La agenda parlamentaria que motoriza el gobierno para el segundo semestre
En la hoja de ruta se encuentran la reforma electoral, privatización de Aerolíneas Argentinas y el Correo, baja de la edad de imputabilidad y la ampliación de la Corte, entre otras iniciativas.
Con la aprobación de la Ley Bases, que demoró seis meses de incesantes negociaciones y no pocos sinsabores para el oficialismo, la Oficina del Presidente dio por concluida la primera etapa de la gestión, ordenada en el eje temático déficit cero.
Para la segunda parte del año, el Poder Ejecutivo abrirá el abanico con nuevas propuestas polirubro, que incluye por ejemplo la "ley Hojarasca", tal es el nombre pintoresco con que el ministro de Modernización Federico Sturzenegger bautizó a la iniciativa.
Ésta apunta a barrer con un centenar de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.
En el plano económico también se recorta en el horizonte una nueva ley de Hidrógeno, según reveló el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chrillo.
"Además de tener una norma estructural del RIGI y la iniciativa privada, es posible que presentemos un proyecto de ley de hidrógeno. El mismo será acotado, donde se traten temas vinculados a las normas técnicas, esquemas de certificación, H2 en redes de gas (blending), entre otros puntos", comentó el funcionario.
La Ley Bases que se aprobó después de haber pasado por una cantidad de filtros dejó afuera las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina.
De estos tres, el Gobierno tiene entre "ceja y ceja" la privatización de la aerolínea de bandera, al evaluar que es un agujero negro de gasto público y de déficit irrecuperable, además de ser búnker de gremios enquistados.
El diputado nacional del MID Oscar Zago, que es ex titular del bloque libertario, señaló que ya se están preparando proyectos de privatizaciones que se presentarían en los próximos dos meses, y que contarían con el apoyo de los bloques dialoguistas.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, también había confirmado que el Gobierno recorrería ese camino en caso de que la Ley Bases no se aprobara con el paquete completo de privatizaciones, que fue lo que ocurrió.
El tratamiento de la Ley Bases consumió todo la energía del oficialismo en el primer semestre, pero la segunda parte del año podría ser el momento para sacar a relucir las reformas "anticasta".
Si bien no se conoce la letra chica, en su momento el jefe de Estado había deslizado que se trataría de reformas en el sistema electoral sindical, la eliminación de jubilaciones de privilegio, el fin del financiamiento público de los partidos políticos y la apertura a los capitales privados y el proyecto de "ficha limpia" para evitar que funcionarios condenados puedan volver a presentarse a elecciones.
En el plano de la seguridad pública, la Cámara de Diputados ya inició el tratamiento de una batería de proyectos impulsados por la cartera que preside Patricia Bullrich.
La Ley "antimafias" propone agravar penas por delitos complejos aplicando sentencias de prisión de entre 8 a 20 años de prisión para aquellas personas que integren una organización ilícita.
Asimismo, se prevé que todos los miembros de una organización considerada criminal puedan ser penadas con la pena máxima que corresponda al mayor delito cometido por la organización.
Dentro de este paquete también se encuentran en debate la "Ley de Reiterancia", la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación criminal de delitos sexuales en el ámbito del Ministerio de Seguridad, un actualización del régimen penal para las fuerzas de seguridad en lo que refiere al cumplimiento del deber y la legítima defensa.
Por último, una modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate al narcotráfico. Esta iniciativa también tiene el impulso del ministro de Defensa, Luis Petri.
De la mano con estas iniciativas, el ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, está terminando de pulir un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Esta reforma del Régimen Penal de Minoridad es respaldado apasionadamente por Patricia Bullrich.
La decisión del Poder Ejecutivo es reflotar la reforma electoral, recuperando varios de sus lineamientos originales, como la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única.
Se dejarán de lado los aspectos que habían despertado mayor controversia como la uninominalidad de circunscripción, para no ensuciar la negociación con un tema que igualmente no va a pasar el embudo que planteará la oposición.
Ese sistema innovador, que había sido impulsado con la idea de reemplazar el sistema de representación proporcional de distribución de cargos por D'Hont, generó mucho ruido en diciembre, cuando fue presentado, porque le reducía representación electoral a las provincias con menor densidad poblacional y además afectaba a los partidos minoritarios.
Para que las modificaciones al Código Electoral puedan implementarse en las elecciones del año que viene, la iniciativa tiene que sancionarse en ambas cámaras antes de diciembre, ya que en los años electorales no se pueden implementar reformas electorales con efecto inmediato.
La reforma electoral que tiene en mente el Poder Ejecutivo puede resumirse en los siguientes puntos: eliminación de las PASO, con el argumento de que el Estado no tiene que incidir ni volcar recursos públicos para financiar las internas de los partidos políticos, boleta única y listas abiertas para que los ciudadanos tengan mayor participación en la selección de los candidatos, y bajar la edad de votación a los 13 años, igualando el criterio con la edad de imputabilidad que está proponiendo Cúneo Libarona para los menores que delinquen.
La eliminación de las PASO y la boleta única son temas que reúnen bastante consenso entre las fuerzas políticas del oficialismo y de la oposición dialoguista desde la época del macrismo, pero por una u otra cuestión nunca se pudo avanzar.
Lo que todavía no está claro en esta reforma electoral es si se mantendrá el criterio de paridad de género en la integración de las listas electorales, cuya eliminación estaba presente en la primera Ley Bases.
La novedad es que la boleta única que piensa el poder Ejecutivo se complementa con un sistema de listas abiertas, para que el votante pueda hacer uso de su creatividad y combinar candidatos de distintos partidos o incluso cambiar el orden de los candidatos.
Todavía no hay ni siquiera un esbozo de redacción, por lo que este sistema de listas abiertas no tiene aún una silueta definida, pero queda a las claras que la intención es que el ciudadano pueda hacer un popurrí con su voto, un "Elige tu propia aventura" electoral.
NA