Salvataje a obras sociales sindicales: prohibición de traspasos y $11.400 millones
Un decreto de necesidad y urgencia está a la firma del Presidente y obligará a los trabajadores a permanecer un año en sus prestadoras sindicales de origen.
El presidente Alberto Fernández concederá por decreto a la Confederación General del Trabajo (CGT) un salvataje financiero para las obras sociales sindicales de 11.400 millones de pesos y limitará los traspasos entre prestadoras.
El aporte extraordinario será para sanear el déficit generado por la pandemia de coronavirus, y la limitación a los pases debería cerrar el grifo del déficit endémico de las obras sociales de los sindicatos, según informó Gaceta Mercantil.
Las dos medidas, que fueron comprometidas por el primer mandatario en el almuerzo que compartió el 6 de mayo con la cúpula de la central sindical, y confirmadas la semana pasada por el nuevo superintendente de Salud, Daniel López, saldrán por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que está a la firma del Presidente, según fuentes oficiales.
El contenido del decreto quedó definido en un encuentro que López mantuvieron López y José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y principal responsable de la CGT en las gestiones para sus prestadoras de salud, la semana pasada.
El funcionario le adelantó que el DNU ya fue redactado y que se encuentra en proceso de revisión antes de ser publicado en el Boletín Oficial.
Según los gremialistas, estas decisiones saldarán el déficit que, a causa del coronavirus, registró el sistema, el de mayor volumen en la Argentina con una cobertura de 15 millones de afiliados.
En su primer contacto formal con una autoridad de la CGT, el reemplazante del fallecido Eugenio Zanarini al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) visitó a Lingeri para calmar la ansiedad del sector, expectante del cumplimiento de la palabra de Fernández.
López le confirmó, además, que el salvataje a las obras sociales se hará mediante un aporte extraordinario del Tesoro Nacional y no con recursos propios de las prestadoras gremiales, como sucedió hasta ahora y desde que se declaró la pandemia.
La principal novedad a largo plazo, sin embargo, será el cepo a los traspasos entre obras sociales.
El decreto presidencial obligará a los trabajadores a permanecer un año en su obra social de origen al iniciar un contrato laboral cuando hasta ahora la libre opción entre prestadoras de salud rige desde el comienzo del vínculo contractual mediante un trámite sencillo ante la SSS a través de la clave fiscal del empleado.
Los movimientos de una obra social a otra están vigentes desde la desregulación de los noventa que promovió Carlos Menem y constituyen el corazón de lo que los dirigentes denominan "descreme" del sistema.
Se trata de las alianzas entre prepagas y obras sociales de menor porte que actúan como meros promotores para inscribir a trabajadores que pasan a formar parte de las nóminas de los prestadores privados.
La CGT alega que esas sociedades comerciales terminan por captar a los afiliados más jóvenes y con mejores salarios, al tiempo que dejan para las obras sociales tradicionales los jubilados de sus actividades y los trabajadores con dolencias preexistentes.
En la SSS un dato le da justificación a la queja de los gremialistas: por mes se producen entre 40 y 50 mil opciones de cambio de una obra social a otra y la mayor parte de los movimientos benefician a las empresas de medicina privada asociadas a sellos sindicales más chicos.
La retención de los afiliados por un año en sus obras sociales de origen apunta a garantizar la cotización de sus aportes durante ese período y a desalentar la sangría constante de recursos.
La otra medida deberá ser instrumentada por el ministerio de Economía vía resolución o decisión administrativa. El monto fue calculado en base al incremento del gasto en prestaciones por discapacidad entre noviembre del año pasado y fin de 2021.
Los recursos estatales irán a parar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el principal instrumento financiero que maneja la SSS y que tiene como objetivo el reembolso de las prestaciones de salud y medicamentos de más alto costo y complejidad.
Ese aporte será la herramienta de ayuda financiera que destinará el Poder Ejecutivo a las obras sociales y reemplazará la otra opción que discutían los funcionarios con la CGT, consistente en la absorción por parte del Estado de los costos por servicios educativos y de transporte a los afiliados discapacitados.
Por esos ítems las prestadoras de los gremios calculan gastar este año unos 20 mil millones de pesos y, si bien se trata de servicios que debe reintegrar el FSR, la CGT alega que se trata de rubros que no son de la incumbencia de sus obras sociales sino del Estado.
Al almuerzo en la quinta de Olivos del 6 de mayo acudieron los dos cosecretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (Seguro) y Roberto Fernández (UTA), además de Lingeri.
Al jefe de la Casa Rosada acompañaron el ministro coordinador, Santiago Cafiero, y los de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Claudio Moroni; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y de la Presidencia, Julio Vitobello, y la asesora Cecilia Nicolini.
En el encuentro el jefe de Estado confirmó no sólo el plan de ayuda a las obras sociales sino que el reemplazante de Zanarini sería López, con lo cual relegó al candidato de la CGT, el actual gerente general de la SSS, David Aruachán.
En la oportunidad los funcionarios también se hicieron eco de una propuesta de la central obrera de organizar una suerte de "careo" entre sindicalistas y empresarios formadores de precios para intentar un abordaje de la inflación.
