Desafuero: para algunos Romano ya zafó, pero otros quieren avanzar
Hay una solicitud judicial después de que dos policías denunciaron al senador de Protectora por amenazas.
El 10 de diciembre, el mismo día que ingresó el proyecto para reformar la 7722, en la sesión del Senado se intentó avanzar con un pedido de desafuero contra Marcelo Romano, de Protectora. La solicitud es por un altercado que tuvo con dos policías: denunciaron que los amenazó tras haber detenido a su hija en un control por presunto exceso de velocidad.
Ese día, y en medio del impacto por el proyecto para reforma la ley antiminera, el radicalismo intentó avanzar con el tratamiento del desafuero pidiendo la preferencia en la sesión en cuestión. Sin embargo, en la oposición frenaron esa posibilidad y ante un posible conflicto el mismo oficialismo bajó la solicitud.
En ese momento algunos referentes de Cambia Mendoza señalaron que se trataría, pero después de discutir el Presupuesto 2020 y la reforma minera. Sin embargo, en el medio se registró la historia por todos conocida y el conflicto social que llevó a Suarez a derogar la Ley 9209.
Romano se alzó como uno de los grandes ganadores del conflicto porque se puso del lado de los manifestantes e incluso se ganó el repudio de muchos de sus colegas que lo acusan de haber "entregado" a varios legisladores que fueron acosados y amenazados por los manifestantes.
Ya sin discusión minera y el tratamiento del Presupuesto en proceso, en los pasillos de la Legislatura hay opiniones divididas, entre los que creen que ya zafó y los que quieren que se vuelva a tratar, pero no todavía.
Los primeros indican que en el contexto en el que se dio la manifestación antiminera, con Romano como uno de sus referentes legislativos, salió fortalecido y el oficialismo no está en condiciones de impulsar una acusación de ese tipo después del golpe de la derogación y el senador puede acusar una represalia.
Por otro lado, están los que señalan que se debe tratar porque es un pedido judicial. Además, consideran que no se debe confundir con una posible represalia, porque hubo otros antimineros entre los legisladores -como Difonso- y no hay ningún tipo de avance contra ellos. Estiman, además, que febrero podría ser el momento para tratarlo.
Un punto en contra para Romano es que en medio de la discusión muchos legisladores lo apuntaron con el dedo y lo acusan de ir en contra de sus propios colegas y escracharlos, especialmente el día en que los manifestantes antimineros impidieron la salida de empleados, legisladores y periodistas durante varias horas desde la Casa de las Leyes.
