Aunque no funcione, el gobierno otorgó 80 millones al Autódromo de Río Hondo

Mientras el fortalecimiento del sistema sanitario y el control de las medidas de distanciamiento social en medio de la pandemia de covid-19 es la prioridad de los gobiernos provinciales, en Santiago del Estero la mira parece estar puesta en el TC. Así lo informó el periodista Luis Gasulla en un artículo en el que reveló que a través de un decreto publicado el 23 de julio pasado, el gobernador Gerardo Zamora autorizó la inversión de 80 millones de pesos para el "desarrollo del Automovilismo Deportivo". 

Gasulla informó que "el gasto llamó la atención de los opositores a Zamora ya que, el circuito estará cerrado 'hasta que salga la vacuna' contra el coronavirus. Así lo había afirmado Héctor Toti Farina, director del Autódromo a medios locales. Sin embargo, el circuito es costoso y necesita de 80 millones más en "gastos operativos".

El artículo indica: "El contador del gobierno provincial no anduvo con vueltas, más allá de las pistas de autos, ya que cerró su balance de gastos con números redondos: 40 millones en Contribuciones a Instituciones, 10 millones a combustibles y lubricantes, otros 10 millones para bienes de consumos varios y otros servicios varios 20 millones más. Eso significa que, en el nebuloso concepto 'otros' quedaron 30 millones.

Curiosamente, la ley 7.272, que estaba vigente para el año 2020, indicaba que en el Autódromo se gastarían $28.709.945. O sea, en medio año -en Santiago del Estero- hubo una inflación del 180 por ciento. 

Un antecedente raro

No es la primera vez que el accionar de este gobernador que saltó desde el radicalismo al kirchnerismo llama la atención. Zamora, mendocino nacido en General Alvear, pero que no le gusta que lo recuerden, ya proy¡tagonizó otros hechos extraños. Por ejemplo, en noviembre de 2018 hubo una noticia que conmocionó en medio de las eternas crisis y cepos que vive la Argentina. Fue cuando el gobierno de Santiago del Estero intentó sacar 31.900.000 dólares en efectivo por una ventanilla del Banco Hipotecario, pero se encontró con el impedimento de la Justicia que evitó el sospechoso cobro por parte de apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora.

Ante la extraña solicitud, desde el banco pidieron explicaciones y desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

Lo que llamó aún más la atención del banco, ya que los sueldos no se pagan en dólares ni en efectivo. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron en hacer el retiro en efectivo.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia, donde una jueza civil y comercial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva.

A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.

Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini de Cubrini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable cifra. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy. Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar la plata. Les solicitaron el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desde el banco preguntaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual.

La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero, que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempos más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad. En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora.