"Barajar y dar de nuevo": aún se siente el ruido que generó el pedido de Suarez al Consejo Económico y Social

El Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS) tiene poco más de tres meses desde que se constituyó y ya tiene algunas heridas abiertas. Son heridas que en la opinión pública no se comentan ni se conocen porque no es fácil verlas, ya que se dan en un contexto de una entidad nueva y cuya relación en este período inicial de funcionamiento se da en base a la relación de 86 consejeros con una Secretaría Técnica que los dirige. 

Sin embargo, cuando se logra reunir testimonios de sus actores, es posible ver que a pesar que no tienen contacto entre la mayoría de ellos, tienen visiones y molestias comunes a partir del pedido del gobernador para pronunciarse a favor o en contra del tratamiento legislativo de la reforma constitucional que impulsa Rodolfo Suarez. 

En medio del proceso de armado de una entidad que tiene un funcionamiento burocrático de por sí (por su amplitud y estructura, y que aún no tiene su reglamento oficializado), de pronto los consejeros se encontraron en sus correos electrónicos con una consulta directa del gobernador y con una cuenta regresiva de siete días para atender una cuestión que para la administración provincial. Consideran que es adecuado que se les consulte, pero de otra forma y con otros plazos.

Tal como informó Memo la semana pasada, varias entidades, especialmente del sector privado, le pidieron a la Secretaría Técnica del CEAS (a cargo del ministro Víctor Ibáñez) más plazo para referirse al pedido del gobernador. Algunas lo pidieron al final del plazo de una semana que les dio el mandatario provincial y otros algunos días. Como respuesta -en sus casillas de email- recibieron una prórroga de 24 horas. Finalmente, algunos respondieron y otros consejeros directamente no volvieron a escribir. ¿Qué pasó?

La razón que generó estos cortocircuitos que pasan desapercibidos para la opinión pública, fueron la forma y la celeridad que tenía el Ejecutivo para discutir un tema al que no le dicen que no le quieren escapar, pero que consideran que debe tratarse otra manera.

El apuro por una respuesta, en palabras de una serie de consejeros consultados por Memo, dio a entender que había un grado de desesperación que no le permitió entender a la Secretaría que, por ejemplo, muchos consejeros están en el CEAS en representación de entidades que tienen una estructura amplia y que no pueden dar respuesta en un plazo tan corto como siete días y especialmente en una tema que genera tantas posiciones como una reforma constitucional.

Las federaciones empresarias, las universidades o las asambleas, por ejemplo, tienen representantes que trasladan las consultas a los miembros de sus cámaras o a los claustros para discutirlos y luego entregar su opinión en el seno del CEAS. Claramente, el plazo de 7 días no les permitía cumplir con esos procesos. A pesar de eso, cuando algunos consejeros pidieron más plazo y sólo les dieron 24 horas más, lo que les pareció casi una falta de respecto y optaron por no responder, o dar un "NI".

Pero esas decisiones no se dieron por la calentura del momento, como se podría pensar, sino porque ese fue el último punto que no terminó de cerrarles. Lo primero fue que se enteraron por los medios que recibirían la consulta, después consideraron que no es un tema que se les pueda pedir una opinión por mail (mejor presencial o en el peor de los casos Zoom) y, además, les generaba duda la redacción del correo que recibieron que hablaba de una reforma "institucional" y el texto que recibieron era sobre una reforma "constitucional". Para algunos un detalle, pero para muchos consejeros un tema diferente.

Aparte de lo mencionado, y haciendo una lectura simple, les pareció que podría interpretarse el proceso como una utilización política del CEAS para meterle presión al peronismo. Eso, como consecuencia, haría que el organismo arranque con un perfil muy diferente al que tenía originalmente y que busca pensar la Mendoza de los próximo 30 años.

La duda que queda es lo que sucederá ahora. Si bien hubo ausencia de algunas respuestas, también hubo quienes contestaron a favor y en contra, por lo que en algún momento el Gobierno debería dar a conocer los resultados. Pero más allá de eso, estiman que sería necesario algún tipo de acción para cerrar las heridas que mencionamos y así evitar que se transformen en grietas. Ya hubo cruces entre exgobernadores, por lo que una falta de acción -teman algunos participantes- podría afectar a un órgano que tiene una valoración importante por la amplitud del espectro que participa.

Parte de los consejeros considera que ante lo ocurrido, la Secretaría Técnica debería tomar alguna acción para ordenar la situación. Se plantea, por ejemplo, "barajar y dar de nuevo" y hacer la misma pregunta en una asamblea presencial o virtual, dejando la posibilidad para aclarar dudas y no generar interpretaciones de ningún tipo. 

Sin embargo, por la estructura del CEAS sólo la Secretaría Técnica puede plantear ese pedido, no puede venir desde los miembros, por lo que cualquier idea de volver a empezar y no dejar sin aclarar los puntos y posibles malestares están en manos del ministro de Gobierno, quien está al frente del órgano.

La pregunta es qué hará el Gobierno, lo que seguramente se decidirá en base a los resultados que recibió en su consulta.