Repasá el discurso completo de Rodolfo Suarez en Coviar

El gobernador Rodolfo Suarez se refirió a la necesidad de mantener la austeridad y trabajar en los consensos para encontrar las soluciones que la Argentina necesita.

El mandatario provincial se ofreció como mediador para solucionar las diferencias que tienen los dirigentes de la industria del vino.

Revisá el discurso completo de Suarez en el desayuno de la Coviar:

Señor Presidente de la Nación; señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional; señores gobernadores y representantes de las provincias vitivinícolas; señor Vicegobernador de la Provincia; Gobernadores de Mendoza mandato cumplido; señor presidente y directivos de la Corporación Vitivinícola Argentina, productores del sector vitivinícola; demás autoridades presentes; ciudadanas y ciudadanos.

Me da gusto participar una vez más de esta conversación pública tan habitual dentro del calendario de Vendimia, destinada a abordar asuntos en torno a la actividad productiva identitaria de nuestra provincia.

Cómo es sabido, desde nuestro último encuentro ha transcurrido un año de características excepcionales.

Por eso, en primer término, quiero agradecer el esfuerzo hecho por todos quienes posibilitaron que se levantara la cosecha y que nuestra industria más representativa siguiera adelante a pesar de las dificultades. Principalmente, a los trabajadores.

Hay que recordar que la aparición del virus en el país tuvo coincidencia temporal con nuestra cosecha, por entonces, en un contexto de incertidumbre absoluta sobre la enfermedad, y por eso es destacable la reacción rápida conjunta de los sectores público y privado para definir y aplicar los protocolos correspondientes que facilitaron la continuidad de la actividad cuidando a las personas. Se trató de uno de los primeros protocolos que existieron en el país y, por lo tanto, merece ser resaltada su ejemplaridad. Ejemplaridad, que también se vio con los llamados trabajadores golondrina, a quienes asistimos mientras estuvieron en la provincia y, luego, junto a la Nación y al sector privado, trabajamos para que pudieran regresar a sus lugares de origen bien cuidados.

Aun pudiendo reconocer que en Mendoza hemos mantenido un equilibrio razonable entre la gestión de la emergencia sanitaria y la apertura de la economía, a nadie escapa que la pandemia ha resentido significativamente los recursos financieros de las personas y, naturalmente, también del Estado que, a la vez, ha recibido mayor presión sobre los servicios que presta por el incremento en la demanda. Es decir que con una economía más chica estamos teniendo que sostener la prestación de muchos más servicios, lo que nos ha obligado a definir nuevas prioridades y extremar las medidas de austeridad.

Austeridad que, al margen del valor estratégico que tiene en materia de administración en estos tiempos, también debe entenderse como una clara muestra de empatía con las numerosas mendocinas y mendocinos que están atravesando dificultades.

Es oportuno advertir que todavía nos quedan muchos días de combate contra la pandemia, no sólo por el comportamiento errático del virus y los tiempos que demandarán los procesos de mitigación tales como la vacunación, sino también por las dramáticas consecuencias sociales que viene dejando a su paso, fundamentalmente en términos de empleo.

Por eso, estoy convencido de que el desafío ético prioritario que tiene toda la elite dirigencial debe estar centrado en la lucha contra la pobreza.

Y para luchar contra la pobreza necesitamos poner fin a las desavenencias argentinas, concentrándonos en la creación de riqueza; agudizando los esfuerzos para mejorar la disciplina fiscal, como viene haciendo Mendoza en los últimos años; mejorando en el Estado la inteligencia distributiva; promoviendo al sector privado con buenas condiciones para que puedan desenvolver todo su potencial; incentivando un enfoque modernizador de la educación; estimulando la innovación y creando condiciones de mayor previsibilidad para la inversión y la producción, mediante la garantía que sólo puede brindarles la solidez, la calidad y el respeto institucional, como debe ser en un país serio.

La articulación virtuosa de todos esos factores únicamente puede hacerse en el marco de un gran acuerdo nacional, no sólo entre las distintas vertientes políticas, que resulta desde luego indispensable porque el diálogo es la base constitutiva de la democracia, sino también mediante consensos amplios que enlacen a todo el sector público y privado.

Como dije en el reciente acto inaugural del Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza, los argentinos y las argentinas conocemos ya los dolores profundos que pueden producir las grietas. Es hora de ir por los beneficios que sólo la unidad puede proveer para que podamos tener un programa de desarrollo que sea sostenido en el tiempo.

No hablo de una unidad en el pensamiento, porque creo en la potencia generativa de la diversidad intelectual. Hablo de unidad en los propósitos.

Los consensos amplios y consistentes contribuyen a dinamizar las soluciones. A nadie escapa considerar que cuando en una sociedad hay mirada compartida, los objetivos están más próximos.

Sólo así vamos a poder construir una economía con crecimiento y una convivencia armónica, donde las oportunidades de progreso abran nuevamente el camino de la movilidad social ascendente que caracterizó a los mejores capítulos de la historia de Mendoza.

He sostenido que concertar exige siempre un gran esfuerzo plural. Es un llamado a la generosidad, a la modestia y a la humildad de los protagonistas. No se trata de renunciar a los intereses legítimos de cada uno sino de trabajar para articularlos solidariamente con el de los demás, teniendo como telón de fondo el bien común.

Para que haya acuerdos duraderos sólo se necesita compromiso con la verdad, capacidad crítica y autocrítica y, fundamentalmente, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Todos sabemos que los grandes instrumentos de política macroeconómica los maneja el Estado Nacional y que las provincias tienen muy pocas herramientas para influir en el desenvolvimiento de la economía real, más allá de la necesaria administración eficiente y creativa de su presupuesto.

En consecuencia, para hacer que nuestra economía regional sea más sana, necesitamos que los criterios de distribución de los recursos que hace la Nación con las provincias sean previsibles y mensurables, porque sólo así se puede planificar con eficiencia el desarrollo local en cada rincón del país y, de paso, evidenciar quiénes son los que administran bien y quiénes no, por respeto a los contribuyentes que son quienes financian al Estado.

Nos toca vivir un tiempo donde las habilidades adaptativas son esenciales para las personas, para los Estados y también para los sectores de la economía. Mendoza tiene una extensa tradición en materia de adaptación e innovación, quizá forzados por los enormes desafíos que tenemos como habitantes del desierto.

La vitivinicultura es una de las muestras más palpables, no sólo por su extraordinaria historia sino también por sus resultados recientes, ya que aún en un contexto macroeconómico dificultoso, producto de una economía enferma desde hace muchos años, el complejo vitivinícola argentino ha conseguido un destacado desempeño exportador en el año transcurrido, incluso, a pesar del marco crítico que ha planteado la pandemia.

Un logro cuya relevancia queda evidenciada si tomamos como referencia, por ejemplo, el reporte del Observatorio Vitivinícola de España que marca una contracción en las exportaciones, durante 2020, de la mayoría de los principales países productores de vino. Y, también, porque considerando las exportaciones totales en litros de vino de Argentina, según datos del INV y el Observatorio Vitivinícola de la COVIAR, nuestro país ha logrado el 2º mejor registro exportador de vino en la serie histórica.

Como es habitual, Mendoza contribuye fuertemente en la conformación de esos números, aportando en esta oportunidad casi el 86% del valor FOB total facturado y un 81,4% de su volumen.

Dentro de la canasta de productos exportados, el mosto concentrado ocupa un lugar significativo, con más de 135.000 toneladas por un valor de 138 millones de dólares. En este sentido, hay que decir que Mendoza contribuyó con el 57% de las exportaciones nacionales para el año que pasó.

Con respecto al vino fraccionado, en 2020 se registró un incremento en el volumen exportado del orden del 6%, como resultado de un aumento en las ventas al exterior del vino de etiquetas de entrada, por el cual las bodegas recuperaron un segmento de la base de consumo que se había perdido en mercados como EE.UU. y Europa, como consecuencia del retraso cambiario que tuvo lugar a partir del año 2012 y que fuera aprovechado por países competidores como España y Chile, principalmente.

Donde el desempeño ha resultado destacable es en las exportaciones de vino a granel, con más de 170 millones de litros exportados por Mendoza, lo que representa a su vez un 88% del total de 193 millones de todo el país.

Para nuestro Gobierno, las exportaciones son prioritarias por su impacto positivo en forma directa para las empresas y por la enorme creación de valor que derrama en toda la sociedad mendocina.

Es por esto que el Gobierno provincial, a través de ProMendoza, brinda tradicionalmente herramientas útiles para acompañar en el proceso exportador a las bodegas medianas y pequeñas, tales como la capacitación y la formación de nuevos perfiles comerciales, la asistencia a las empresas cuando concurren a ferias en el exterior o en las rondas de negocios que se organizan con importadores que vienen a la Provincia. Sin embargo, últimamente, se han generado herramientas novedosas como son los llamados hubs logísticos, en distintas partes del mundo, como China en el Asia o Bélgica en Europa. Durante el 2020 se agregaron 2 nuevas plataformas en el Noreste de EE.UU, con eje en Nueva York y Nueva Jersey, y en el sur de Brasil, en el puerto de Itajaí. Para el 2021 estamos proyectando nuevos hubs en Panamá, EE.UU y Europa.

En este contexto positivo en materia de exportaciones, hay que decir que el Gobierno de Mendoza hizo una gran transferencia de recursos al sector, priorizando a los viñateros, dados los bajos precios que recibieron por sus productos durante 2019 y el primer semestre del 2020.

Entre las diferentes líneas de crédito que se pusieron a disposición del sector, se destacan las de cosecha, acarreo y elaboración por un monto total de 1.400 millones de pesos, producto de un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina, con subsidio de tasa por parte del Fondo de la Transformación y el Crecimiento. De esa partida se han puesto a disposición 600 millones de pesos para el sector cooperativo, 400 millones de pesos para el sector en general y otros 400 millones de pesos, a través del FTyC, para los pequeños productores.

También, pusimos en marcha un novedoso sistema de financiamiento denominado Operativo anticipo de cosecha, para contratistas, productores y bodegas que destinaran sus uvas a la elaboración de mosto, por el cual se financiaba a toda la cadena productiva a tasa cero y a valor producto, estableciéndose en dicha oportunidad un precio referencial de 8 pesos el kilogramo para las uvas básicas, cuando el mercado pretendía pagar 6 pesos.

Los resultados del operativo fueron contundentes: se financiaron 20 bodegas y 454 productores y contratistas, con una tasa de recupero del 100%. Al finalizar la elaboración, el mercado registró un precio promedio de 7,50 pesos por kilogramo, muy cercano al precio referencial; y, finalmente, en el transcurso del año se vendió el mosto sulfitado obtenido, a un precio dolarizado significativamente superior al necesario para recuperar el capital invertido. De esta manera, la operatoria arrojó una ganancia nominal del 50% y ayudó a aumentar los precios del mercado en un 20%.

Para tonificar los precios de la producción de uvas y vinos tintos, le solicitamos al Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura que modificara la resolución por la cual, para identificar un vino como tinto genérico, se exigiera un mínimo de 80% de uvas de variedades tintas, lo que fue ejecutado y ayudó a que el precio de los vinos tintos genéricos pasara de 9 pesos el litro a los más de 25 pesos que cotiza en la actualidad.

Por otra parte, y apuntando a dar una solución estructural a los recurrentes periodos de excedentes vínicos que presionan a la baja de los precios y perjudican a los productores, anunciamos la creación del Banco de Vinos de Mendoza, con el objetivo de controlar las existencias vínicas y darle mayor previsibilidad y sustentabilidad a toda la cadena de valor.

La Ley que creó la nueva entidad fue sancionada y promulgada en el mes de agosto de 2020, luego fue reglamentada en octubre del mismo año y, una vez que fueron nombrados ad honorem los integrantes titulares y suplentes del Consejo Asesor, conjuntamente con el Director Ejecutivo del organismo, comenzó a trabajar a fines del año pasado, logrando la firma del convenio con el INV, encontrándose en la actualidad plenamente operativo para intervenir cuando el stock vínico supere los 5 meses de comercialización. Según el último informe del INV, el stock vínico se encuentra levemente por encima de los 4 meses. No obstante, ya contamos con este instrumento de política por si se produce algún desvío inesperado en la evolución de la demanda interna y externa de vinos en lo que resta del año.

Finalmente, durante la presente cosecha, con el objeto de fomentar la formación de precios rentables para los productores en el mercado de uvas, hemos anunciado nuevamente el Operativo de anticipo de cosecha, destinado a uvas con aptitud para la elaboración de mosto.

En esta oportunidad también hemos creído necesario, mediante un esquema similar, fijar un precio referencial destinado a financiar a contratistas, productores y elaboradores de las uvas malbec.

En término generales, no soy partidario de la intervención estatal en condiciones de competencia perfecta, pero cuando aparecen desequilibrios de mercado, considero que no le queda otro camino al Estado más que el de tomar posición, ya que su rol central es ser garante del bien y el progreso colectivo, sobre todo cuidando al sector más débil de la cadena.

En el caso del mosto sulfitado, financiaremos la cosecha y el acarreo a razón de 300 pesos por quintal y la elaboración del producto, a 200 pesos por quintal, a un precio referencial de 20 pesos por kilogramo de uva básica.

En tanto que, en el caso de la uva malbec, financiaremos la cosecha y el acarreo en función de la zona de producción: los valores van desde los 300 a los 400 pesos por quintal, según el oasis productivo. Mientras que, para la elaboración de esta uva emblemática, se estableció un financiamiento de 250 pesos por quintal para toda la Provincia.

Los precios referenciales guardan relación con los precios relativos históricos según la zona de producción, estableciéndose 40 pesos por kilogramo para la región Noreste, 50 pesos para la denominada Primera Zona más la región Sur y 65 pesos para el Valle de Uco.

Ambos operativos ya se han anunciado, se han reglamentado y se han puesto en marcha. Si bien es prematuro sacar conclusiones, por los precios que se están formando, entendemos que fuimos oportunos para lograr una justa distribución de la renta vitivinícola.

Dentro del enorme esfuerzo que el Estado provincial ha hecho en materia de recursos para atemperar los efectos de la pandemia sobre la economía, hay que destacar el Programa Mendoza Activa.

Este Programa, que fue diseñado para apoyar con recursos públicos las inversiones y el capital de trabajo de todas las actividades económicas de la Provincia, tuvo en el sector vitivinícola amplia receptividad, ya que el sector en su conjunto realizó inversiones por un monto total, a la fecha, cercano a los 2.500 millones de pesos, recibiendo un reintegro por parte del Estado Provincial de cerca de los 800 millones pesos. Este programa innovador invitó al sector a realizar inversiones en sus unidades productivas y la vitivinicultura respondió.

Atentos al resultado general, ya estamos impulsando Mendoza Activa 2, para seguir contribuyendo al desarrollo de la economía local.

Quiero destacar, también, otras políticas que se siguen llevando adelante y que debemos sostener: el Seguro agrícola sigue dando protección efectiva a los pequeños y medianos productores damnificados por los accidentes climáticos, lo cual se complementa con los beneficios fiscales y crediticios que otorgan las leyes de Emergencia Agropecuaria Provincial y Nacional. Paralelamente, la Provincia financia el Programa de Lucha Antigranizo, que ha permitido mitigar los efectos cada vez más adversos del clima.

No quiero omitir en la enumeración al Subsidio al Riego Agrícola que la Provincia otorga a todos los productores que poseen explotaciones de hasta 50 hectáreas, a través del Fondo Compensador Eléctrico.

Entre Seguro Agrícola, Ley de Emergencia Agropecuaria, Lucha Antigranizo, Programa de Control y Erradicación de la Plaga Lobesia botrana y el Subsidio al Riego Agrícola, el Estado de la Provincia de Mendoza transfiere de su Presupuesto unos 1.200 millones de pesos anuales a los productores, además de los fondos destinados al financiamiento, citados anteriormente.

Como es sencillo advertir, el conjunto de estos servicios que el Estado le presta a la vitivinicultura, configuran un gran esfuerzo de las mendocinas y los mendocinos para darle sustentabilidad a la actividad.

Por su parte, la sostenibilidad es un factor que sirve no sólo para producir mejor sino también para contribuir a la diferenciación. Necesitamos más energías renovables en el sector, riego por goteo y protección activa de los cultivos de las contingencias climáticas. Así nuestros jóvenes podrán ver futuro en el territorio y sumarse al desafío de hacerlo crecer y mejorar sintiéndolo su lugar en el mundo. Para ello ponemos a disposición del sector las líneas de crédito a tasa subsidiada del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

También, en estos días he instruido al Ministerio de Economía de la Provincia para que desarrolle un plan de desarrollo público-privado para iniciar un camino destinado a mejorar los rendimientos por hectárea en la finca y en bodega, atendiendo justamente los efectos del cambio climático.

Paralelamente, seguimos trabajando en el proyecto que anunciáramos el año pasado denominado Factibilidad agrícola, ya que entendemos que las plantaciones agrícolas deben ser reguladas, sobre todo cuando el recurso del agua se está tornando cada vez más escaso. Esperamos que esta iniciativa sea emulada por las demás provincias productoras o, en todo caso, se sancione una ley nacional en ese sentido.

Por nuestra parte, en breve, enviaremos a la Honorable Legislatura Provincial un proyecto de ley para que todo nuevo emprendimiento agrícola perenne deba, previamente, conseguir una habilitación por parte del Estado, antes de ponerse en marcha. Este permiso será otorgado en función de criterios económicos, edafoclimáticos, sanitarios y, sobre todo, de disponibilidad del recurso del agua en el lugar donde vaya a plantarse el viñedo o los frutales.

El agua es esencial para la sostenibilidad, la diversificación y el impulso a los proyectos de innovación económica en toda la provincia. Por eso es tan importante estratégicamente culminar emprendimientos como Portezuelo del Viento, como punta para recuperar el ciclo virtuoso de construcción de represas hidroeléctricas que hicieron posible el desarrollo en Mendoza, contribuyendo de gran manera también al país.

Siendo una de las marcas más difundidas de Argentina en el mundo, la vitivinicultura es una actividad que reúne un conjunto de virtudes fácilmente detectables, entre las que podemos destacar su optimismo emprendedor y su confianza constante en el país; su capacidad como generador intensivo de mano de obra y de externalidades positivas, como el enoturismo, el turismo rural; o las oportunidades que puede brindar a otras industrias de valor agregado, como la olivícola o la conservera, para su ingreso a los mercados internacionales.

Por eso, es importante advertir que con unos pocos incentivos puntuales se podría contribuir a que el sector exportara mucho más, con los consecuentes beneficios para el país.

En este sentido, creemos importante que la Nación trabaje para destrabar la política arancelaria que afecta los costos de ingreso a ciertos mercados atractivos, planteando un esquema similar a lo que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la carne con México.

También, vemos con especial interés la posibilidad de reimpulsar una nueva etapa del PROVIAR, destinado a modernizar la estructura productiva, fundamentalmente en lo que hace a las infraestructuras del agua y la tecnificación del riego.

Un párrafo destacado merece el Programa de control y erradicación de la Lobesia botrana, donde hemos seguido dando una fuerte lucha con el aporte de la Nación, la Provincia y los productores, haciendo disminuir el nivel de presión de la plaga, entre 2016 y 2020, en un 95%. Sin embargo, esta temporada es el último ciclo con financiamiento provisto por ley. Por lo tanto, apelamos al Gobierno Nacional para que envíe un proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación, para seguir financiando el Programa plurianual, de modo tal que alcancemos en el corto plazo el estatus de Actividad Libre de Lobesia botrana.

En una agenda más amplia en la que también necesitamos que intervenga la Nación, creemos necesario que se trabaje en un programa de mitigación de los efectos del cambio climático con todas las provincias del Oeste, con el propósito de poder incrementar la oferta hídrica cuyo escenario de restricción ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural.

Asimismo, sería necesario atender los costos logísticos derivados del trasporte y los costos de los insumos secos, cuya concentración quita competitividad.

En esa agenda podemos mencionar también la necesidad de eliminar el IVA para el Seguro agrícola, que sería de muy bajo impacto fiscal para el país, pero muy significativo para los productores, teniendo en cuenta siempre que no hay vitivinicultura virtuosa sin productores y, por eso hay que cuidarlos creándoles buenas condiciones.

Y, a propósito de cuidar a los productores, quiero agregar que no se le puede dar pie a la especulación a través de una ligera importación de vinos que, además del egreso de dólares del país, produce daño en el entramado social de los mendocinos con consecuencias que conspiran contra el arraigo y el empleo.

Quiero mencionar que estamos trabajando en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para crear en CABA el Distrito del Vino, de manera de contribuir a la promoción de la bebida nacional con una locación de fuerte impacto para el turismo internacional, que además ayude a impulsar el consumo interno.

Necesitamos seguir incentivando una vitivinicultura más fuerte, más rica, que dé más trabajo, que genere arraigo y nuevas oportunidades. Y eso se consigue con unidad de propósitos, tal como he mencionado para otros asuntos.

Por eso, como hiciéramos el año pasado, volvemos a ofrecer nuestros buenos oficios para interceder en el indispensable entendimiento de la dirigencia vitivinícola, de manera que podamos visualizar un destino estratégico común para toda la industria.

No tengo dudas de que Argentina y, particularmente Mendoza, tienen enormes potencialidades de progreso. Hablo de potencialidades porque nada se va a hacer solo, por generación espontánea, ni lo vamos a conseguir si esperamos que un gobierno lo solucione todo.

Estoy convencido de que la gran mayoría de las argentinas y los argentinos nos quieren ver a todos trabajando juntos, sin importar la filiación política o la procedencia ideológica.

Sólo hay esperanza con unidad. Esa es la deuda más importante que la política y la dirigencia argentina tiene con la sociedad. Y, por eso, en la unidad y en el diálogo está la vocación del gobierno que lidero para honrar los valores y la buena voluntad que las mendocinas y los mendocinos están dispuestos a poner para enfrentar la adversidad de los tiempos que vivimos y, en mayor medida, para ir por los sueños que guardan los tiempos que vienen.

Muchas gracias y feliz Vendimia.