La Corte ordenó investigar a la esposa mendocina de Rodríguez Saá

Debe determinar si los 80 millones de pesos otorgados a la fundación de Gisela Vartalitis -esposa de El Adolfo- fueron utilizados para la compra de electrodomésticos entregados en la campaña electoral de 2017.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la justicia federal de San Luis que investigue al gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, por un subsidio de 80 millones de pesos otorgado en 2017 a su cuñada, Gisela Vartalitis, esposa del senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, para determinar si no existieron irregularidades en los trámites realizados y cuál fue el destino del dinero que, se presume, fue utilizado con "fines electoralistas".

Así lo informó a la agencia de noticias Télam el presidente del bloque de diputados del Frente San Luis Unido, Alejandro Cacace, que también es candidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio.

Con la frase "será justicia" de cierre de los escritos judiciales, Claudio Poggi, renovó el pedido de justicia en el caso que se convirtió en uno de los mayores escándalos de los últimos años.

El senador nacional sanluiseño se refirió, a través de su cuenta de Twitter, a la decisión de la Corte Suprema de asignarle a la Justicia Federal la investigación penal por el presunto desvío de fondos por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá.

La medida tuvo que ser resuelta por el Alto Tribunal después que los jueces en San Luis (tanto provinciales como federales) se declararan incompetentes.

Legisladores del actual bloque San Luis Unido denunciaron en 2017 al gobernador Alberto Rodríguez Saá y a varios de sus funcionarios de los supuestos delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.

Fue así que el 13 de agosto, los integrantes de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti determinaron enviar la denuncia al Juzgado Federal de San Luis. La comunicación se formalizó el 29 de agosto y ayer tomó estado público.

En San Luis la denuncia no avanzó porque primero, el juez federal, Juan Maqueda la desdobló y sobre los delitos que podrían haber provocado un perjuicio en el Tesoro del Estado se declaró incompetente y pasó responsabilidad a la Justicia provincial; después el juez Penal de turno en ese momento, Sebastián Cadelago Filippi también entendió que no le correspondía tomar la causa.

El caso

Los 80 millones fueron girados en una cuota a la fundación Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo Rodríguez Saá, en plena campaña electoral de los hermanos: fue la época en la que encabezaron la lista como candidatos a senadores nacionales, titular y suplente.

Venían de perder las PASO por más de 20 puntos justamente frente a Claudio Poggi. En esa campaña se asistió a un festival de subsidios y gastos del Estado provincial para remontar la derrota del gobernador y su hermano.

La denuncia fue encabezada por el diputado provincial Alejandro Cacace.

Además de la violación de la legislación electoral, se planteó la existencia de delitos penales.

Según se señaló los fondos estuvieron a disposición de la compra de electrodomésticos que después fueron entregados en actos proselitistas que acompañaban las candidaturas de los hermanos Rodríguez Saá.

Acompañaron la denuncia con su firma, los legisladores Juan Manuel Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Elena Pastor, Ingrid Blumencweig y Sergio Guardia.

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