Una absurda puja de poder hizo caer la ley y la sociedad se quedó sin normas importantes, aunque vienen nuevos aumentos

Esta semana se vivió un espectáculo bochornoso en el Congreso cuando el Gobierno decidió retirar el proyecto de ley de Bases, que había enviado, y que mostró facetas particulares de todos los grupos políticos. Hubo una clara impericia del Gobierno en cuanto a construir acuerdos políticos y haciendo gala de una gran dosis de soberbia, basado en un proyecto elaborado por equipo comandado por Federico Sturzenegger, que tenía una gran carga de dogmatismo, difícil de ensamblar.

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Por otra parte, la oposición peronista hizo lo que hizo siempre, que es oponerse con un nivel de cinismo increíble, como cuando negaron que Alberto Fernández hubiera tenido facultades delegadas. Pero estaba claro que el resto de los bloques, de la UCR, Pro, y los bloques de asociados a Miguel Ángel Pichetto, coincidían en las bondades de la ley, aunque querían a ver algunos aportes.

A medida que avanzaban las negociaciones fueron apareciendo las miserias propias de los que detectan que tienen miserables porciones de poder. Ese poder venía de la debilidad de las fuerzas oficialistas y eso les mostró que podrían presionar con la amenaza de votar en contra. Lo mismo hicieron algunos gobernadores que querían conseguir más ingresos y peleaban porque el gobierno había bajado el impuesto a las ganancias.

Hay que reconocer que, pese a las acusaciones, el gobierno cedió en varias oportunidades, a tal punto que de un proyecto original de 664 artículos quedó en unos de 280, contando también los que integraban el paquete fiscal que se retiró primero. Y también que, a media que el gobierno cedía, los aliados de sentían más poderosos y pedían cada vez más.

Lo cierto es que en un arranque de ira el presidente mandó a retirar el proyecto cuando los diputados radicales comenzaron a objetar y rechazar algunas de las facultades que el presidente reclamaba. Sorprendió que los radicales votaran en contra las facultades para encarar las reformas en Seguridad, para atender la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. 

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Uno de los temas destacados fue la actitud del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora quien estaba dispuesto a doblegar a Milei y se lanzó a tratar de conseguir que se coparticipe el impuesto PAIS, a poner limitaciones a las capacidades de contraer deuda, limitar la cantidad de empresas a privatizar y acordar alguna fórmula para ajusta las jubilaciones. Aparentemente el mandatario cordobés subestimó la personalidad de Milei y su supuesta debilidad. Para esto, había acordado con Máximo Kirchner que el bloque de Unión por la Patria (kirchnerismo) apoyara sus demandas.

Las respuestas de Milei

En principio, el gobierno dejó trascender que la ley no era fundamental para sostener la política fiscal. Pero lo que es claro es que nadie más o menos informado podía suponer que Milei se sentiría amilanado por las circunstancias o debilitado por quienes, ahora, se muestran deseosos de aprobar la ley y dicen no entender los motivos por los que el gobierno retiró el proyecto de ley. Es más, en campaña Milei había dicho cómo reaccionaría si le rechazaban sus iniciativas en el Congreso. Es que nadie está acostumbrado a un político que hace lo que promete, en lo bueno y en lo malo.

Incluso, el ministro Caputo dijo que la ley era secundaria y que habían avanzado más rápido de lo previsto y que en enero habría conseguido superávit fiscal financiero, es decir, después de pagar intereses de la deuda. No obstante, en secreto manejan un objetivo impactante: quieren anunciar en marzo haber conseguido un superávit de 10 billones de pesos, tal como lo acordaron con el FMI con lo cual estiman habría un gran empuje de confianza que, incluso, ayudaría a bajar las expectativas inflacionarias y reducir los tiempos de baja de los índices de precios.  

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Entre las decisiones acordadas por el Gobierno, dentro de la bronca de Milei con los gobernadores, se inscribe la decisión de reducir un 98% las transferencias discrecionales a las provincias. En este caso, el impacto es dispar porque no todos recibían en la misma proporción. Esta reducción es fundamental para afirmar el objetivo del superávit fiscal.

Otra decisión muy importante es la eliminación casi total de los subsidios al transporte público. Este rubro era muy importante para las arcas fiscales, aunque se ha mantenido una proporción para el AMBA. No obstante, desde el gobierno nacional afirman que lo que se eliminan son las transferencias que recibían los gobierno y las empresas y que desde ahora los subsidios irán en forma directa a la tarjeta SUBE de los usuarios, aunque no se sabe la forma de calificación que harían para su distribución. Los gobernadores se quejan porque aún se mantienen en el AMBA.

Esta decisión llega justo en el momento que los gobernadores estaban negociando equiparar el reparto actual, que hacía que el 85% de los recursos fueran para el AMBA y el resto para el interior. Esto ha generado una gran indignación en la mayoría de los gobernadores. Lo que no se sabe es si los usuarios de esa zona tendrán aumentos de tarifas y cómo reaccionarían en Mendoza.

En nuestra provincia el boleto es de $200, pero si se consideran los abonos y descuentos, el neto que ingresa al gobierno es de $100. Mendoza no recibía subsidios y la diferencia la subsidiaba el gobierno. Hoy el costo está cerca de los $850 por lo que, probablemente, el gobierno deberá generar varios aumentos para bajar un poco el costo que tiene que financiar. El ministro Natalio Mema explicó que en enero el costo del sistema fue de $10.500 millones de pesos y que la recaudación había sido de $1500 millones, o sea, un 12%. ¿Hasta cuándo podrá seguir con este nivel de subsidios?

Otra herramienta que utilizará el gobierno de Milei es el impuesto a los combustibles. Con este impuesto el gobierno reemplaza lo que no pudo ingresar por el aumento de retenciones. Este mes el Gobierno generó un aumento y falta que haga dos aumentos mensuales más para compensar los que fueron los impuestos correspondientes al año 2023. Desde junio comenzarán los aumentos trimestrales correspondientes al año 2024. Por ahora, les han pedido a las petroleras que no sigan en forma estricta los aumentos de los precios internacionales, pero, con seguridad, se vienen aumentos muy importantes en los precios de los combustibles el resto del año.

Es muy pronto, pero el gobierno podría dictar normas que no requieren pasar por el Congreso para acelerar la simplificación de trámites, eliminación de funciones y funcionarios, así como muchos aranceles fijados por organismo independientes. El tema de los registros automotores es urgente. Está faltando acción, gestión y reemplazar muchos funcionarios que subsisten del gobierno anterior y se especializan en poner palos en la rueda.