El gobierno de San Luis, denunciado internacionalmente por bloquear la libertad de prensa

En un documento de 18 páginas, el periodista puntano Mario Otero acusó al gobierno de San Luis de violar la libertad de pensamiento y de expresión.

"El blindaje opera en todos los ámbitos del accionar gubernamental, de su control y de su influencia. Es una censura a informar sobre los actos de gobierno más allá de lo que divulga por los medios habituales", consideró Otero cuando dio a conocer la denuncia.

Según informó uno de los pocos medios independientes, El Chorrillero, Otero tiene 55 años de trayectoria en el periodismo en San Luis. Y desde hace 28 años es el productor general y conductor del programa "Nada secreto" que se emite por Radio Universidad.

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Explicó que antes de exponer la situación ante la CIDH agotó "la búsqueda de respuestas" a sus requerimientos: "Incluyendo un pedido de explicaciones a la Jefa de Gabinete de Ministros (Natalia Zabala Chacur) de las razones por las cuales no soy atendido por ella ni por ningún otro funcionario gubernamental en las búsquedas para notas periodísticas. No fueron contestadas ninguna de las presentaciones realizadas".

Amparado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual prevé que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el periodista aseveró que se le impide el libre desarrollo de la profesión: "No puedo acceder a la información personalizada que debieran brindar los funcionarios responsables, que siguiendo un mecanismo de censura impuesto por el Gobierno de la provincia de San Luis (Estado argentino), no se les permite ser entrevistados o bien, sólo bajo las condiciones que el Estado provincial (San Luis) de hecho impone".

Hace referencia además al artículo 44: "Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión, peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte".

Tiene en cuenta que ello afecta no sólo su derecho a informar "sino también el de los oyentes ciudadanos que no pueden acceder a la información que se procura transmitir".

Otero, que tiene el patrocinio de Francisco Guiñazú, denuncia y pide que estas situaciones sean "urgentemente" investigadas "para terminar con estas prácticas feudales que no nos reconoce como ciudadanos libres e independientes".

Describe que San Luis tiene un mecanismo de censura "impuesto" por la Jefatura de Gabinete provincial, para "controla" toda la información oficial que "puedan transmitir los funcionarios gubernamentales a través de los distintos medios de comunicación". Luego detalla los filtros que tienen a su vez los ministerios a través de los encargados de prensa.

"Operan como nexo entre los periodistas, los funcionarios y la Agencia de Noticias San Luis; son ellos, quienes exigen a los periodistas que antes de hablar con los funcionarios (Ministros, Funcionarios, Directores, Jefes y Sub Jefes de programa etc), acuerden el tema y el horario de la nota", asegura.

Y aclara que "si dicho encargado de prensa no habilita el reportaje periodístico, no habrá entrevista; más aún, se ha llegado a la perversidad de imponer horarios impropios tales como autorizar un diálogo radial 5 o 10 minutos antes de que termine el programa, lo que indirectamente impide profundizar cualquier tema; por más importante que sea".

Sostiene que "es tal el sometimiento informativo que un supuesto dependiente (encargado de prensa) autoriza a su superior (Ministro) a hablar con el periodista, lo que demuestra que en realidad el llamado encargado de prensa no reporta al ministro del área, sino al Programa Medios, a la Jefatura de Gabinete o al Poder Ejecutivo provincial".

En este contexto hace referencia a la discriminación que existe hacia el periodista "que "investiga o busca la verdad objetiva", y destaca en este punto la violación del derecho a la igualdad previsto en el art. 24 de la Convención Americana; como así también lo estipulado en el art. 16 de la Constitución provincial y nacional.

"Llegándose al extremo de que al suscripto y en la actualidad, por expresar mi pensamiento crítico o independiente, directamente no me habilitan reportajes", consideró.

Al mismo tiempo añade que "el periodismo que acompaña las políticas oficiales" sí puede acceder a la información periodística.