La fijación de este precio forma parte de una política que comenzó con las cebollas y luego continuó con la leche en polvo, tras detectar que gran parte de los dueños de lácteas medianas -Ilolay y Verónica, entre otras- habían ingresado al blanqueo de capitales de 2016, producto de haber declarado el precio de la leche en polvo por debajo de lo que realmente se pagaba.