El gobierno nacional envió el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura

El organismo tiene actualmente 13 miembros y la iniciativa propone que pase a 17 integrantes. El Consejo de la Magistratura, es -entre otras cosas- el organismo que selecciona a los jueces nacionales y federales, pero que también los juzga cuando cometen delitos o no cumplen con sus labores.

El gobierno nacional anunció hoy que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el objetivo es alcanzar una "representación más equilibrada" en ese cuerpo, además de incorporar cupo por género.

El proyecto llegará ingresará por el Senado un día antes de que juren los nuevos diputados y tres antes de que cambie la conformación de la Cámara alta, donde el peronismo, luego de 38 años, no tendrá la mayoría.

El texto del proyecto apuntaría a la posibilidad de ampliar los miembros del cuerpo con el artículo 114 de la Constitución Nacional, que no precisa el número de los representantes.

Lo que propone el proyecto del Ejecutivo es que esté integrado por cuatro jueces del Poder Judicial, seis legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.

Además de la cantidad de miembros, también se proyectan cambios en la duración de los mandatos y se establece que cada consejero durará cuatro años en su cargo y que podrá ser reelegido una sola vez en forma consecutiva y también se deja establecido que "cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados/as, en cuyo caso deberán ser reemplazados/as por sus suplentes o por los/las nuevos/as representantes que designen los cuerpos que los/las eligieron para completar el mandato respectivo".

También se especifica que los integrantes del cuerpo "no podrán registrar condenas penales por delitos dolosos dictadas en los últimos veinte años" y que "no podrán ser consejeros/as las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por los derechos humanos".

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