La SIGEN demandó a la UBA por impedir la auditoría
El organismo inició la acción legal contra la UBA porque quiere que deje de evitar ser auditada y rinda cuentas de los recursos que recibió del Tesoro Nacional.
La pelea entre el gobierno nacional y las universidades continúa encarnada en las acusaciones cruzadas entre la SIGEN y la UBA. En este nuevo capítulo, el organismo de control quiere que la UBA cumpla con el artículo 59 de la Ley de Educación Superior, que explica que las instituciones universitarias tienen "autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley de Administración Financiera y sistemas de control del sector público nacional".
Específicamente, solicitó que remita al juzgado que será sorteado en las próximas horas los siguientes ítems:
- La normativa interna de la Universidad para la aprobación y autorización de gastos por parte de cada funcionario.
- Normas reglamentarias vigentes referidas al circuito de Compras y Contrataciones.
- Listado de expedientes que conforman cada una de las rendiciones efectuadas sobre los fondos, sujetos a rendición, transferidos por la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación durante los ejercicios 2022-2023.
- Detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por el Ministerio de Educación.
- Acceso a los Sistemas SIU PILAGÁ Y SIU DIAGUITA (módulo de compras, módulo de patrimonio) para consultar y "comprobar las registraciones de los gastos y sus rendiciones de cuentas".
La Sindicatura General indicó que no quiere auditar planes de estudios, la designación de autoridades, influir en la libertad de la cátedra o designar el auditor interno de la UBA: "Son cuestiones totalmente ajenas al objeto de las auditorías", subrayaron desde el organismo.
"Se procura verificar la aplicación de los recursos girados por el Tesoro Nacional en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN)", agrega el texto.
La demanda, firmada por Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, y por Miguel Carlos Blanco, el síndico General de la Nación, también cuestionó a la UBA por no permitir que avance el proceso que impulsa el Gobierno: "Con el pretexto de proteger la educación universitaria libre, gratuita y masiva, rechaza dar cuenta del destino de los fondos públicos recibidos y la observancia en su aplicación de las reglas contables, financieras y fiscales".
Para los funcionarios, esto afecta la "transparencia de la gestión y evita que la sociedad cuente con información clara y precisa".
En tanto, el rectorado de la UBA ratificó que la SIGEN no tiene competencia para analizar las cuentas de la institución: "Queremos ser controlados dentro del marco de las leyes", afirmó Ricardo Gelpi, el rector.
Sin embargo, Gelpi aclaró que no están en contra de las auditorías: "Queremos ser auditados, lo que sea necesario, dentro del marco de las instituciones. Y decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial".
tn
