Silvia Ferreyra: "El clientelismo del gobierno nacional perjudica a las víctimas de violencia de género"

Este 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres. No es una jornada de celebración, si no de reflexión y de lucha. Por eso, entrevistamos a Silvia Ferreyra. Ella es coordinadora nacional MuMalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), feminista y asesora legislativa, desde su profesión de licenciada en Gestión Ambiental.

En su análisis, Ferreyra explica que los dos principales programas que tiene el Gobierno de Fernández en materia de violencia de género son (irónicamente) incompatibles entre sí. Además, asegura que la burocracia y favoritismo hacia los municipios que son del mismo color político que el oficialismo nacional, perjudican aún más a las víctimas. Habla de cómo la pandemia agravó la crisis para las mujeres y disidencias y de las bases del machismo que buscan erradicar.

-Los programas Potenciar Trabajo y Acompañar anunciados por el Gobierno para ayudar a las víctimas de violencia de género, ¿están funcionando?

-Desde Mumalá estamos señalando algunas observaciones a esos programas que se han dispuesto a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el marco de un año complejo que nos trajo la pandemia, con una crisis sanitaria y económica muy fuerte que atraviesa a todas las familias del país. Venimos reclamando para quienes están atravesando situaciones de violencia de género, la posibilidad de contar con alguna asistencia económica directa que permita una mayor autonomía de sus agresores.

Según datos de nuestro registro de femicidios, casi el 60% de las víctimas de femicidio ha sido asesinada por su pareja o ex pareja. Y a la vez más del 60% de las víctimas han sido asesinadas en su propio hogar. Así que entendemos que la violencia machista en nuestro país tiene ése patrón; son personas del círculo íntimo de las víctimas las que cometen estos delitos.

En ese contexto, la asistencia económica ayudaría muchísimo. Ya que hay muchas ocasiones en las que agresor es el que provee el mayor ingreso en el hogar. Entonces, vimos con expectativa cuando desde el Gobierno Nacional en marzo se propuso la incorporación de las víctimas de violencia de género y personas del colectivo travesti-trans al Programa Potenciar Trabajo. Pero presentamos la lista en abril y hasta julio estuvimos sin ninguna respuesta por parte del Ministerio, sin avances.

-Pero pudieron avanzar, ¿el Gobierno les dio alguna respuesta?

- Cuando hicimos más gestiones para avanzar, nos encontramos con dificultades técnicas para poder lograr una inclusión efectiva y rápida. El programa contempla una entrevista que debe ser realizada por un/a profesional del Trabajo Social. En el marco de la pandemia esa entrevista, con un montón de distritos en cuarentena, no se puede realizar. Además, es un mecanismo revictimizante porque somete a las personas a preguntas que no tienen relación directa con los objetivos del programa. No dispone ayuda ni asistencia ni acompañamiento porque no se deriva a un equipo interdisciplinario. Así que en definitiva es una traba burocrática. Es un trámite muy engorroso...al punto que hay personas prefieren no decir que están pasando por situación de violencia de género para que sea más ágil.

-El programa Acompañar sí dispone de equipo interdisciplinario. ¿Es efectivo?

- Sí, cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario, que es lo que debe hacerse. También contempla una asistencia económica pero no es compatible con el Potenciar Trabajo. Así que aquellas personas que pasaron por la entrevista, revictimizándose, no tienen la posibilidad de contar con el programa Acompañar porque es incompatible con el Potenciar Trabajo.

-Qué ironía, parece un chiste.

-Tal cual. Además, requiere un convenio previo con cada uno de los municipios. No es automático el ingreso, tiene que haber una firma de un convenio por parte de la autoridad nacional con la provincia. Nosotras venimos reclamando medidas urgentes y vemos que estos planes todavía se implementan con una mirada muy sesgada, con burocracia y clientelismo. Porque incluso para los municipios que concuerdan políticamente con el Gobierno Nacional, todo es más rápido y de esa manera, se pone a las víctimas en el medio de todo.

- De todas formas, es bueno que exista un ministerio específico para las Mujeres y el abordaje de estas temáticas.

-Es importantísimo contar con un ministerio específico pero no está a la altura de la demanda. Es necesario ponerse porque tenemos una situación de violencia muy grave en el país; los últimos diez años con entre 200 y 300 femicidios por año. Se repite sistemáticamente y no logramos generar políticas activas que al menos mellen esas cifras. Entendemos que son problemas estructurales que no se resuelven de la noche a la mañana pero requieren de políticas activas y bien instrumentadas, que no están ocurriendo. Además, ahora por ejemplo el programa Potenciar Trabajo depende de Desarrollo Social y no del Ministerio de las Mujeres.

-Algo muy positivo de tu militancia es que siendo pro-legalización del aborto trabajes con un legislador que está en contra. ¿Cómo lo manejás?

-Entiendo que todo es parte de un aprendizaje. Nadie atraviesa un aborto feliz, entonces no se trata de promover esta práctica. Trabajamos todos los días para poder prevenir esa situación. Creo que en materia de prevención vamos a poder encontrar un marco de acuerdo inmenso, inclusive de quienes se oponen a legalizar el aborto en nuestro país. Creemos importante dar el debate, escuchar los distintos argumentos. Entendemos que se necesita avanzar con estos derechos, que el Estado tenga herramientas para que esa práctica no signifique peligro de vida o en la salud de las mujeres, como sucede actualmente con los abortos clandestinos. Aspiramos a que no existan embarazos no deseados.