Gasto político y funcionamiento institucional a futuro: se abre el debate en Mendoza

Rodolfo Suarez impulsará esta semana la reforma de la Constitución de 1916 con lo que buscará un ahorro en los costos del Estado. La propuesta fue presentada durante la campaña electoral y reafirmada en su discurso ante la Asamblea Legislativa en mayo pasado.

Entre los principales puntos que propone está el cambio del actual sistema bicameral por el de una sola cámara, como sucede en otras provincias. En este punto, se busca una representación mixta, para que los departamentos más grandes no dejen sin representación a los más chicos, pero también a nivel poblacional, para que los más chicos no condicionen a los que más habitantes tienen.

A la hora de promover la unicameralidad, desde el Gobierno dan cuenta de tres datos:

- Quince provincias tienen sistemas unicamerales

- Ocho son bicamerales.

- Todos los concejos deliberantes del país son unicamerales.

La reelección del Gobernador será un punto clave y ha sido siempre la piedra de la discordia. Mendoza y Santa Fe son las únicas dos provincias donde no está permitida, y para evitar que suceda lo que siempre ha imposibilitado reformar la Carta Magna, Suarez anticipó que en la iniciativa se autoexcluirá de ir por otro período al frente del Poder Ejecutivo. 

"No tiene sentido tener una cámara de senadores y otra de diputados que en la norma y en la práctica representan lo mismo", señalo Suarez cuando anunció su iniciativa para eliminar una cámara.

La militancia de la reforma

En principio, la propuesta de Suarez consiguió más consenso fuera de su partido y de la política, en la sociedad civil y entre los empresarios, que en el sector a reformar.

Por ello el Gobierno desarrollo diversos encuentros virtuales con sectores productivos para analizar un punto central: cómo garantizar la representación legislativa de todos los municipios y regiones de Mendoza.

También se busca ampliar la autonomía municipal, algo declamado pero no conseguido y que tiene defensores y detractores.

También hay que decir que el radicalismo históricamente ha sido defensor en Mendoza de la bicameralidad, bajo el concepto de que el doble trámite impide autoritarismos y le quita hegemonía al Poder Ejecutivo. Además, los defensores del actual sistema lo han planteado como un freno al "apuro" para sancionar normas que puedan beneficiar exclusivamente a sectores corporativos o poderosos.

A escala interna en el Frente que gobierna Mendoza, el Partido Demócrata ha sido un acérrimo opositor de cualquier retoque que se le quiera dar a la Constitución.

Pero no solo eso: el argumento de que busca ahorrar gasto político también fue refutado por sectores del radicalismo, quienes sostienen con números en la mano que "no es la Legislatura el problema del exceso de gasto político", y señalan los altos costos y sobrecostos que son capaces de avalar sin tanta exposición pública las contrataciones que realiza el Poder Ejecutivo en sus planes de obras.

Esta versión surgió, por ejemplo, de la corriente liderada por la ex vicegobernadora Laura Montero, quien realizó un importante ajuste en la Legislatura durante su mandato, al punto de que el ahorro del gasto político le permitió construir la torre que sirve de sede al Senado y además, podría haber permitido un segundo edificio igual.

Recuperar la iniciativa

Pero no se trata solo de cumplir promesas de campaña o conseguir un Estado más dinámico. También este envío a la Legislatura de la iniciativa para reformar la Constitución busca imponer en la agenda un debate favorable al diseño de un futuro, algo que quedó paralizado en muchos aspectos por la pandemia de covid-19.

Las conversaciones y discusiones públicas giran, en este tiempo, en torno a la pandemia y sus consecuencias, con bastante pesimismo económico mirando al futuro.

En lo político, el joven gobierno de Suarez arrancó con varios traspiés, como fueron dar marcha atrás con la reforma a la ley 7722 que hubiera permitido una activación de la industria minera y los recursos resultantes. También fue frenado el ímpetu de las obras que iba a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que se cayeron al no contar con respaldo del peronismo.

De tal modo que el Gobierno quiere dar el primer paso y conseguir, con ello, un nuevo espacio de discusión, esta vez con el futuro como objetivo.