Dos casos encienden la alarma sobre la libertad de prensa en Argentina
El caso del nuevo procesamiento del periodista Daniel Santoro y el cepo judicial al diario OPI Santa Cruz tras una grave acusación contra el vicegobernador de Alicia Kirchner, representan un grave avance contra la libertad de prensa.
Dos casos simultáneos de censura y persecución a periodistas, respectivamente, preocupan en torno a la libertad de prensa en Argentina. En el primero de ellos, una resolución de la jueza del menor y la familia de Caleta Olivia, en Santa Cruz, decidió impedirle al portal OPI difundir los motivos por los cuales fue procesado el vicegobernador de Alicia Kirchner, Eugenio Quiroga.
El político santacruceño pidió licencia a su cargo por 45 días y la noticia impactó de lleno cuando se supo que era para "aclarar" una causa judicial en su contra que portales periodísticos de esa provincia señalaron como de "presunto abuso", pero la Justicia impide informar las razones.
El diario OPI informó que "la víctima de todo este caso sería una hija menor transgénero que tiene el Vicegobernador, padre de tres hijos más y la denuncia ante el Juzgado Nº 2 de Caleta Olivia la habría llevado a cabo una Licenciada en Piscología de apellido Rivarola, que trabaja para la policía provincial, pero, contrariamente a lo que se está difundiendo, la profesional no atiende a la menor, sino que su hija es amiga de la hija de Quiroga y fue a través de ella que Rivarola se habría enterado de los pormenores del abuso cometido contra la niña".
Denunciado por abuso, el vicegobernador de Santa Cruz pidió 45 días de licencia
El juez federal Luis Rodríguez decidió procesar por supuesta "extorsión" al periodista de investigación Daniel Santoro, en una denuncia que presentó el despachante de aduana Daniel Traficante quien estaba al mismo tiempo acusado por maniobras de contrabando por la denominada "Mafia de los Contenedores".
"Tres días después de que la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA publicó su informe anual en el que ‘saluda la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que revocó el procesamiento del periodista Daniel Santoro', Rodríguez resolvió un nuevo procesamiento contra el periodista por ‘extorsión en grado de tentativa', vinculándolo otra vez al estafador Marcelo D'Alessio", contextualizó la organización FOPEA en un comunicado difundido tras la determinación judicial.
"FOPEA condena un nuevo abuso contra un periodista basado en la misma errónea y falaz interpretación que utilizó el juez Ramos Padilla. Ambos le adjudicaron al periodista la misma intención de extorsión que tenía su fuente. Como dijo el relator de la OEA para el procesamiento anterior, ‘los hechos atribuidos a Santoro sólo podrían encuadrarse dentro de un neutral ejercicio de su actividad profesional', los que no pueden ser considerados ‘como contribuciones directas al plan criminal'".
Por su parte, ADEPA manifestó "su preocupación por la resolución del juez federal Luis Rodríguez, quien procesó y embargó al periodista Daniel Santoro en la causa en la que se investiga el intento de extorsión de Marcelo D'Alessio al despachante de aduana Gabriel Traficante".
"Rodríguez consideró que Santoro fue ‘partícipe necesario' de la maniobra, pese a que no hay pruebas de que el periodista haya actuado con dolo o haya recibido un beneficio económico de parte del acusado. La resolución pretende utilizar una conducta incuestionable, como llamar a una persona a la que se va a mencionar en un artículo periodístico y pedirle su versión de los hechos, para atribuirle una intención reñida con la profesión", destacó la Asociación a través de su cuenta oficial de Twitter.
"Adepa reitera que no deben confundirse las conductas o los antecedentes que posean eventuales fuentes de información periodística con el trabajo que hacen los profesionales de prensa para llevar datos de interés público a conocimiento de la audiencia. El propio Santoro explicó en varias oportunidades que su tarea periodística se realizó al margen de las maniobras de D'Alessio, que él desconocía. Adepa confía en que en las siguientes instancias judiciales, prime la sana doctrina que consagra la amplia protección del trabajo periodístico como herramienta de auditoría y de la libertad de prensa como institución indispensable del sistema democrático, y espera que se revea el procesamiento al periodista", finalizó la entidad.
En el caso santacruceño, ADEPA consideró que "la decisión de la Juzgado de Familia de Caleta Oliva (SC) de prohibir 'toda publicidad, divulgación y / o difusión de las circunstancias de hecho de la causa' en la cual se investiga un presunto abuso de menores por parte del vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz constituye una medida de inaceptable censura judicial".
"La atribución del Poder Judicial de proteger la intimidad de los menores que puedan haber resultado víctimas de un hecho aberrante, no puede ser extendida al extremo de erigirse en una forma de impedir poner en conocimiento de la ciudadanía los graves delitos de los cuales se acusa a un funcionario público de la más alta jerarquía", señaló la entidad empresaria de medios de comunicación.
Y agregó: "Toda aquella prohibición judicial que vaya más allá de lo estrictamente necesario para proteger la intimidad de los niños, se transforma en un supuesto de censura previa prohibido de modo absoluto por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tanto más grave en casos en los cuales se procura silenciar información que atañe a uno de los funcionarios públicos más importantes de una provincia".
