Confirmaron el nuevo cargo para un exministro radical
En septiembre Memo había anticipado el nuevo cargo que tendría Miguel Bondino, quien fue funcionario de la administración de Julio Cobos. Este lunes se concretó el nombramiento por pedido del titular de la UCR, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.
Luego de ser ministro de Seguridad durante la gestión de Julio Cobos, director del Casino y senador provincial por el Cuarto Distrito, el radical Miguel Bondino fue confirmado este lunes en Inspección General de Seguridad (IGS).
Tal como había anticipado Memo en septiembre del año pasado, Bondino ocupará el lugar reservado para uno de los dos partidos con mayor representación parlamentaria como Director de la IGS.
Fue así como el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, lo propuso para reemplazar al sanrafaelino Ricardo Batiz, quien abandonó el cargo que le dieron hace seis años.
Los otros dos integrantes del directorio seguirán siendo Gustavo Sarli, en representación del PJ, y Marcelo Puertas, designado por el gobernador, que seguirá siendo presidente del IGS.
Finalmente, a través del decreto 2634, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se designó a Bondino con un régimen salarial 01. El decreto fue firmado por el vicegobernador Mario Abed y el titular de Seguridad Raúl Levrino.
Normativa
La normativa vigente establece como requisito para ser director de la IGS "tener título de abogado no pudiendo pertenecer o haber pertenecido a las Policias o al Servicio Penitenciario, nacional o provinciales como personal en actividad o retirado".
Nombrarán a un exministro de Cobos en la Inspección General de Seguridad
Bondino es abogado, dirigente radical de San Rafael, y su último cargo público fue senador provincial, ocupando una banca entre 2015 y 2019. Previamente, fue director del Instituto Provincial de Juegos y Casinos junto con los peronistas Carlos Bianchinelli y Federico Domínguez.
Tras su estadía en el Casino, Bondino, Bianchinelli y Domínguez fueron castigados con multas millonarias del Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de limpieza. Sin embargo, la Suprema Corte terminó suspendiendo esa sanción.
