Por dónde pasa el riesgo político en Argentina y América Latina en 2024

El índice de Riesgo Político América Latina va por su cuarto año y se consolida como un insumo relevante para los tomadores de decisión de la esfera pública y privada. Durante estos años, el índice ha podido identificar riesgos que han venido aumentando con preocupación: el crimen organizado, la corrupción, la desafección democrática y la gobernabilidad bajo presión.

2024 se perfila como un año complejo e intenso para América Latina, enmar- cado en un contexto internacional caracterizado por una gran incertidumbre y volatilidad geopolítica y económica. En efecto, el 2023 el mundo sufrió su tercer año más violento desde la II Guerra Mundial, sólo superado en número de muertos por la guerra de Corea el año 50 y la masacre en Ruanda en 1994. En este actual escenario de polycrisis, hay que poner foco en la evolución de varios conflictos como los de Ucrania-Rusia, Israel-Palestina, China-Taiwán, y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, que compiten en América Latina por el acceso a activos estratégicos claves para la transición energética. Por último, la mayor presencia de actores no estatales en los conflictos bélicos genera una nueva fuente de inestabilidad a nivel global.

En materia económica, el FMI proyecta una disminución del crecimiento eco- nómico global, pasando de un 3,0% en 2023 a un 2,9% en 2024, cifra que está por debajo del promedio de 3,8% registrado entre 2000 y 2019. Los pronósticos más pesimistas anticipan cuatro D: desaceleración, desinflación, deuda y desglo- balización.

A lo anterior se suma un "tsunami electoral", el mayor de la historia, con alrededor de 80 procesos electorales en unos 70 países a nivel mundial. Obvia- mente muchas de estas elecciones no son sinónimo de más democracia, ya que en varios países autoritarios esas elecciones serán una farsa.

De todos estos procesos electorales destacan, por su impacto geopolítico, econó- mico y para el futuro de la democracia tanto a nivel global como latinoamerica- no, las elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre, donde es muy probable que se repita el enfrentamiento de 2020 entre el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump. El líder republicano, pese a sus numerosos desafíos judiciales, encabeza de momento las primarias de su partido y también la mayo- ría de las encuestas frente a Biden. Pero aún faltan 10 meses para ir a las urnas y múltiples factores pueden afectar la elección.

con seis elecciones presidenciales y varias sub- nacionales, cerrando una etapa de marcada reconfiguración del mapa político regional. Esta fase se ha caracterizado por el voto castigo a los oficialismos, la necesidad de definir la presidencia en segunda vuelta, la reversión de resultados, gobiernos fragmentados, coaliciones inestables y la emergencia de candidatos populistas.

En el terreno político, los gobiernos latinoamericanos continuarán enfrentan- do una triple amenaza que está erosionando el estado de derecho y la calidad de las democracias en la región y complicando la gobernabilidad. Estos desafíos incluyen el crimen organizado, la corrupción sistémica y el populismo autoritario.

En el ámbito económico y social las noticias tampoco son alentadoras. La CE- PAL anunció que el año 2023 cierra con un crecimiento mediocre del 2,2% y proyecta una caída al 1,9% para 2024, lo que implicaría un nivel de PIB per cápita similar al de 2013. Entre los factores que impactan en las perspectivas de desarrollo se destacan las altas tasas de interés internacionales, el fenómeno de El Niño (que conlleva fenómenos naturales extremos), así como el limitado espacio fiscal y el alto endeudamiento. Este crecimiento anémico (más pronun- ciado en América del Sur que en Centro América y el Caribe) será insufiente para reducir las aún altas tasas de pobreza y de informalidad que aquejan a la región. Pese a ello, existen expectativas positivas y oportunidades relacionadas con el nearshoring, agro-industria, energías limpias, minerales estratégicos (litio, cobre, etc.) y servicios digitales.

Como lo expresa nuestro informe de 2024, los 10 principales riesgos políticos serán de naturaleza transnacional, nacional o social. El ranking de este año es liderado nuevamente por la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, aumentando la brecha respecto del segundo riesgo. El aumento de la violencia es un tema que ha copado la agenda regional y, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), el crimen organizado es el responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en Latinoamérica y el Caribe: 8 de cada 10 países con las tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran en Latinoamérica y el Caribe

El segundo lugar este año es ocupado por el aumento de la corrupción e impuni- dad, un problema que se arrastra hace años y que en el presenta reporte muestra un aumento preocupante. La desafección democrática vuelve a ocupar lugares de avanzada, figurando este año en el tercer lugar (primer lugar, 2022, y segundo lugar el 2023). La gobernabilidad bajo presión y rápida pérdida de apoyo de los mandatarios se ubica en el cuarto lugar, seguido por el aumento de flujos migra- torios, un tema de enorme complejidad y sin una salida clara en la región. En el segundo tramo del índice se ubican la radizalización de las protestas sociales (6º), la inestabilidad internacional (7º), el deterioro del clima de negocios (8º) el impacto de la tenología en la política (9º) y, por último, la vulnerabilidad frente al cambio climático (10º).

En materia electoral, el superciclo iniciado en 2021 concluirá en 2024 con seis elecciones presidenciales, las cuales analizamos a continuación.

En El Salvador, el 4 de febrero, Nayib Bukele se encamina hacia una reelec- ción asegurada. A pesar de que la Constitución del país prohíbe explícitamente la reelección consecutiva, Bukele ha logrado una reinterpretación judicial (de parte de la Corte de lo Constitucional que está bajo su influencia) para poder candidatearse nuevamente. Su modelo de populismo punitivo le ha granjeado una popularidad superior al 80%, gracias a la significativa reducción de la criminalidad y los homicidios desde la imposición de un estado de excepción en marzo de 2022. Sin embargo, este ha venido acompañado de violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento del estado de Derecho. Existe preocupación por el creciente dominio de Bukele sobre el Congreso, las alcaldías y otras instituciones del país, lo que representa una creciente autocratización.

En Panamá, el 5 de mayo, diez candidatos competirán por la presidencia en un contexto marcado por protestas. El vicepresidente Carrizo, candidato del gobierno, enfrentará una dura contienda contra los exmandatarios Ricardo Martinelli y Martín Torrijos, y varios otros candidatos. Martinelli, quien actualmente lide- ra las encuestas, fue encontrado culpable de blanqueo de capitales en el proceso judicial "New Business" y enfrenta una sentencia de 10 años y 8 meses de prisión, además de otros procesos abiertos, lo que podría impedir su candidatura si la Corte Suprema de Justicia rechaza (creemos que así ocurrirá) su recurso de casación ante la misma, lo que cambiaría por completo el panorama actual.

En la República Dominicana, las elecciones municipales del 18 de febrero darán inicio al ambiente electoral, seguidas por la elección presidencial el 19 de mayo (y una eventual segunda vuelta en junio). El presidente Luis Abinader, del partido PRM, avanza con paso firme hacia su reelección, manteniendo una popularidad por encima del 50% y una intención de voto cercana a la mayoría absoluta. La oposición, coordinada en la "Alianza Opositora Rescate RD", compartirá candidatos a las municipales y legislativas, respaldando al candidato presidencial de estos partidos que pase al balotaje -en caso de que hubiese una segunda vuelta-. La candidatura más competitiva para enfrentar a Abinader es la del tres veces presidente, Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo.

México vivirá una mega-elección el 2 de junio, con más de 20.000 cargos en jue- go. La contienda mayor será entre dos mujeres, garantizando que México tendrá por primera vez una presidenta electa. Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de Ciudad de México y candidata oficialista, lleva la delantera en las encuestas.

Su rival, Xóchitl Gálvez del PAN, lidera la Alianza opositora "Frente Amplio por México", que incluye a los partidos tradicionales PRD, PRI y el PAN. La popularidad del presidente López Obrador ronda el 60%.

En Uruguay, las elecciones presidenciales y legislativas tendrán lugar el 27 de octubre. El presidente Lacalle Pou no puede reelegirse, y su administración mantiene una aprobación cercana al 40%. Un reciente escándalo de corrupción en la Cancillería y nuevos desafíos de gobernabilidad podrían estar inclinando la balanza de apoyo ciudadano hacia el Frente Amplio (de momento lidera por estrecho margen las encuestas), por sobre la oficialista "Coalición Multicolor" integrada por el Partido Nacional, los Colorados y Cabildo Abierto. Los candi- datos serán definidos en las elecciones internas el 30 de junio.

En Venezuela, tras una década de gobierno autoritario con Maduro en el poder, las sanciones de las potencias occidentales y la coordinación estratégica de la oposición han llevado al régimen a la mesa de negociación en los últimos meses de 2023. Se anticipa que en 2024 podrían celebrarse elecciones presidenciales con ciertas garantías y niveles de integridad. María Corina Machado podría ser la candidata para enfrentar a Maduro, si se levantan las inhabilitaciones. Sin embargo, la incertidumbre es alta y cualquier detalle puede alterar el curso de los eventos.

Anticipamos que la maratón electoral 2024 traerá un debilitamiento de la tendencia del voto de castigo a los oficialismos, un balance entre continui- dad y alternancia, y una mayor diversidad ideológica entre los mandatarios. La prevalencia de gobiernos de izquierda o centro izquierda que existía en América Latina a inicios de 2023 (la llamada segunda ola rosa) se ha visto reducida como consecuencia de tres triunfos de mandatarios de derecha o centro derecha en Paraguay, Ecuador y Argentina, y algo similar podría ocurrir durante el presente año. De confirmarse nuestras proyecciones, el nuevo mapa político regional será más heterogéneo sin olas rosas ni olas azules predominantes.

En 2024, además de dar seguimiento a este agitado calendario electoral, será crucial asimismo monitorear varios procesos políticos significativos.

En Guatemala, persiste la incertidumbre sobre si el Ministerio Público y el llamado "pacto de corruptos" permitirán la toma de posesión el 14 de enero del presidente electo Bernardo Arévalo. De asumir (pensamos que sí lo hará) su primer año en el cargo será muy desafiante: requerirá la reconstrucción del dañado estado de derecho, iniciar un proceso de renovación democrática y sobre todo dar resultados rápidamente a las demandas ciudadanas.

En Argentina, el presidente Javier Milei enfrenta el desafío de resolver el pesado legado económico y social heredado del gobierno anterior. La incertidumbre rodea su plan de ajuste estructural y shock económico, que, según ha advertido, tendrá un impacto inmediato considerable en los indicadores sociales. Existen dudas sobre la resistencia de la población a estas medidas y la capacidad de Milei para implementar sus reformas en un Congreso fragmentado donde está en minoría. Se vienen meses "calientes" en lo económico, social y político.

En Brasil, el gobierno de Lula enfrentará un referéndum de medio término en las elecciones municipales de octubre. Aunque se espera que reciba apoyo por su destacado desempeño económico, Lula se enfrentará a una derecha fortalecida y empoderada.

En los países andinos los gobiernos enfrentan serios problemas de gobernabilidad. En Perú, la presidenta Boluarte, respaldada por una coalición de derecha, se mantiene en el poder a pesar de su alta impopularidad y los efectos económicos de la inestabilidad política. En Bolivia, la disputa entre el presidente Luis Arce y su exjefe político, Evo Morales, está fracturando al MAS, lo que podría tener consecuencias significativas para las elecciones de 2025. En Colombia, el presidente Petro, en su segundo año de mandato, enfrenta dificultades para avanzar en sus prometidas reformas sociales y un deterioro en la situación de seguridad y violencia. En Ecuador, Noboa tiene un año para mejorar la crítica situación de seguridad y económica antes de decidir si buscará la reelección a principios de 2025.

En resumen, la región viene atravesando una etapa de cambio político pro- fundo, marcada por un lado por un crecimiento económico mediocre y desa- fíos estructurales heredados del siglo XX (pobreza, desigualdad, informalidad, inseguridad y corrupción) y, por el otro, nuevos retos y oportunidades propios del siglo XXI, tales como la IV revolución industrial (inteligencia artificial), el cambio climático y la transición energética.

Esta brecha entre la magnitud de los problemas y desafíos mencionados y la capacidad menguada de los gobiernos para dar respuestas a los mismos trae como consecuencia la combinación explosiva de "sociedades fatigadas, calles calientes y urnas irritadas" que desgastan rápidamente a los mandatarios, vuelven la gobernabilidad crecientemente compleja y pondrá a prueba la estabilidad política.

En materia democrática América Latina continuará oscilando entre la resiliencia y el deterioro, dualidad que refleja tanto su fortaleza como su fragilidad. Las amenazas a la democracia continuarán y no deben ser subesti- madas. Durante el 2024 será clave seguir protegiendo la integridad de las elecciones y blindar a los organismos electorales de críticas infundadas y ataques ilegales con el objetivo de garantizar la legitimidad de origen. Es crucial asimismo revitalizar el consenso democrático regional, mantener la presión internacional para contener los embates autoritarios y coordinar esfuerzos que promuevan la apertura y recuperación democrática en aquellos lugares donde se perdió.

Para ello es preciso poner en marcha una agenda rigurosa dirigida no solo a pro- teger y fortalecer la misma y aumentar su capacidad de dar resultados (delivery), sino también para repensarla, dotándola de mayor resiliencia y de una teoría más sofisticada que permita gobernar democráticamente las complejas, volátiles y exigentes sociedades del Siglo XXI. Lo anterior exige avanzar aceleradamente en el ámbito de la innovación política-institucional con el objetivo central de encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia.

Riesgo Político América Latina 2024 da cuenta de una región que está ex- perimentando un profundo cambio político con bajo crecimiento económico, y con desafíos sociales estructurales pendientes del siglo XX (pobreza, desigual- dad, informalidad) todo ello en un contexto global de creciente conflictividad e incertidumbre, y mercados internacionales que no terminan de recuperarse del Covid y la crisis económica.

Como advertimos hace dos años, la "triple crisis" que enfrenta la región de mantiene vigente:

- Una crisis de gobernabilidad, con una democracia bajo tensión: Los niveles de confianza hacia las instituciones públicas permanecen bajos, el descontento respecto de la calidad de los servicios públicos permanece alto y las redes sociales siguen imprimiendo una velocidad a las demandas sociales que el Estado no es capaz de procesar.

- Una crisis de expectativas. Las distintas protestas sociales, cada vez más violentas, hablan de expectativas frustradas, de esperanzas que se esfuman. Los gobiernos no han sido capaces de adaptarse al cambio social. Mientras la ciudadanía opera bajo una lógica de S. XXI, con la digitalización como acelerador, el Estado y sus instituciones siguen operando bajo la lógica del S. XX.

- Una crisis de certezas. Los mayores niveles de incertidumbre económicos y políticos debido a factores externos e internos aumentan el riesgo político. El contexto internacional ha aumentado los grados de incertidumbre.

Sin embargo, América Latina presenta oportunidades únicas de liderazgo global a partir de sus ventajas competitivas en la agenda del siglo XXI, dada su alta disponibilidad de minerales críticos y su mayor potencial para el desarrollo de energías renovables; la relocalización de las cadenas de suministros o nearshoring; la digitalización, el cambio climático y la tecnificación en la producción de materias primas. Todo ello, en un clima de negocios que gradualmente comienza a repuntar en la región.

Las condiciones para dar el salto al desarrollo están: los minerales críticos para la economía del futuro se encuentran en la región, como el cobre, cobalto, níquel o el litio, donde Bolivia, Argentina y Chile concentran cerca del 60% de las reservas mundiales. Así lo entienden las grandes potencias, que han seguido mirando con atención la región a través de iniciativas globales como el Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) de Estados Unidos, la Franja de la Rura y la Seda de China y la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea. El liderazgo político tiene la palabra.