Exclusivo: el juez de la Corte de Brasil de quien depende el futuro político de ese país

El pasado lunes el juez brasileño Edson Fachin determinó anular las condenas y procesamientos contra el expresidente Lula por considerar al juez Sergio Moro incompetente.

Como piezas de un dominó desenfrenadas, la devolución de los derechos políticos al exmandatario generó una catarata de versiones y sucesos.

Ante los hechos, el juez supremo Gilmar Mendes llamó a una votación de urgencia para saber qué hacer con el juez que lideró el proceso denominado Lava Jato. La sala II de tribunal supremo retomó el martes un habeas corpus para declarar sospechoso al exjuez Moro. El resultado está 2-2 y el juez Kassio Marques Nunes, el magistrado más nuevo, que fue designado por el presidente Jair Bolsonaro, pidió más tiempo para votar y no tiene plazo. 

Esta sala tiene cinco miembros y el habeas corpus para anular todo lo investigado contra Lula había sido rechazado en 2018 por Fachin y Carmen Lúcia Antunes y el martes votaron a favor de recibirlo los jueces Gilmar Mendes, miembro informante, y Ricardo Lewandowksi.

Este sábado, el miembro del máximo tribunal Mendes habló con el programa "Tormenta de ideas" que se emite de 8.30 a 9.30 por Radio Nihuil, y dio cuenta de las dos vertientes de las que está pendiente toda Latinoamérica, en razón de la amplitud de las acusaciones de corrupción contra presidentes y el antecedente que está generando Brasil.

"No se está decidiendo que Lula sea inocente, sino que el proceso fue mal hecho", afirmó este sábado Mendes por Nihuil. El magistrado ratificó las sospechas de que las acciones del entonces juez Moro eran alimentadas desde afuera del Poder Judicial.

De carácter fuerte e influencia notoria, el ministro de la Corte sabe que es clave para el futuro político no solo de Lula, sino de Brasil, porque el propio presidente Jair Bolsonaro llegó al poder escalando sobre las denuncias de corrupción que ahora se caen como un castillo de naipes. Y Moro, el juez que llevó todo al extremo y detuvo a Lula, apartándolo de la política, fue ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, cerrando un círculo que ahora parece abrirse.

"Tenemos dos discusiones que están siendo discutidas en el Superior Tribunal Federal de Justicia. Una, es la planteada por el ministro Fachin, el relator del llamado Lava Jato, que consideró que el juicio realizado en Curitiba no tendría jurisdicción para juzgar esos cargos. Porque no está probado que los delitos estaban vinculados con Petrobras, sino que serían de competencia solo para los desvíos de Petrobras. Manda el juicio hacia Brasilia. Luego -dijo Mendes- está bajo mi supervisión la suspensión del juez Moro. Esto lo es tamos discutiendo en la Sala 2. En mi opinión, el juez Moro debe ser suspendido".

En diálogo con "Tormenta de ideas" por Nihuil, el juez de la Corte Mendes sostuvo taxativa que "en ninguno de los dos casos estamos haciendo ningún juicio sobre la inocencia o culpabilidad del expresidente Lula, sino que solo estamos considerando que no se ha seguido el debido proceso legal".

- ¿Cómo queda ante la ciudadanía de Brasil la actuación de un juez como Moro, que fue identificado con la lucha contra la corrupción? ¿Es un juez que se excedió en su mandato o que se equivocó en el camino para investigar las acusaciones?

- Tendremos que hacer un balance al final de todo el proceso. Les ido que lean mi voto. De lo que se habla es que muchas veces el juez Moro ejerció un papel de juez acusación y en el sistema judicial brasileño, es la Fiscalía la que debe acusar. Moro, cuando dejó Curitiba y asumió en el Ministerio de Justicia, hay información que hay actividad de cooperación entre el juez Moro y el Ministerio Público. Primero, la denuncia realizada contra el expresidente, fue sometida previamente por el juez sobre la justicia de Curitiba con los fiscales. Tenemos que saber si realmente se estaba ante un juez imparcial. Desde la perspectiva de la Suprema Corte, tenemos que saber si se sometió a Lula a un juicio justo.

- En 2019 un voto suyo fue clave para que Lula dejara la cárcel, pero en 2016 por un voto suyo Lula no pudo asumir como ministro de Dilma Rousseff.

- Son cosas bien diferentes. Nuestra Constitución dice que solo se considera plausible de aplicación de prisión preventiva a partir del juicio. Se discutió entonces que podía aplicarse a partir de la segunda instancia. Ese era el sentimiento que dominaba. Después pasamos a decidir que era necesario que hubiese sido jugado, a no ser que hubiera un decreto de prisión preventiva. Lo que sucede con mucha frecuencia es que hay muchos recursos que se van presentando, inclusive ante la Suprema Corte, a las que llamamos 'maniobras dilatorias', que terminan por atrasar los procesos. Entonces, con el caso de un empresario muy conocido de Brasilia, cerrar los recursos y empezar una nueva discusión diciendo que era posible sin decretar la prisión en segunda instancia, pedir una fundamentación para eso. Y esa fue la decisión que yo acompañé con otros cinco colegas. Y denuncié que pasamos a tener prisiones provisorias desde el inicio de los juicios, lo que hizo que las prisiones provisorias se transformaban en prisiones permanentes. Luego se discutió y se decidió reflexionar sobre el tema. El asunto es que la prisión preventiva en Curitiba era utilizada como una herramienta para regular las delaciones premiadas y ahora estamos revisando esos documentos.

Sobre la cuestión del impedimento de que Lula fuera ministro, hay una cuestión que tiene que ver con una divulgación relacionada también con los juicios de Curitiba, a partir de una acción del juez Moro. Esa información decía que Lula estaba siendo propuesto como ministro solo para utilizar los fueros, e inclusive hubo una conversación en ese sentido entre la presidenta Dilma y el expresidente Lula. Pero después se conoció que hubo una serie de manipulaciones de parte de la propia justicia. Por eso debe comprenderse la decisión en aquella circunstancia, cuando se entendía que la nominación de Lula como ministro que se dio días antes del proceso de juicio político (contra Dilma Rousseff) fue un desvío de poder.

- ¿Lula va a estar habilitado para ser candidato?

- Tenemos que aguardar las definiciones. De hecho, si él no estuviera incluido en la llamada 'ficha limpia', si él no tuviera condenas, podrá ser candidato. 

- Haciendo un paralelismo entre Brasil y Argentina, ¿se considera que ha existido lawfare?

- He hablado mucho de esto en estos días, inclusive, participé de un encuentro con el professr (Raúl Eugenio) Zaffaroni. Se habla mucho de lawfare y de que podríamos haber sufrido una situación de abuso político. Si ustedes pudieran leer todo lo que ha pasado en la semana en Brasil, podrán ver que se estructuró una especie de 'grupo de tareas' cuyas acciones eran comandadas por un juez y las coordinaba con el Ministerio Público. Se promovía desde la fiscalía un proyecto político.

Aquí se habla, por ejemplo, que el Lava Jato logró recuperar por lo menos 4 billones que habían sido desviados. De ellos, 2 billones estaban siendo apropiados en Curitiba por una fundación que estaría dirigida por los miembros del Ministerio Público. También está la noticia de que los fiscales habrían actuado con Transparencia Internacional Brasil y una fundación importante para tener una acción política y actuar en ataque de los políticos que ellos juzgaban que no eran dignos del voto. Aquellos que según ellos tenían "ficha sucia" y harían campañas electrónicas contra esas personas. Por lo tanto, un área de justicia contra los criminales se había vuelto un elemento de acción política.

- ¿Se verifica en América Latina una intromisión del Poder Judicial en la política para alentar o prohibir candidatos o candidaturas?

- Es una cuestión muy delicada de discutir. Yo creo que los mismos políticos cometieron un error en 2010 al aprobar la llamada Ley de Ficha Limpia con criterios muy vagos, muy amplios. Y eso se dio a partir de una ley que partió de una iniciativa popular y que fue aprobada, inclusive, con el apoyo del gobierno del PT. No teníamos otra posibilidad de interpretación que de una decisión de segunda instancia, condenatoria, se eliminara a personas de la vida política y eso afectaba también a personas emplazadas por el Tribunal de Cuentas y organismos de la Justicia Electoral. Entonces, no fue la Justicia la que tuvo esta iniciativa sino que salió del Poder Legislativo, que tal vez actuó bajo las presiones que se hicieron en aquel momento. Hoy se habla de a necesidad de rediscusión de esta ley. Está claro que el Poder Judicial terminó siendo parte de ese proceso, cuando, por agilizar los procesos terminó tomando decisiones precipitadas, porque una decisión de segunda instancia que confirma una decisión de primera instancia que sea condenatoria, es capaz de eliminar a un candidato importante del proceso electoral.