El CEO de Generación Zoe: "No me voy a entregar, espero órdenes de mi abogado"
Leonardo Cositorto, encargado de Generación Zoe, ratificó hoy que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura de la Justicia, acusado por presunta estafa a inversores locales.
El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, ratificó hoy que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura de la Justicia, acusado por presunta estafa a inversores locales.
En diálogo con medios nacionales, Cositorto negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una "estafa piramidal".
Presuntamente, Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensuales en dólares, a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial.
La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como "esquema Ponzi o piramidal".
"Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar", dijo Cositorto, quien se encontraría en algún país de la región.
"En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas. Nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto", sostuvo.
Consultado si tuvo vínculos con políticos del PRO, Cositorto lo negó de manera enfática: "Yo viví en 11 países por suerte, hay gente que no conozco, me los presentan. Yo con el PRO no tengo nada que ver, no tengo ningún contacto con la política argentina", acotó.
También apuntó contra los medios de comunicación, a los que acusó de "inventar historias" sobre él.
La fiscal que investiga el caso en Córdoba, Juliana Companys, desmintió ayer a Cositorto y afirmó que la empresa ejecutaba "una estafa de manual" sobre la que "hay pruebas lapidarias".
La causa suma hasta el momento más de una docena de detenidos, entre ellos cinco efectivos policiales: cuatro de la provincia y uno federal.
Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María y Buenos Aires.
