Cornejo quiere aplicar un régimen de cancelación anticipada en viviendas del IPV
El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para poder solucionar situaciones en las que la gestión de la deuda genera más gastos que el recupero de la misma.
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar y prorrogar la norma N° 9.378 de Regularización Dominial de Viviendas y Cancelación Anticipada.
El proyecto considera créditos del IPV recibidos hasta noviembre de 2017 y propone propone un régimen de cancelación anticipada para quienes se adhieran. Además, contempla una extensión de esa normativa en su vigencia, hasta el 31 de marzo de 2026.
Según el Ejecutivo, la gestión de la deuda cuyas cuotas no se ajustan por el marco jurídico que las rige, implica mayores costos que el recupero mismo, dado que el pago mensual va entre los $30 y $5.000.
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En el proyecto se destaca que mantener esta cartera crediticia genera costos y gastos administrativos en la gestión que resulta más oneroso que lo que en definitiva se pretende cobrar. Cabe destacar que, si no se cancelan las deudas respectivas, continúa el proceso de desadjudicación de la vivienda.
Con ese panorama, el Ejecutivo dijo que busca implementar "una moratoria ante créditos que quedan desfasados en el tiempo; propiciar su escrituración como así también la regularización de aquellas viviendas que, por no contar con valor definitivo, no han podido avanzar en su escrituración y por tanto siguen figurando viviendas a nombre del IPV impidiendo el cobro del impuesto inmobiliario, entre otros aspectos".
Se tendrán en cuenta los siguientes casos:
a) Deuda mayor al 30%, descuentos que van entre el 40 y 60% según corresponda.
b) Deuda menor al 30%, quita de la misma abonando el 15% del SMVM.
c) Regularización de viviendas ante el problema de determinación del "Costo Definitivo de la Vivienda", para luego escriturar abonando el 10% del SMVM.
