El Gobierno le sacó a Cristina la jubilación y pensión como expresidenta

Hace pocos meses atrás, en mayo más precisamente, el Presidente pensaba distinto. Ante una pregunta de Joni Viale en TN sobre las jubilaciones de privilegio aseguró que "no voy a tener jubilación de privilegio, pero no lo puedo hacer hacia atrás, es un derecho adquirido". Hablaba específicamente del caso de Cristina Fernández de Kirchner, tal como le había preguntado el periodista.

Pero ante la ratificación en segunda instancia de la condena de administración fraudulenta, Manuel Adorni anticipó que "por orden del Presidente de la Nación, y con la intervención del Ministerio de Capital Humano y el ANSES, se resolvió dar de baja la jubilación de privilegio que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la que venía percibiendo como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro de 21.827.624,65 en mano". Y por mes.

"Esta asignación se otorga de acuerdo a la ley 24018 para expresidentes y ex vicepresidentes y se trata de una contraprestación de jubilaciones que reconoce el honor, mérito y buen desempeño en el cargo", recordó el vocero presidencial, quien consideró que "la señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, mérito y buen desempeño".

La decisión tiene alto impacto en la opinión pública. Quitarle el beneficio a la expresidenta es algo que empatiza en forma directa con un electorado que no puede creer que cobre 21 millones de pesos por mes. Hacerlo en forma expedita a través de ANSES, con apenas una resolución dictada por el Ministerio que conduce Sandra Pettovello, tendrá efectos inmediatos. Claro que la expresidenta acudirá a la justicia, y son muchos los que ya se están pronunciando en torno a la ausencia de un marco legal apropiado para quitar un beneficio que es otorgado por ley y que, en todo caso, tiene en la Corte Suprema la ilegalidad del cobro de la pensión del expresidente, en una causa que siguen Daniel Sabsay y Eugenio Semino. "Nosotros consideramos que no puede haber dos beneficios, conforme a la propia ley 24018" recordó el Defensor de la Tercera Edad en diálogo con Memo.

Graciela Ocaña, por su lado, explicó que "no hay un marco legal sólido, pero siempre en la discusión parlamentaria se habló de idoneidad, claramente alguien condenado con condena firme no podría cobrarlas. Pero (Carlos) Menem cobró igual y (Amado) Boudou lo cobra".

Lo curioso es que Adorni evitó pronunciarse favorablemente sobre la ley de Ficha Limpia que impulsa el PRO, que incluiría el requisito electoral de no tener condenas en segunda instancia para presentarse como candidato desde las próximas elecciones. "Todavía no está el texto como para que podamos decir si la apoyamos o no", soltó ante la insistencia periodística en la conferencia de prensa de hoy.

Es verdad que, aunque se apruebe en Diputados, no es sencillo que el Senado se pronuncie en igual sentido, más bien parece imposible si el Gobierno no toma el proyecto como propio. Pero la postura del vocero pareció más prescindente. El PRO, sin embargo, seguirá peleando para su tratamiento y aprobación en la Cámara baja.

Es lo que hace pensar que, tal vez, esta medida sobre la jubilación y pensión que mensualmente cobra Cristina como expresidenta apunte a garantizar su candidatura a Senadora por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año próximo. Ya se probó que el "cuco" electoral facilita la polarización del electorado y facilitará a los candidatos de LLA un posicionamiento frente a los del PRO, que estarán así obligados a negociar su participación en las listas del Gobierno en posiciones muy desventajosas a las que imaginaban al inicio de la gestión de Milei.