo usan.

Acabamos de describir el engaño, que es uno de los atributos para llevar a cabo una estafa. El otro atributo es que, con ese engaño se prive a alguien de dinero o de otros valores, y eso se configura porque el cierre de la mina privó a centenares de familias acceder a un sueldo digno y a los comerciantes de la zona se les privó de recibir el dinero resultante del gasto familiar. Por si eso fuera poco, el Banco Central de la Argentina tiene que desprenderse de más de 30 millones de dólares por año para comprar en otro país el uranio que a nosotros nos sobra.

Tendríamos que explicarles a nuestros políticos (a todos) que privar a centenares de familias de un sueldo digno, privar a comerciantes de aumentar sus ventas y obligar al Banco Central a gastar divisas en forma innecesaria, es forzar un escenario para que todos pierdan. Pierde el país y también nuestras familias. Y ese escenario es exactamente lo contrario a la definición de desarrollo sustentable. Si se han olvidado de esa definición sería conveniente que la lean o la repasen alguna vez.

La función de los actores de la política es crear condiciones favorables para el desarrollo sustentable del país, que significa satisfacer las necesidades de las familias argentinas, con producción y pleno empleo, erradicando el hambre, la desocupación y la pobreza, en forma coincidente con los objetivos prioritarios del desarrollo sostenible establecidos a nivel mundial por las Naciones Unidas. (Datos extraídos del libro "Minería: Perón y después", Edit. Dunkén, 2021).

EL AUTOR. Eddy Lavandaio. Geólogo. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza.

Esquema de procesamiento de los residuos sólidos en la remediación

Vista panorámica del establecimiento minero Sierra Pintada