Expropiación de YPF: Argentina confirmó que apelará al pago de US$16.000 millones

Tanto la Argentina como los demandantes enviaron distintas cartas con sus posiciones acerca de cuándo debería tener efecto el fallo emitido.

La Argentina notificó formalmente a la justicia de Nueva York la decisión de apelar el fallo emitido contra el país el último 15 de septiembre, por el caso de la nacionalización de YPF, que obliga al país pagar una indemnización de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park, que se presentaron como demandantes en la causa.

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De esta forma, la Argentina formalizó su intención de apelación, dando aviso a la Corte de Nueva York dentro del período de 30 días que corren luego de la sentencia, y según la práctica habitual para estos casos.

La carta de apelación -enviada ayer- a la jueza Loretta Preska consta de una carilla, en la que se formalizó la apelación, a lo cual luego se sumará la presentación oficial de los argumentos.

A inicios de octubre, tanto la Argentina como los demandantes enviaron distintas cartas con sus posiciones acerca de cuándo debería tener efecto el fallo emitido.

Mientras los demandantes pidieron que el fallo tenga efecto a partir del 16 de octubre, es decir a partir de los 30 días de emitida la sentencia, la Argentina considera que Burford Capital y Eton Park no respetaron "un período razonable", que a su criterio es la duración de todo el proceso de la apelación.

Al respecto, "decida lo que decida Preska su decisión no afecta ni condiciona el derecho de Argentina a apelar, solo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo mediante algún eventual embargo, mientras tramita la apelación", indicaron a Télam abogados que siguen de cerca el caso.

A principios de octubre, Burford Capital reclamó a Preska que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre.

Para evitar esa medida, exigió que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo (US$16.000 millones).

La defensa argentina, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, manifestó que no podría hacer dicho pago actualmente, ya que el desembolso generaría "daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes".

Los abogados que representan al Estado argentino adujeron también que "la sentencia de US$16.100 millones representa una cantidad equivalente a casi el 20% de la Presupuesto federal de la República para 2023. El pago de tal proporción del presupuesto de un país no es posible para cualquier gobierno en el cronograma propuesto por los demandantes", consideraron.

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