Qué dijo una diputada mendocina sobre los porcentajes de aumento del gas
La legisladora nacional por Mendoza, Jimena Latorre, se quejó de la falta de datos "sobre el desequilibrio de la balanza energética, sus implicancias y posibles soluciones".
Encabezada por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y moderada por la asesora legal de la repartición, Verónica Tito, comenzó durante la mañana de este lunes la audiencia pública y virtual por el gas natural.
Por medio de esta instancia, se busca definir que porcentaje del precio debe asumir el Estado, pagando subsidios en el marco del "Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino", que el presidente Alberto Fernández aprobó a través de un decreto el 13 de noviembre de 2020.
Jimena Latorre, actual diputada radical por Mendoza, participó del encuentro, y destacó: "No venimos a discutir tarifas, venimos a analizar los precios del gas en el PIST y la porción que el Estado tomará a su cargo y que sin dudas tendrá impacto en las tarifas, pero también impactará sobre el déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación y los cumplimientos o incumplimientos de las metas fiscales comprometidas".
"Se parte de una situación de anomalía legal e institucional, tan anómala también como la intervención de los Entes Reguladores" expresó la diputada y explicó que esta situación comenzó en 2004 con el decreto 181 que estableció un ‘esquema de normalización' del precio del gas, hasta que se ‘reencauzara' la actividad y se llegara nuevamente a los precios que debían resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda, y se facultó a la Secretaría de Energía a ‘acordar' con los productores el ajuste del precio desoyendo así la reglamentación que sostiene que la producción y comercialización del gas es una actividad desregulada.
"Hace 18 años que vivimos en esta excepcionalidad, paralegal, en la que el Estado interviene con fondos del Tesoro Nacional para controlar precios en lugar de generar las condiciones macro económicas que permitan que el control de los precios llegue de la mano de mayores y mejores inversiones", dijo la sanrafaelina en su intervención.
Y continuó: "Los pocos programas que este gobierno plantea no se encaminan a lograr una competencia de precios, sino y muy por el contrario, concentran aún más la producción en algunos pocos actores favorecidos con beneficios y fomentos que se sostienen con el esfuerzo fiscal".
"Sin dudas este no es el camino de retorno hacia una puja competitiva. Para que ello ocurra se necesita estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, dos conceptos a contramano de las decisiones de este gobierno, y un programa económico consecuente con una planificación coherente y a largo plazo, y no medidas aisladas, descoordinadas e insostenibles como las que lamentablemente muestran", añadió.
La legisladora también remarcó el faltante de elementos esenciales para determinar con cuanto va a intervenir el Tesoro Nacional. Hoy vence la prórroga, de la prórroga, de la prórroga del plazo para renegociar la 6° adenda del contrato de importación de gas de Bolivia suscripto entre IEASA y YPFB. "Es prioritario tener certezas sobre esas entregas y en su caso sus sustituciones, para recién entonces poder hablar de los precios de esa oferta y luego cuál será la porción que el esfuerzo fiscal absorberá a fuerza de subsidios", sostuvo.
Otro de los puntos planteados por Latorre fue respecto de los fondos, dado que: "No sabemos con certeza como va a estar compuesta la oferta, se plantea también con serias dificultades cualquier previsibilidad acerca del Costo Fiscal que insumirá absorber una porción de esos precios".
Y siguió durante su alocución: "El precio actual del gas en la tarifa ponderado es de $6.16 m3; ello implica que hoy esa porción a cargo del Tesoro Nacional es del 71%. De continuar en ese sendero, se necesitan $81.000 MM adicionales a los proyectados en el presupuesto rechazado de 2022. El 2021 cerró con subsidios energéticos cercanos a los 11.000 MM USD. En este escenario los subsidios para 2022 se elevarían por encima de los 15.000 MM USD".
"Para respetar lo proyectado en 2022, la actualización del precio del gas deberá ser de al menos un 91% para cubrir un 44% en lugar del 71%, el precio del gas deberá ser de $11,77 el m3. Ello implica un aumento trasladado a tarifa final de al menos un 65% y no un 20% como afirma el kirchnerismo", comentó.
Sobre el cierre, expuso: "Llaman a una Audiencia pública, pero sin hacer públicos los datos sobre el desequilibrio de la balanza energética, sus implicancias, ni posibles soluciones".
"Con las estimaciones del informe se requerirán al menos $81.000 MM más que lo presupuestado para 2022. De lo contrario deberán sincerar aumentos del 65% en la tarifa de gas; o sincerarle al FMI que no cumplirán con las metas de reducción del déficit fiscal", subrayó.
Y por último, indicó: "Sería de una gran honestidad intelectual de los funcionarios a cargo, que llamen a la ciudadanía a participar de la toma de decisiones con base en la verdad que arrojan los datos objetivos, en lugar de continuar con un relato que a esta altura resulta a todas luces insostenible".
